Grupos defensores de los derechos humanos urgieron hoy al gobierno de Estados Unidos a que contribuya a los esfuerzos internacionales para juzgar al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad.
El Comité de Abogados por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, exhortó al gobierno de Bill Clinton a seguir los pasos de España anunciando su compromiso de investigar y juzgar a los violadores de derechos humanos que pisen suelo estadounidense.
La exhortación se produjo en reacción a la decisión el miércoles del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, que negó inmunidad como ex jefe de Estado a Pinochet, de 83 años, detenido en ese país desde el 16 de octubre.
Se trata de "un fallo histórico con consecuencias más allá de Chile", destacó Michael Posner, director ejecutivo del Comité.
El fallo abrió el camino para la posible extradición de Pinochet a España, donde sería juzgado por crímenes contra la humanidad cometidos durante su dictadura en Chile (1973-90).
"A aquellos que puedan cometer crímenes similares en el futuro, esta decisión les advierte que la inmunidad es limitada y que deberán pagar un precio por los asesinatos, la tortura y otras atrocidades cometidas", dijo Posner.
El Comité instó a Estados Unidos y otros gobiernos a ofrecer toda la ayuda posible a los fiscales españoles que llevan el caso contra Pinochet.
Según una ley estadounidense de 1994, las cortes penales federales pueden juzgar a extranjeros por actos de tortura cometidos fuera del país si están físicamente presentes en él, pero hasta ahora nunca lo han hecho.
"La amenaza de procesamiento es clave para cualquier estrategia de disuasión", y "Estados Unidos debería encabezar los esfuerzos en este sentido", dijo Posner.
Mientras, en Washington, portavoces del gobierno se limitaron a decir que, aunque se está "estudiando" la decisión de los lores británicos, la extradición de Pinochet es un asunto de Gran Bretaña, España y Chile.
Sin embargo, activistas de los derechos humanos insistieron en que los nuevos acontecimientos presentan una oportunidad para impulsar una acción judicial por el atentado que en 1976 mató en Washington al ex canciller chileno Orlando Letelier, un férreo opositor de la dictadura de Pinochet.
La secretaria de Letelier, la estadounidense Ronni Karpen Moffitt, también murió en el atentado, y el esposo de ella, que estaba en el automóvil cuando explotó la bomba, sobrevivió. Todos trabajaban en el Instituto de Estudios Políticos, un gabinete de estrategia de Washington.
"Pedimos al gobierno de Estados Unidos que entregue a la justicia española todos los documentos disponibles sobre Pinochet y plantee la cuestión de la responsabilidad del ex dictador en la muerte de Letelier y Moffitt", dijo el cofundador del Instituto, Marcus Raskin.
La decisión británica muestra que Pinochet "no está por encima de la ley y debe responder a los cargos en su contra", dijo el abogado Sam Buffone, que ayudó a ganar una demanda civil contra el gobierno chileno en representación de las familias de Letelier y Moffitt.
Estados Unidos debe "desclasificar y presentar rápidamente todas las pruebas en su poder que sean relevantes a los cargos contra el ex dictador", instó.
Estados Unidos solicitó a Italia que extradite a Turquía al separatista dirigente kurdo Abdulá Ocalan para someterlo a juicio, explicó Buffone. "El caso de Pinochet exige un tratamiento similar", afirmó.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró que "cientos" de documentos ya fueron presentados en respuesta a la solicitud de España y que Estados Unidos seguirá cooperando con la investigación española.
Pero al legislador George Miller, demócrata del estado de California, le inquieta que muchos documentos sigan sin revelarse, incluso informes de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y de la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
En una carta dirigida a la secretaria de Justicia Janet Reno esta semana, Miller pidió una "mayor receptividad" del gobierno.
Washington, sostuvo, debe facilitar a los investigadores españoles el testimonio de Michael Townley, ex agente estadounidense de la policía secreta chilena procesado por participar en el atentado contra Letelier y que luego de salir de la cárcel ingresó al programa federal de protección de testigos.
"Queda bastante claro que hay muchas personas en el gobierno que esperaban que todo esto sencillamente desapareciera", dijo Miller con respecto a la iniciativa española para juzgar a Pinochet.
"No creo que (Washington) pueda ser parte de la conspiración para seguir protegiendo a Pinochet" tras la decisión británica, agregó.
Junto con España, Francia y Suiza también solicitaron la extradición de Pinochet por los ciudadanos franceses y suizos incluidos entre los 3.197 muertos y desaparecidos durante los 17 años de la dictadura.
Otros países expresaron su apoyo a un posible juicio de Pinochet, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Internacional de Juristas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Esta situación planteó "serias interrogantes" sobre por qué Estados Unidos no se unió a otros países para solicitar la extradición de Pinochet, dijo Peter Weiss, vicepresidente del Centro de Derechos Constitucionales.
Estados Unidos tiene "un poco de vergüenza por el papel que tuvo en el golpe de Pinochet y por el continuo apoyo que le brindó, aun después de que sus crímenes se divulgaron en todo el mundo", opinó.
Otra organización de derechos humanos, el Consejo de Asuntos Hemisféricos, declaró que Washington perdió la oportunidad de pedir el juicio de un hombre que "ordenó la muerte de seis estadounidenses" entre 1973 y 1976.
"La falta de interés de Washington en este caso es sencillamente chocante, así como su falta de liderazgo moral en la totalidad del debate sobre Pinochet", agregó el Consejo. (FIN/IPS/tra-en/mk/ml-aq/ip-hd/98
