Comunidades de la selva amazónica de Ecuador reiniciaron esta semana en Estados Unidos una demanda contra la compañía petrolera Texaco por contaminar ríos y lagos cerca de sus hogares y por reducir sus fuentes de alimento.
Unos 70 habitantes de la cuenca amazónica ecuatoriana presentaron cargos contra Texaco en un tribunal federal estadounidense. Durante dos décadas de perforaciones en busca de petróleo en la Amazonia, Texaco virtió en el ambiente más de 11.340 litros de petróleo crudo, denunciaron los demandantes.
Agregaron que la contaminación de los ríos, lagos y aguas corrientes, exterminó peces y animales salvajes, que constituían su fuente de alimentación.
"Mis clientes piden a Texaco que los compense por los daños y que limpie su tierra y sus aguas", dijo a la corte Cristóbal Bonifaz, uno de los abogados que representan a los demandantes.
Si sus tácticas legales resultan exitosas, el caso sentará un precedente importante sobre grupos que demandan a compañías por daños ambientales en los países en que aquéllas tienen su sede central.
El caso lleva seis años en litigio, y rebotó del tribunal de distrito al de apelaciones, para luego volver al de distrito.
Un juez del tribunal de Nueva York rechazó el caso en 1996 alegando que debía ser tratado en Ecuador, pero su decisión fue rechazada por un panel superior de tres jueces del tribunal de apelaciones.
Después de la audiencia de esta semana, el tribunal pospuso el caso hasta el 2 de febrero de 1999, fecha en que determinará si el caso será juzgado en Estados Unidos o si será remitido a la justicia ecuatoriana.
Texaco, con su sede central en Nueva York, no opera en Ecuador desde 1992, pero quiere que su caso sea tratado allí.
"Puesto que la operación fue en Ecuador y que todos los archivos y la información están allí, creemos que el caso debería ser tratado en Ecuador. Creemos haber actuado con responsabilidad durante nuestros 26 años de trabajo en ese país", dijo a IPS la portavoz de Texaco, Faye Cox.
Durante la audiencia del martes, la embajadora de Ecuador, Ivonne Baki, presentó al juez Jed Rakoff una declaración con la posición de Ecuador sobre el caso. La corte de apelaciones había pedido que Ecuador manifestase públicamente su opinión acerca de dónde debería llevarse el caso.
Ecuador fue socio del consorcio de petróleo en el que operaba Texaco durante su estadía en ese país. Actualmente el gobierno ecuatoriano es dueño de todo el consorcio.
"El gobierno de Ecuador interpreta estos casos como litigios entre individuos privados y una corporación privada extranjera. Sin embargo, su intervención como parte es innecesaria", opinó Baki.
La declaración de Baki también decía que Ecuador no deseará "renunciar a su inmunidad soberana y estar sujeto a lo que decidan los tribunales de Estados Unidos".
Asimismo, recordó al juez que ya antes se había obtenido un acuerdo entre Ecuador, Texaco y sus compañías subsidiarias.
El 4 de mayo de 1995, la subsidiaria de Texaco, TexPet, firmó un acuerdo con el Ministro de Energía y Minas de Ecuador y otros miembros del consorcio petrolero, por el que aceptaba limpiar la contaminación de las perforaciones petroleras que habían afectado a las comunidades indígenas.
Según Cox, Texaco pagó 40 millones de dólares en costos de limpieza.
Los abogados que representan a los demandantes quieren que el caso sea tratado en Estados Unidos.
Según Bonifaz, es obvio que Texaco tiene un arreglo con el gobierno de Ecuador. "El grado de corrupción de Ecuador es muy alto. ¿Cómo podría ese país juzgar este caso en forma ecuánime, si no reconoce a mis clientes como sus ciudadanos porque muchos no saben leer y escribir?", preguntó.
"Texaco trata de evitar toda responsabilidad, que se le podría atribuir en Estados Unidos. Si no, ¿por qué le resulta tan inconveniente que el caso sea tratado en Nueva York, donde está la sede central de la compañía?", agregó Joseph Kohn, otro abogado de los demandantes.
Chris Jochnick, coordinador para América Latina del Centro por los Derechos Sociales y Económicos, dijo a IPS desde Quito que incluso si el caso se traslada a Ecuador, al menos habrá sido publicitado.
"En este momento, Ecuador no tiene presencia legal en Ecuador, por lo que la gente afectada por la contaminación ambiental no tiene motivos para responsabilizar a la compañía", dijo Jochnick. "Pero al menos Ecuador es una oportunidad para que el caso vaya a juicio".
La organización de Jochnick, que trabaja con comunidades indígenas y ambientalistas en Ecuador, envió en 1993 a un grupo de científicos de la Universidad de Harvard a documentar el daño supuestamente ocasionado por las operaciones de Texaco.
Los científicos encontraron niveles muy altos de tóxicos químicos en las corrientes de agua de la región, incluso en las fuentes de agua potable, dijo Jochnick.
Las entrevistas con líderes comunitarios, organizaciones, industrias y funcionarios de gobierno, "confirmaron una historia de prácticas imprudentes y una ausencia absoluta de reglas directrices".
"Los efectos de la contaminación son de largo plazo. Han afectado la salud, la cultura, el medio ambiente y la alimentación de alrededor de 30.000 habitantes de la cuenca amazónica", sostuvo Jochnick.
"Texaco simplemente tiró sus deshechos cuando estaba en Ecuador. Virtió alrededor de 15 millones de litros de deshechos tóxicos por día", añadió. (FIN/IPS/dk/mk/ceb-ml/en-pr/98
