Los obispos católicos de Colombia y la Defensoría del Pueblo pidieron hoy al rebelde ELN que pague los daños causados a la comunidad con el atentado a un oleoducto, que causó 70 muertos y más de 100 heridos.
El reconocimiento del ELN (Ejército de Liberación Nacional) de su responsabilidad en la voladura del Oleoducto Central es "valiosísimo", pero el siguiente paso debe ser compensar a la comunidad por los daños causados, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal (que reúne a cerca de 80 obispos), Alberto Giraldo, afirmó que
Nicolás Rodríguez, de la cúpula del ELN, el segundo grupo insurgente de Colombia, calificó el miércoles de "error grave" haber dinamitado el 18 de octubre un tramo del Oleoducto Central a la altura de la localidad de Machuca, en el noroccidental departamento de Antioquia.
Rodriguez, conocido también como "Gabino", explicó que los ejecutores del atentado "no midieron correctamente el peligro que representaba esa acción para la población". El incendio causado por la explosión alcanzó a los habitantes de Machuca.
El jefe insurgente también aseguró que serán sancionados los autores del atentado e incluso los guerrilleros que responsabilizaron falsamente al Ejército del incendio.
La declaración de Rodríguez fue interpretada por Giraldo como un paso positivo para la recuperación de la credibilidad que el ELN había logrado al anunciar que negociará la paz con el gobierno de Andrés Pastrana.
Así mismo, el defensor del pueblo, Germán Castro, indicó que tras haber reconocido su error, el ELN debe suspender todo ataque a los oleoductos, que no le dan ninguna ventaja militar y afectan directamente a la población.
Castro destacó que los 1.700 habitantes de Machuca sufrieron las consecuencias de la voladura del oleoducto, ya que los sobrevievientes debieron abandonar el lugar en llamas y más de 50 por ciento de las víctimas fueron menores de edad.
La Defensoría del Pueblo había concluído el 30 de octubre, tras investigar el episodio, que el ELN era el responsable "material y político de la tragedia de Machuca" y eximió al Ejército de toda responsabilidad.
El ataque a Machuca fue "cobarde, negligente y una clara violación al derecho Internacional Humanitario", dijo Castro.
El Ministro de Justicia, Néstor Martínez, informó que el gobierno considera las declaraciones de Rodríguez, para continuar los contactos con el ELN.
El gobierno había anunciado que, pese al ataque, el proceso de paz con el ELN no se suspendería, pero en las dos últimas semanas no hubo nueva comunicación entre las partes.
El ELN envió delegados en julio a una reunión por la paz en Colombia organizada en Alemania por la Iglesia Católica y organizaciones sociales colombianas. El acuerdo suscripto, llamado de la Puerta del Cielo, por el lugar en que se discutió, propone la instalación de una convención nacional.
Un miembro del comité preparatorio de la convención que pidió el anonimato dijo este viernes a IPS que el pronunciamiento de Rodríguez contribuye a reanudar la organización de un encuentro de los guerrilleros con la sociedad civil, programado para febrero.
El comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, envió una carta a Rodríguez en la que le pidió "respetar la vida y los derechos fundamentales de los responsables" del atentado y la entrega de éstos a la justicia.
Para el ex asesor presidencial para la paz, Alfredo Molano, la declaración de Rodríguez indica que el ELN "está abierto y sensible a las onbservaciones, intereses y conceptos" que ha expresado la sociedad civil en el proceso de paz en ciernes.
Según Molano, la actitud del ELN en el caso de Machuca significa un cambio "histórico radical", ya que el comunicado respondió a "una demanda de la comunidad".
Alejo Vargas, investigador de la estatal Universidad Nacional, opinó que el reconocimiento de culpas del ELN demuestra que "la guerrilla está asumiento el costo político de su actuación".
Mientras, el senador Amilkar Acosta, del opositor Partido Liberal, exigió denunciar el atentado cometido por el ELN ante los organismos internacionales, por tratarse de un hecho violatorio del derecho internacional humanitario. (FIN/IPS/yf/ff/ip/98