La oposición derechista pidió hoy al presidente de Chile, Eduardo Frei, que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), mientras crece la tensión en medios políticos y militares por la suerte del ex dictador Augusto Pinochet.
Los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional se hicieron eco así de un acuerdo adoptado este viernes por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía de Carabineros.
Los mandos militares y la derecha consideran un grave daño a la soberanía chilena la decisión tomada este viernes por el Consejo de Ministros de España de dar curso al pedido judicial de extradición de Pinochet, actualmente retenido en Londres.
Los uniformados formalizarán el lunes la solicitud de convocatoria del Cosena, que está encabezado por Frei e integrado también por los cuatro comandantes castrenses, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema de Justicia y el Contralor General de la Nación.
La tensión por la suerte del general retirado y actual senador vitalicio afectó también a la oficialista Concertación por la Democracia, que suspendió un acto por los derechos humanos previsto para este domingo en Santiago.
La marcha atrás en el acto "Por la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos" coincidió en las últimas horas del viernes con persistentes rumores de acuartelamiento de tropas, desmentidos por el propio alto mando del Ejército.
El lunes se inicia una semana decisiva para el ex dictador (1973-1990), ya que la Cámara de los Lores de Gran Bretaña debe pronunciarse sobre la "inmunidad soberana" que el Tribunal Superior de Londres reconoció a Pinochet el 28 de octubre.
Si los Lores ratifican el fallo del Tribunal Superior, Pinochet, que convalece de una operación de una hernia discal y está próximo a cumplir 83 años, podrá regresar a este país en un avión que la Fuerza Aérea chilena mantiene en un aeropuerto londidense.
En cambio, si se le revoca la inmunidad, Pinochet quedará expuesto a la extradición a España e incluso a ser juzgado por los tribunales de otros países de Europa, incluyendo Gran Bretaña, en que se presentaron demandas en su contra.
El ex dictador está acusado en España de crímenes de lesa humanidad, con cargos de genocidio y terrorismo internacional de Estado, en una causa que instruye el juez Baltasar Garzón y afecta también a la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Garzón solicitó a la justicia británica la detención de Pinochet, que agentes de Scotland Yard materializaron en la medianoche del 16 de octubre, con lo cual se desató la mayor crisis política y diplomática de la transición chilena.
En este país de 15 millones de habitantes afloraron las divisiones dejadas por la dictadura y las heridas por la impunidad que favorece a los responsables de 3.190 crímenes contra los derechos humanos cometidos bajo el régimen de Pinochet.
La posición de Frei, de defender al ex dictador y senador vitalicio con argumentos de inmunidad diplomática y de incompetencia de tribunales extranjeros para juzgarlo, es resistida en la coalición de gobierno.
Los partidos Socialista (PS), Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, y sectores de la propia Democracia Cristiana (DC) de Frei, suscriben la tesis de la defensa judicial internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, los dirigentes de los cuatro partidos coincidieron el viernes en anular la convocatoria al acto de masas del domingo, en el que se pretendía echar bases para la búsqueda de una solución nacional a los problemas pendientes de derechos humanos.
La manifestación fue también prohibida por el intendente (representante gubernamental) de la Región Metropolitana, Ernesto Velasco, por instrucciones del ministro del Interior, Sergio Troncoso.
El viceministro del Interior, Belisario Velasco, justificó la prohibición, señalando que, según sus informaciones, "elementos extremistas de ultraizquierda y ultraderecha pretenden alterar en forma grave (durante el acto) la seguridad de las personas y el orden público".
Ese argumento fue desechado por parlamentarios de los cuatro partidos convocantes de la manifestación. El diputado Gabriel Ascencio, de la DC, acusó al gobierno y a los dirigentes de la coalición de "vivir bajo el temor y contagiar este miedo a todo el país".
La situación más complicada se presenta en el PS, donde existen fuertes críticas a las gestiones y declaraciones en defensa de Pinochet del canciller José Miguel Insulza, militante de ese partido.
Una delegación de diputados del PS, acompañada de juristas y dirigentes humanitarios, se encuentra en Europa para apoyar los cargos contra el ex dictador y promover el rechazo de su inmunidad en la Cámara de los Lores.
Desde los partidos de derecha y círculos militares se lanzaron impugnaciones al PS, acusando a ese partido de "romper la unidad nacional" y favorecer así "los atropellos a la soberanía producidos en España e Inglaterra".
Los socialistas convocaron este sábado un pleno extraordinario de su Comité Central para analizar tanto su situación interna como la crisis provocada por la detención en Europa de Pinochet. (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/98
