Cada día que pasa es mayor la probabilidad de que la Cámara de los Lores de Gran Bretaña revoque la decisión de un tribunal que reconoció la inmunidad del ex dictador de Chile Augusto Pinochet y de que habilite su extradición para ser juzgado en España, aseguran activistas de derechos humanos.
Mientras este martes llegará a Londres la petición de extradición cursada por España, Pinochet, detenido el 16 de octubre y actualmente bajo vigilancia en un hospital psiquiátrico londinense, declaró el fin de semana que está dispuesto a "luchar hasta el final" para evitar su enjuiciamiento.
Una comisión de cinco integrantes de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial de Inglaterra y Gales, comenzó a analizar el caso de Pinochet el miércoles 4 y se espera que haga público su veredicto inapelable dentro de dos semanas.
"Cuanto más tiempo se tomen los Lores para analizar el caso mejor, porque están considerando la creciente evidencia que concluiría (en un tribunal español) que Pinochet es culpable", sostuvo Hugo Chávez, investigador de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
El juez español Baltasar Garzón acusa a Pinochet de genocidio, torturas y terrorismo cometidos durante los 17 años de la dictadura iniciada el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado en que murió el presidente Salvador Allende.
El Tribunal Superior de Londres reconoció el 28 de octubre la "inmunidad soberana" de Pinochet porque era jefe de Estado cuando se cometieron los delitos de los que se le acusa.
Este argumento es disputado por los abogados que representan al gobierno español y las organizaciones de derechos humanos que testimoniaron ante los cinco Lores.
Los representantes legales de España sostienen que el concepto de inmunidad soberana no se aplica a este caso. Los abogados Alun Jones y Christopher Greenwood dijeron a los Lores que existen sólidas evidencias de abusos cometidos por Pinochet durante el período previo a cuando asumió el poder.
Una vez que Pinochet se autoproclamó jefe de Estado, violó la constitución chilena de 1925 que se aplicó hasta 1980, el último año de la dictadura, aseguraron los abogados.
La constitución chilena no incluyó la tortura, el secuestro y otros crímenes atribuidos a las fuerzas de Pinochet durante la dictadura como tareas legítimas del presidente, lo que invalida todo derecho a la inmunidad, arguyó Jones ante los Lores.
La decisión de los Lores de escuchar la evidencia de parte de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos permitió que estas apoyaran la detención de Pinochet.
Las organizaciones actúan en representación del ciudadano británico William Beausire, secuestrado, torturado y finalmente desaparecido en la dictadura, y de la médica británica Sheila Cassidy, también torturada por las fuerzas de la dictadura chilena.
Amnistía Internacional reunió a un equipo de abogados de prestigio internacional, cuya sola presencia habría llamado la atención de los Lores.
Pinochet, de 82 años de edad, en su declaración del fin de semana, criticó lo que calificó de "parodia de juicio" en una declaración escrita publicada por los diarios británicos. "Una parodia de juicio en un país extranjero no es justicia. Por cierto que no es justicia británica", declaró.
El ex dictador dijo que era sujeto de "espurios intentos de fiscales extranjeros para procesarme por cargos sin comprobar" y mencionó la reconciliación en Irlanda del Norte, Sudáfrica y España, donde ahora se ignora la dictadura de Franco, precisó.
En todos estos casos, "se tomaron decisiones sabias para no revisar el pasado", señaló.
El pedido de arresto del juez Garzón acusa a Pinochet de ser responsable de los crímenes cometidos por la policía secreta de su país tras el golpe. El gobierno chileno asegura que 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron durante la dictadura.
"He vivido con mi conciencia y con mis propios recuerdos durante más de un cuarto de siglo desde los acontecimientos de 1973. Deseo que las cosas hubieran ocurrido de forma diferente, pero estoy en paz conmigo mismo y con el pueblo chileno sobre lo que pasó", escribió Pinochet.
Si los cinco Lores optan por mantener el fallo de inmunidad soberana decidido por el Tribunal Superior de Londres, entonces Pinochet podría regresar de inmediato a Chile.
El ministro del Interior británico, Jack Straw, tiene la facultad de anular la decisión de los Lores y conceder la extradición, pero juristas aseguran que esa posibilidad es improbable.
Pinochet no puede ser juzgado en Chile porque goza de inmunidad como senador vitalicio, cargo que creó en la constitución aprobada en 1980. (FIN/IPS/tra-en/dco/rj/aq/ip/98