El gobierno de Chile resaltó hoy la normalidad que reina en el Ejército, pese a la crisis en torno al ex dictador Augusto Pinochet, y luego de que el presidente Eduardo Frei aprobara el ascenso de un oficial implicado en graves violaciones de derechos humanos.
El ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, subrayó que la principal rama de las Fuerzas Armadas no está en estado de alerta, como afirmaron versiones de prensa difundidas durante el último fin de semana.
Guzmán destacó igualmente la normalidad con que concluyó este lunes la conformación del nuevo alto mando, que incluyó el ascenso a mayor general del coronel Sergio Espinoza Davies, involucrado en el fusilamiento de presos políticos en 1973.
Frei aprobó la promoción de Espinoza Davies, con lo cual se anticipó a cerrar un posible foco de dificultades con el Ejército, inquieto por la suerte de Pinochet, retenido desde el 16 de octubre en Londres.
El ex dictador (1973-1990) fue comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de este año, fecha en que se acogió a retiro para jurar al día siguiente como senador vitalicio según una controvertida norma de la Constitución que él mismo expidió en 1980.
Pinochet fue arrestado en Londres, donde convalece de una operación a una hernia discal, por pedido del juez español Baltasar Garzón, quien investiga cargos por delitos de lesa humanidad contra las antiguas dictaduras de Chile y Argentina.
Los rumores sobre medidas de acuartelamiento y estado de alerta del Ejército circularon el pasado fin de semana, luego de que el Consejo de Ministros de España dio curso al pedido de extradición de Pinochet que se presentará al gobierno británico.
Para este miércoles o el jueves se espera el dictamen de la Cámara de los Lores británica, que deberá confirmar o revocar la inmunidad soberana que el Tribunal Superior de Londres le reconociera al ex dictador el 28 de octubre.
Si se le retira la inmunidad, Pinochet quedará expuesto a ser extraditado a España y a nuevos pedidos de detención de tribunales de otros países europeos donde se presentaron demandas en su contra en las últimas dos semanas.
El gobierno de Frei niega que una extradición de Pinochet pueda poner en riesgo la estabilidad democrática de Chile, no obstante lo cual reclama inmunidad para el general retirado y niega competencia a otros países para juzgarlo.
No obstante el discurso oficial, tanto la oposición derechista como los abogados británicos de Pinochet en Londres argumentan que la transición chilena está en peligro a raíz de la retención del ex dictador en un país europeo.
La crisis desatada el 16 de octubre con el arresto de Pinochet relegó a segundo plano el caso de Espinoza Davies, quien fue hasta su ascenso jefe de la misión de observadores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la frontera entre India y Pakistán.
La presencia en esa misión del oficial chileno fue objetada por Amnistía Internacional, luego de que se denunció su participación en un consejo de guerra que en octubre de 1973 ordenó fusilar a cuatro dirigentes del Partido Socialista (PS) en el norte del país.
Los cuatro dirigentes habían sido sentenciados en primera instancia a penas menores de reclusión por los militares golpistas que en septiembre de 1973 derrocaron a Salvador Allende, pero el consejo de guerra dispuso su ejecución.
Uno de los fusilados fue Fredy Taberna, cuya viuda, Ginni Arancibia, solicitó al gobierno que retire a Espinoza Davies de la misión de paz de la ONU, lo cual se materializó a través de su ascenso al primer escalafón del generalato.
El oficial regresa así a Chile no sólo con su hoja de servicio limpia, sino además con la recompensa de un ascenso que lo coloca en el importante cargo de inspector general del Ejército.
Arancibia dijo que el ascenso de Espinoza Davies "demuestra que la imagen que se tiene en el exterior de Chile respecto a la impunidad en que permanecen los violadores de derechos humanos en este país es efectiva".
Hace un año, Frei revocó el ascenso que había aprobado en primera instancia de Jaime Lepe, un general que en 1976 participó en el secuestro y asesinato del ciudadano español y funcionario internacional Carmelo Soria.
En otra decisión controvertida, el presidente dio curso a la permanencia en el escalafón de generales, por décimo año consecutivo, del abogado Fernando Torres Silva, auditor (fiscal) del Ejército y hombre de confianza de Pinochet.
Torres Silva es cuestionado por los organismos de derechos humanos como uno de los cuadros del Ejército que desempeñó un papel clave en la represión durante los últimos años del régimen dictatorial. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98
