El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, respaldó hoy en esta capital el rechazo del gobierno de Chile al juzgamiento extraterritorial del ex dictador Augusto Pinochet.
A su vez, la organización internacional Human Rights Watch, señaló también en Santiago, a través de su director ejecutivo para América, José Miguel Vivanco, que los crímenes de lesa humanidad pueden y deben ser juzgados internacionalmente.
Gaviria aludió al asunto tras participar en un encuentro en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en tanto Vivanco hizo declaraciones a la prensa luego de reunirse con el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán.
Ambos pronunciamientos reflejan el conflicto judicial en torno a Pinochet, retenido desde el 16 de octubre en Londres por pedido del juez español Baltasar Garzón, quien investiga cargos contra el ex dictador por genocidio y terrorismo internacional.
La suerte de Pinochet continúa en suspenso, ya que la Cámara de los Lores postergó, para este jueves o el lunes, su dictamen sobre la ratificación o revocatoria de la inmunidad que el Tribunal Superior de Londres le reconoció el 28 de octubre.
Si los lores reconocen inmunidad al general retirado de casi 83 años, éste podría regresar a Chile, pero si se la niegan, quedará expuesto a ser enviado a España, donde se tramita un pedido de extradición.
El gobierno chileno plantea, con el apoyo de la cúpula dirigente de su Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la oposición derechista, que el ex dictador viajó a Gran Bretaña protegido por inmunidad diplomática.
El presidente Eduardo Frei y su ministro de Relaciones Exteriores, el socialista José Miguel Insulza, sostienen igualmente la tesis de que ni España ni ningún otro país tiene competencia para juzgar en sus tribunales a acusados por delitos cometidos en Chile.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional de España rechazó esa posición el viernes en un fallo histórico, basado en recomendaciones de Naciones Unidas sobre la justicia internacional para los criminales de lesa humanidad.
Gaviria reiteró declaraciones anteriores hechas en Chile, en el sentido de que el caso Pinochet debería resolverse "con estricto apego al derecho internacional".
En ese sentido, el secretario general de la OEA y ex presidente de Colombia acotó ahora que el derecho internacional no acepta la "extraterritorialidad" de la justicia y apoyó por tanto la posición de Frei.
El director ejecutivo de Human Rights Watch suscribió en cambio la posición de que las violaciones de derechos humanos constituyen delitos pasibles de juzgamiento inernacional cuando no existen condiciones para hacer justicia en el país donde se cometieron.
Vivanco, que también se reunió este miércoles con el canciller Insulza, exhortó a los chilenos a remediar las situaciones pendientes en el país por la falta de justicia en las violaciones de derechos humanos.
Durante la dictadura de Pinochet, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, se cometieron 3.190 crímenes represivos, entre asesinatos políticos y desapariciones forzadas, de acuerdo con casos documentados judicialmente.
Cuatro diputados del cogobernante Partido Por la Democracia se entrevistaron este miércoles con el juez Juan Guzmán, que instruye 11 querellas contra Pinochet, para manifestarle su deseo de que el ex dictador sea juzgado en Chile.
Los parlamentarios señalaron que para los efectos de procesar a Pinochet deben predominar los acuerdos internacionales suscriptos por el Estado chileno, como los Tratados de Ginebra, por sobre la ley de amnistía que la dictadura expidió en 1978.
Los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda apoyan el juzgamiento de Pinochet en España y las acusaciones en su contra desde otros países europeos, aduciendo que el veterano general goza de impunidad en Chile.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos se sumó a la vigilia internacional para pedir que la Cámara de los Lores retire la inmunidad al ex dictador y posibilite así su extradición a España.
Los partidarios de Pinochet convocaron igualmente a movilizaciones y vigilias de apoyo a Pinochet y en rechazo a los que califican de "actos de colonialismo" de España y otros países europeos que quieren juzgarlo. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/98
