El diario oficialista Granma asumió hoy la función de proteger a los consumidores en Cuba, ante la falta de una ley al respecto y tras constatar graves contravenciones en el peso de los productos en los mercados agropecuarios.
Estos mercados, creados en el contexto de las reformas dirigidas para sacar al país de la crisis iniciada hace ocho años, se rigen por la ley de libre oferta y demanda, con precios en muchos casos prohibitivos para buena parte de los 11 millones de habitantes de la isla.
Los precios van desde dos pesos por una pequeña cabeza de ajo, más de 10 la libra (460 gramos) de frijoles, otros 10 por unas cuatro o cinco cebollas muy chiquitas y hasta 50 pesos el kilo de carne de cerdo.
El peso cubano equivale a un dólar al cambio oficial, pero en las casas de cambio la paridad es 20 por dólar. El salario medio de la población es de 200 pesos mensuales.
Junto con la red de tiendas en divisa de libre conversión, los agromercados ofrecen la posibilidad de completar la canasta familiar, insuficientemente cubierta por el llamado sistema de productos normados.
Este último régimen, con precios subsidiados por el Estado, fue hasta inicios de los años 80 el único existente en Cuba y, aunque no alcanza a cubrir todas las necesidades, se conserva con el fin de no afectar a las personas de menores recursos, según las autoridades.
A los altos precios de los agromercados se añade el engaño de que es objeto el cliente cuando el comerciante modifica las pesas de la balanza para aumentar sus ganancias, ya de por sí altas a pesar de los impuestos que debe pagar para ejercer el oficio.
La investigación se circunscribe a La Habana, donde existen alrededor de 50 agromercados que surten de toda clase de productos agrícolas, carnes (excepto de vacuno, monopolizada por el Estado) y granos y son atendidos generalmente por un representante del productor.
Según el reportaje que ocupa una de las ocho páginas de Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba, "la alteración en el peso de las mercancías" en esos establecimientos "constituye problema real y palpable".
"Si en cada libra una pesa se 'equivoca' apenas en 2 onzas (57,7 gramos), cada ocho compradores habrá una 'libra fantasma' en favor del vendedor, cuyo importe no será contabilizado a la hora de los impuestos ni aparecerá en la canasta familiar de los consumidores engañados", se quejó el autor de la nota.
Las multas aplicadas a los infractores rondan los 100 pesos, aunque en el caso de los vendedores de productos cárnicos la sanción puede implicar, desde julio, el retiro del carné de representante y la prohibición de instalarse en cualquier otra unidad comercial.
El código penal (artículo 227) establece penas de seis meses a dos años de cárcel o "multa de 300 a 1.000 cuotas (pesos cubanos) al que venda o ponga a la venta al público artículos incompletos en su composición o peso".
Pero en la práctica "ningún inspector de Precios o Finanzas o de Comercio y Gastronomía utilizan esa vía legal" que, sin embargo, se puede utilizar "siempre que la trascendencia, la gravedad, la reiteración o la magnitud de los hechos ilícitos así lo ameriten".
Granma se pronunció por un mayor rigor en la legislación y un aumento de los inspectores facultados para su aplicación, cuyo trabajo suele verse entorpecido por la carencia de un transporte adecuado, según el reportaje.
El periódico expuso detalles de cómo los consumidores pueden ser engañados en las pesas y cómo defenderse de la estafa. El listado comienza por recordar que en cada agromercado hay una balanza en la cual, de manera gratuita, se puede comprobar el peso exacto.
Granma aclaró además que el trabajo periodístico no pretende la "solución inmediata de tan complejo problema porque sería una quimera".
"Pero sí ayudar a formar conciencia del fenómeno, alertar a la opinión pública sobre el modo de operar los transgresores de la legalidad y cómo defenderse de sus prácticas, así como el alcance de las disposiciones legales contra tales sujetos", subraya.
El semanario Juventud Rebelde reveló hace unos meses casos de estafas a los clientes, reportados en la red estatal de venta en moneda libremente convertible.
Según fuentes oficiales, una comisión que incluye a varias instituciones trabaja actualmente en un proyecto de ley de Protección de los Consumidores para presentar en su momento en el Parlamento cubano. (FIN/IPS/pg/mj/if/98
