La Asamblea Legislativa de Costa Rica debatirá el fin de los monopolios estatales de los seguros y las telecomunicaciones a partir de este martes.
El Poder Ejecutivo enviará desde ese día, cuando comenzará el período extraordinario de sesiones, varios proyectos de ley entre los que figura la apertura de ambos mercados para permitir la participación privada en ambas actividades.
Los proyectos se redactaron al término de un polémico proceso de concertación convocado por el presidente Miguel Angel Rodríguez desde su llegada al gobierno, el 8 de mayo.
Rodríguez consideraba esencial que el país tomara decisiones sobre la forma más conveniente de avanzar hacia el libre mercado, en momentos en que el resto de los Estados de América Central ya vendieron o están en proceso de vender sus principales empresas de telecomunicaciones y electricidad, entre otras.
Sindicatos, partidos políticos, empresarios, universidades, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad civil fueron convocadas a un Foro Nacional de Concertación en procura de soluciones a los principales problemas, pero este organismo no obtuvo consenso en materia de telecomunicaciones ni seguros.
El gobierno de Rodríguez preparó, sin embargo, los proyectos de ley de desmonopolización alegando que ambos alcanzaron más de 75 por ciento de apoyo en el Foro.
El gobierno propone el traspaso de la cartera de seguros comerciales a una corporación de nombre Seguros de Costa Rica Sociedad Anónima, de la cual 40 por ciento de las acciones se venderían a un socio estratégico, que deberá incorporar nueva tecnología.
Veinte por ciento de las acciones se traspasará a un fideicomiso cuyos beneficios favorecerán al régimen no contributivo de pensiones (que favorece a ancianos y minusválidos, entre otros), que administra la estatal Caja Costarricense del Seguro Social.
Otro 20 por ciento se traspasará al régimen de capitalización de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y el restante 20 por ciento se pondrá a la venta para los empleados del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del público en general, a través del mercado bursátil.
El INS, como institución del Estado, seguirá administrando el seguro de riesgos del trabajo, en condición de monopolio, y el del cuerpo de bomberos.
El proyecto contempla la creación de la Superintendencia de Seguros, encargada de fiscalizar el funcionamiento del mercado.
Estas reformas, según fuentes de la Presidencia, le darán al país una regulación moderna del mercado de seguros, así como una estructura competitiva, y permitirá capitalizar dos regímenes de pensiones.
En cuanto a las telecomunicaciones, el proyecto propone una apertura gradual del sector para terminar definitivamente, en enero del 2002, con uno de los monopolios estatales más celosamente guardados durante décadas.
La apertura se iniciaría inmediatamente después de aprobada la ley, cuando el Estado permitirá la libre competencia de servicios de valor agregado, como transmisión de datos y acceso a la red mundial Internet.
En junio del 2000 se prevé la concesión de dos bandas de servicios de comunicación personal y en enero del 2001 se entregaría al sector privado el servicio de reventa del tráfico sin infraestructura propia y una banda celular.
En julio del año 2001 se trasladará el servicio de telefonía internacional y en enero del 2002 se concretará la apertura total, con un régimen de libre competencia.
Aún no se han determinado los montos que cobrará el Estado por la concesión de los seguros comerciales o los servicios de telecomunicaciones. (FIN/IPS/mso/mj/if dv/98
