Defensores de un "desarrollo justo y sostenible" propusieron en la capital de Estados Unidos un "Acuerdo Popular Hemisférico" para contrarrestar las propuestas oficiales del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Activistas y académicos difundieron en Washington un reporte con el que esperan persuadir a los partidarios del ALCA de que "el comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sostenible".
De lo contrario, la integración económica seguirá "un modelo neoliberal que fue un desastre para la mayoría de los pueblos del hemisferio", dijo el trabajo titulado Alternativas para las Américas.
"No se trata tanto de una elección entre economías abiertas y cerradas sino de asegurar que la sociedad cumpla un papel en la toma de decisiones", dijo Alberto Arroyo, profesor de economía de la Universidad Metropolitana Autónoma de México.
El ALCA entraría en vigor el año 2005 y crearía un mercado común compuesto por los 34 países entre Cabo Hornos y el Mar Artico.
El actual comité de la sociedad civil del ALCA fue hasta ahora "poco más que un lugar al que las organizaciones de base pueden enviar sus comentarios", indicó Patty Barrera, del grupo canadiense Fronteras Comunes.
Además de esa organización, auspician el informe la Red Chile por una Iniciativa de los Pueblos (Rechip), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), la estadounidense Alianza para un Comercio Responsable y la Red quebecuá para la integración continental.
Para los 34 gobiernos participantes, el ALCA es principalmente "un instrumento de acceso a mercados y de integración regional", expresó Peter Allgeier, representante asociado de comercio de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental.
El informe reconoce ese hecho, pero urge a que el acceso a productos e inversiones extranjeros no tenga más privilegios que los planes nacionales de desarrollo, especialmente en los países en desarrollo de la región.
"La reducción de aranceles debe ir acompañada de programas para asegurar que las industrias domésticas adquieran competitividad durante la transición", y la eliminación de aranceles debe "reflejar intereses sociales legítimos en lugar de protecciones para compañías específicas", dice el documento.
También postula "una agenda común en materia de derechos humanos" para que todos los acuerdos hemisféricos contemplen derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. y protejan los intereses de las poblaciones indígenas.
Los acuerdos hemisféricos deben permitir a los gobiernos canalizar la inversión hacia actividades económicas sustentables desde el punto de vista ambiental y permitir los reclamos de unos a otros por buscar ventajas comerciales "a expensas de esa sustentabilidad".
Los pactos deben respetar los derechos de los trabajadores, principalmente el de formar sindicatos, y "asegurar la asistencia adecuada para ajustarse a medida que se abren los mercados". Los acuerdos deben reconocer y proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Se deben gravar las transacciones de cambio de moneda extranjera y destinar lo recaudado a planes de desarrollo. Se debe permitir a los gobiernos limitar la volatilidad de los flujos de capitales, dirigirlos a inversiones directas y productivas, y demandar a quienes violen las reglas de inversión.
Los regímenes de derechos de propiedad intelectual deben impedir que los intereses de las corporaciones socaven el derecho al sustento de los agricultores, artistas y trabajadores de la cultura.
Se debe permitir a los países asegurar su provisión de alimentos mediante la protección de sus alimentos básicos de los acuerdos comerciales.
Los costos ambientales de la actividad económica deben distribuirse proporcionalmente, y el peso mayor de los mismos debe recaer sobre las naciones ricas, que "ocupan un espacio ambiental exagerado" debido al consumo excesivo, sostuvo Arroyo.
Los países deben fijar plazos específicos para graduar el comercio de productos dañinos para el ambiente y mientras tanto imponer aranceles que desalienten su uso, agregó.
Los derechos de los trabajadores deben ser parte central de los acuerdos comerciales y no estar relegados a pactos laterales, "de manera de asegurar que el comercio contribuya a la mejora del nivel de vida", dijo Marcelo Sereno, de la Central Unica de Trabajadores de Brasil.
Gobiernos y dirigentes empresariales sostuvieron que las demandas de los sindicatos de trabajadores socavan la posibilidad de conseguir mano de obra barata, un elemento que consideran central para lograr la competitividad.
Sereno sostuvo, en cambio, que dada la diferencia en los niveles de ingreso entre los países ricos y pobres se pueden alcanzar mejoras salariales sin afectar la competitividad.
No considerar el bienestar de los trabajadores amenaza los planes de globalización económica, dijo el economista canadiense John Dillon, autor de "Cambiando la marea: enfrentando a los comerciantes de dinero".
La noción de que Estados Unidos actúa como gran consumidor, importando enormes cantidades para contrarrestar la recesión global y salvar el modelo económico reinante basado en las exportaciones "no es una solución sostenible", agregó.
Tal idea no es realista y puede empeorar las consecuencias ambientales del consumo excesivo por parte de los sectores pudientes de los países más ricos. Los planes económicos pueden recibir un impulso más significativo si se alivia el peso del endeudamiento, arguyó.
Una opción puede consistir en ofrecer mayores facilidades respecto al endeudamiento a los países de ingresos medios para estimular su consumo, opinó Dillon. Esto implicaría ir más allá de la iniciativa para los países pobres altamente endeudados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. (FIN/IPS/tra- en/di/ag/dv-if/98
