El gobierno de Estados Unidos mostró actitudes contradictorias frente al caso de Abdallah Ocalan, el líder independentista kurdo reclamado por Turquía, y al de Augusto Pinochet, el ex dictador chileno pedido en extradición por España.
"Creemos que Ocalan (en libertad vigilada en Italia) debe ser extraditado y llevado ante la justicia, y esperamos que se pueda encontrar la forma de extraditarlo. No tenemos dudas de que este hombre es un terrorista", declaró James Rubin, portavoz del Departamento de Estado, expresando la posición de Washington.
Ocalan, jefe del rebelde Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en Turquía, fue detenido en Italia y puesto el viernes bajo libertad vigilada. No puede salir de Roma y debe informar a las autoridades sobre sus movimientos en la capital.
El gobierno turco pidió a Italia la extradición del dirigente del PKK, que lucha desde hace 14 años por la autonomía de los 12 millones de kurdos en el sudeste de Turquía. La constitución italiana no permite la extradición porque en Turquía existe la pena de muerte.
La afirmación de Rubin respecto de Ocalan fue respaldada el viernes por la propia secretaria de Estado, Madeleine Albright.
Tal posición contrasta con el silencio oficial respecto al pedido de España de extraditar al general Augusto Pinochet, retenido en Gran Bretaña desde el 16 de octubre a la espera de una decisión de la Cámara de los Lores.
El juez español Baltazar Garzón y organizaciones humanitarias consideran que el ex dictador chileno cometió delitos de lesa humanidad. Otros países europeos también solicitaron su extradición.
"No nos compete a nosotros decir cómo debe ser manejado por los tribunales ese pedido de extradición. Nuestra posición es que el reclamo español es algo que atañe a Chile, España y Gran Bretaña", dijo Rubin el 9 de este mes.
La actitud contradictoria del Departamento de Estado sobre ambos casos es especialmente significativa considerando que, a diferencia del PKK, Pinochet estuvo implicado al parecer en un acto terrorista en Estados Unidos y en la muerte de una ciudadana estadounidense.
"No hay dos situaciones que sean idénticas. En el caso del PKK estamos hablando de una organización actual, cuyo líder dirige operaciones terroristas en estos días. En el caso de Chile, tenemos una cuestión legal entre tres países respecto de hechos que ocurrieron en el pasado", expresó Rubin.
Esta explicación no es coherente con las afirmaciones de Albright hace dos meses, poco después de los atentados terroristas con bombas a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania.
"Debemos luchar para asegurar que tarde o temprano, de una forma u otra, los terroristas sean responsabilizados por sus delitos", dijo la secretaria de Estado en la oportunidad.
El propio presidente Bill Clinton exhortó el 21 de septiembre a los estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a "no apoyar a los terroristas, no darles santuarios, (y a) actuar juntos para fortalecer los procesos legales y de extradición".
"Si Clinton quiere demostrar que se toma en serio el terrorismo, debería asegurarse de que quienes cometieron actos terroristas en el pasado sean llevados ante la justicia", expresó el abogado Sam Buffone.
Buffone representa a las familias del ex canciller chileno Orlando Letelier y de la secretaria estadounidense de éste, Ronni Karpen Moffitt, muertos en la explosión de un coche-bomba detonado por agentes de Pinochet en Washington el 21 de septiembre de 1976 a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.
La dictadura chilena negó estar implicada, pero la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) identificó a los responsables: un ciudadano estadounidense y un capitán del ejército chileno que trabajaban para la policía secreta de Chile (DINA), y dos cubanos contratados para detonar la bomba.
Dos generales chilenos fueron enviados a prisión en 1995 por su papel en el asesinato de Letelier. Uno de ellos es Manuel Contreras, jefe de la DINA entre 1974 y 1977, quien declaró bajo juramento que Pinochet aprobó todas las acciones que él llevó a cabo.
La muerte de Letelier fue parte de una serie de asesinatos de opositores de la dictadura chilena que huyeron a América del Norte, Europa y distintas partes de América Latina tras el golpe de Estado que llevó a Pinochet al poder en septiembre de 1973.
También formó parte de la Operación Cóndor, supuestamente organizada y supervisada por Pinochet, que resultó en la desaparición de disidentes de izquierda en el Cono Sur a manos de la DINA y servicios similares en otros países de la región.
La Operación Cóndor es central en la investigación del juez Garzón, cuyo pedido de extradición llevó a la detención de Pinochet, de 82 años, hace cinco semanas en Londres, cuando se le trataba en una clínica por problemas de columna.
Garzón pidió a Washington información sobre esa operación, amparado en un tratado de asistencia legal mutua entre Estados Unidos y España. Sin embargo, el Departamento de Estado sólo le dio documentos que son de conocimiento público, dijeron fuentes con conocimiento del caso.
El juez español hizo nuevas solicitudes de documentos clasificados el mes pasado, las que serán presentadas oficialmente por España la semana próxima.
Garzón desea trasladarse a Estados Unidos a revisar esos documentos y tomar el testimonio de algunos funcionarios, si el Departamento de Justicia lo aprueba.
Esos materiales "vinculan a Pinochet directamente con actos de terrorismo internacional", se afirmó en una carta dirigida a Clinton por el representante George Miller y otros 35 congresistas estadounidenses que urgieron al gobierno a manifestarse a favor de la extradición del ex dictador chileno.
Los documentos están en poder del FBI, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos que rara vez dan a conocer información clasificada.
Washington parece hasta ahora decidido a no pronunciarse sobre el pedido español de extradición y sobre la posibilidad de que Estados Unidos solicitara la extradición de Pinochet por el caso Letelier-Moffitt, sobre el cual la justicia estadounidense tiene clara jurisdicción.
El diario The New York Times informó este mes que el Departamento de Justicia considera un posible pedido de extradición si el parlamento británico niega la solicitud española.
Un pedido de Washington en tal sentido sería legalmente menos polémico que el de España, porque hubo un acto terrorista en territorio estadounidense. Además, la demanda española se basa en doctrinas legales no tan bien establecidas, como la pretensión de jurisdicción universal en delitos de genocidio y tortura.
Pero el Departamento de Estado dijo que el posible pedido de extradición sólo se discutió a niveles inferiores, y negó que Washington considere proceder en tal sentido.
Mientras tanto, el abogado Buffone aún espera una respuesta a su pedido de reunirse con Albright y la fiscal general Janet Reno para discutir la política de Estados Unidos respecto del terrorismo y Pinochet.
En 1980, Buffone ganó un juicio civil por tres millones de dólares contra el gobierno de Pinochet en representación de las familias de Letelier y Moffitt. (FIN/IPS/tra-en/jl/di/ip/98
