Las medidas extraordinarias tomadas por el gobierno de Colombia ante la crisis del sector financiero, entre ellos un nuevo impuesto a las transacciones, polarizó hoy las opiniones de sindicalistas, empresarios y expertos.
Analistas y sindicalistas consideraron que las medidas son inaceptables, pues carga el peso de la recuperación bancaria sobre las espaldas de los ahorristas, mientras portavoces empresariales afirmaron que la declaración del estado de excepción era necesaria.
El Consejo de Ministros declaró por espacio de tres horas este lunes el estado de emergencia económica, uno de los niveles del estado de excepción, para permitir al presidente Andrés Pastrana la adopción de una serie de medidas orientadas a prevenir la crisis financiera.
Entre los decretos figura la fijación de una tasa de dos por 1.000 a las operaciones del sector financiero, con el fin de recaudar 1.500 millones de dólares que se destinarán al fortalecimiento del Fondo de Garantía de Instituciones Financieras.
Este fondo actúa como una compañía de seguros y amparar hasta 80 por ciento del valor de los depósitos de las entidades financieras.
El impuesto a las transacciones, la medida más controversial, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999.
El nuevo impuesto se cobra desde este martes por cada retiro que el usuario de una institución financiera haga con cheque o tarjeta electrónica.
Héctor Fajardo, secretario ejecutivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal de Colombia, dijo a IPS que los sindicatos esperaban hacía varias semanas una decisión como la adoptada por el gobierno.
En opinión de Fajardo, los pobres y la clase media "no tienen por qué pagar la crisis de los banqueros, que cuando tuvieron grandes utilidades se las guardaron en sus bolsillos".
Para el secretario de la CUT, la crisis actual se generó por las altas tasas de interés que cobraban los bancos y la política de apertura económica favorecida por los tres gobiernos anteriores y apoyada por el de Andrés Pastrana, que comenzó el 7 de agosto.
Wilson Borja, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado, indió al referirse al impuesto bancario que "es inaceptable que los colombianos en general tengan que pagar" por una crisis que "fue propiciada por el manejo especulativo de los bancos".
El analista Eduardo Sarmiento, ex decano de la Facultad de Economía de la privada Universidad de los Andes, señaló que con el impuesto a las transacciones los bancos están "privatizando las ganancias y socializando sus pérdidas"
Entre enero y agosto de 1997, el sector financiero reportó utilidades por 417 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 1998 las pérdidas reportadas llegan a 44 millones.
Así mismo, el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, afirmó que la medida es antitécnica, porque "si la gente ve que le colocan un impuesto de este tipo (transacciones bancarias), volverá a la vieja cultura de guardar el dinero en casa".
El presidente Pastrana afirmó el lunes que para la adopción del plan de rescate bancario el gobierno tuvo en cuenta el desmesurado aumento de la cartera vencida que presenta el sistema financiero.
Las cifras de la Superintendencia Bancaria (que controla al sector) indican que la cartera vencida total es de 1.500 millones de dólares, cerca del 10 por ciento del total de deudas.
Así mismo, el informe de la Superintendencia indica que 70 de cerca de 121 instituciones financieras del país reportaron pérdidas en los primeros nueve meses de este año.
Según el ministro de Hacienda, Juan Restrepo, con las medidas adoptadas el gobierno evitó "una catástrofe financiera".
En opinión del funcionario, la medida tiene una función preventiva y el propósito es evitar que el preocupante deterioro que presentan los indicadores del sector se acentúen.
Para Restrepo, "la peor experiencia" es la que han sufrido países como México y Venezuela y los asiáticos, "que dejaron salir de control la crisis financiera", lo que les terminó costando hasta 16 puntos del producto interno bruto.
Pero el abogado constitucionalista Héctor Charry indicó que la pregunta que hay que hacer es si la declaración de emergencia económica llena los requisitos exigidos por la Constitución.
Los estados de excepción considerados en el artículo 121 la Constitución promulgada en 1991 señala que el gobierno puede decretar la emergencia económica "cuando sobrevenga un hecho que perturbe o amenace perturbar el orden económico del país" o que constituya una grave calamidad pública.
Según el experto, es posible que en el caso estudiado se esté frente a "hechos que existían, que eran previsibles" y que se debían manejar con los instrumentos jurídicos existentes.
Charry consideró que existe un alto riesgo de que la Corte Constitucional, que debe estudiar en un término de 40 días la legalidad de la declaratoria, no dé el visto bueno.
Mediante la declaración de la emergencia el gobierno aprobó también el perdón de los intereses de mora a los deudores de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y préstamos blandos para que paguen sus deudas.
El gobierno pagará 316 dólares a los cuentahabientes de las cooperativas de ahorro que entraron en liquidación a causa de la crisis financiera y que ganen menos de dos salarios mínimos (260 dólares mensuales).
Armando Montenegro, presidente de la Asociación de Instituciones Financieras, indicó que las medidas son adecuadas, "sobre todo para aliviar la carga a los deudores".
Gustavo Tobón, presidente de la Federación de Empresas Metalmecánicas, señaló que las medidas tienen contenido social, porque devolverán la confianza en el sector cooperativo y reactivarán la construcción.
Las última vez que el gobierno decretó la emergencia económica para aliviar una crisis del sector financiero fue en 1982, cuando fueron nacionalizados cuatro instituciones financieras, pero algunos expertos consideran que la situación actual es menos complicada porque el sector tiene mayor respaldo patrimonial. (FIN/IPS/yf/mj/if/98
