Las rebeldes FARC exigieron hoy al gobierno de Colombia el retiro de un último contingente de soldados de la zona de distensión creada para el diálogo entre la dos partes y aseguraron que también hay paramilitares en el área.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no aceptaron la permanencia de 140 soldados del Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán, el principal municipio de la zona de distensión, que según el ejército desempeñan tareas administrativas.
Los insurgentes izquierdistas afirmaron que la presencia de esos soldados armados viola el compromiso gubernamental de completar este sábado el retiro de toda fuerza militar de cinco municipios del sudeste, para comenzar el diálogo de paz.
Así mismo, las FARC reiteraron la denuncia realizada el 20 de octubre por su jefe, Manuel Marulanda, quien señaló la presencia en el área de distensión de presuntos paramilitares que intentarían sabotear el proceso de paz.
El comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, quien presidió formalmente esta sábado la habilitación de la zona desmilitarizada, aseguró que el gobierno investigará la denuncia de los rebeldes.
Ricardo informó que el caso será investigado por una comisión especial de acompañamiento, integrada por personalidades colombianas y de gobiernos amigos y con experiencia en otros procesos de pacificación en el mundo.
Entre quienes integrarían la comisión de acompañamiento se cuentan Guillermo Carvajal, presidente del Partido Revolucionario Institucional, de México, y los colombianos Juan Uribe, del gobernante Partido Conservador, y Juan Santos, del partido Liberal.
Esos comisionados y otros, que aún no fueron designados, deberán ser avalados también por las FARC y cada parte tendrá rá también su propia comisión de verificación del repliegue militar.
Ricardo pidió a la guerrilla y a la opinión pública "confianza en los resultados del proceso de reconciliación que se busca".
El gobierno pactó con las FARC el retiro total del ejército por 90 días de un área de cerca de 43.000 kilómetros cuadrados que comprende los municipios de La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y La Macarena, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá, para la negociación de la paz.
El presidente Andrés Pastrana y Marulanda no participaron de la ceremonia de habilitación de la zona de distensión, pese a que la presencia de amboas era aguardada en San Vicente del Caguán.
La ceremonia comenzó con una misa, en la que los habitantes de la localidad oraron para pedir el fin del conflicto.
Seguidamente, en un emotivo discurso de apertura, el alcalde de San Vicente, Omar García, dió la bienvenida al gobierno y a las FARC y ofreció total colaboración para el proceso, que calificó de "inédito".
El gobernador del departamento de Caquetá, Luis Serrano, quien también participó en la ceremonia de habilitación, pidió a la guerrilla que libere a los secuestrados como un gesto de buena voluntad para el inicio del diálogo.
Serrano también instó al gobierno a buscar métodos alternativos para la destrucción de cultivos ilícitos de coca, de modo de no afectar a los pequeños campesinos.
Cerca de 10.000 hectáreas de los cinco municipios escogidos para el reliegue militar están dedicadas al cultivo de coca, según la policía.
Las autoridades civiles, que a partir de éste sábado tendrán a su cargo la seguridad en los cinco municipios, reportaron normalidad en materia de orden público 12 horas después del retiro de las tropas.
El único caso que debió ser atendido por las autoridades fue la ocupación por parte de 60 familias sin techo de un predio privado en San Vicente del Caguán.
Las normas de orden público para los cinco municipios están contenidas en un "manual de comportamiento ciudadano" redactado por las FARC, informó la radioemisora Caracol.
El manual prohibe la prostitución, restringe el horario para los centros de diversión, para el tránsito de vehículos por las noches y para el porte de armas, y excluye la presencia de menores de 15 años en los centros nocturnos.
La decisión de repliegue militar para el inicio del diálogo entre el gobierno y las FARC obtuvo amplia aceptación de la opinión pública, pero fue rechazada por el presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, Fernando Vargas.
El retiro del ejército dejó "en el desamparo" a los 100.000 habitantes de los cinco municipios, declaró Vargas.
Agregó que está de acuerdo con el diálogo de paz, aunque "siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de civiles y no se ceda la soberanía de una parte del territorio nacional".
A partir de este sábado, el gobierno y la guerrilla contarán con 90 días para reunirse en la zona de distensión y acordar la agenda de negociación de la paz. (FIN/IPS/yf/ff/ip/98
