El aborto se convirtió nuevamente en causa de debate en Brasil luego de que una niña de 10 años fue violada y embarazada por dos hombres mayores.
El aborto es ilegal excepto en los casos de que el embarazo sea el resultado de una violación o cuando corre peligro la vida de la mujer. El código penal de este país mayoritariamente católico lo califica de "crimen contra la vida".
La interrupción provocada del embarazo debe ser autorizada por un tribunal y sólo se ofrece en 13 hospitales de este país, el más grande de América Latina y con una población superior a los 160 millones de habitantes.
A pesar de la ley, se practican 1,4 millones de abortos, en su gran mayoría ilegales, lo que convierte a Brasil en el país con mayor proporción de abortos en condiciones inseguras de América del Sur, según un informe de la Red Nacional de Salud de la Mujer.
Cada año, 250.000 mujeres reciben atención médica de emergencia y muchas mueren tras haberse sometido a un aborto en condiciones insalubres. Un experto calculó que una de cada cinco muertes de mujeres jóvenes se deba al aborto ilegal.
Carla, de 10 años, fue violada desde los siete años y tenía un embarazo de 10 semanas cuando sus padres descubrieron su estado. "No tuvimos otra opción que solicitar el permiso para abortar. No tenemos los recursos para cuidar a otro niño", explicó el padre de la víctima, un trabajador agrícola desempleado.
Con la ayuda de la abogada Sandra Barreto de Souza, los padres de Carla solicitaron formalmente la autorización. "En realidad, no era necesario. La ley estipula que el aborto se permite en caso de violación, pero nosotros hicimos todo a través de los tribunales, para estar seguros", precisó De Souza.
Aunque la corte autorizó el aborto, el grupo católico Comisión Diocesana en Defensa de la Vida interpuso un recurso judicial que aplazó la interrupción del embarazo. Finalmente confirmada la autorización, el aborto se practicó en octubre, cuando Carla ya contaba con 13 semanas de embarazo.
El caso enardeció la opinión de ambos bandos. De Souza recibió llamadas telefónicas y cartas de antiabortistas que la llamaban asesina, mientras Carla y su familia fueron sometidas a tácticas intimidatorias por parte de activistas católicos y evangelistas.
En Israelandia, pequeña localidad del estado de Goiás, donde vive la familia, el obispo Washington Cruz celebró una misa extraordinaria contra el aborto. A los padres de Carla se les prometió apoyo financiero y trabajo si cambiaban de parecer.
"Un día, un sacerdote vino a nuestra casa para condenarnos, diciendo que éramos monstruos y asesinos", reveló la madre de Carla.
"Soy católico y estoy absolutamente en contra del aborto, pero en este caso creo que la decisión está justificada. La niña fue violada y es sólo una criatura", declaró al diario Folha de Sao Paulo el juez Joao Geraldo Machado, quien autorizó el aborto.
Los violadores de Carla, sus vecinos José Afonso (52) y Benedito de Souza Moraes (65), se encuentran detenidos mientras esperan ser sometidos a juicio. En caso de ser procesados, podrían pasar entre seis y 10 años tras las rejas.
La Red de Defensa de la Especie Humana, una organización no gubernamental dedicada a la educación de la salud, defendió la decisión de la familia. "A los 10 años, la niña es muy pequeña para ser madre. Fue víctima de la violencia", dijo la coordinadora Solange Dacach.
Pero Carla no fue la única menor de edad que debió pasar por tal dilema. Los tribunales no autorizaron el aborto a una niña de 10 años, de Belo Horizonte, embarazada por su novio de 18, ni a otra de 11 años violada por su padrastro.
No todos los católicos se oponen al aborto. Muchas organizaciones, incluso Católicos por el Derecho a Decidir, abogan por la modificación de la ley del aborto, que data de 1940.
"Nos preocupa la salud de las mujeres. Si se adaptara la ley contra el aborto habría menos abortos clandestinos", sostuvo Dulce Xavier, portavoz de la organización.
"Es absurdo que mujeres jóvenes mueran (tras someterse a un aborto). Son muertes estúpidas, evitables y generan una pésima imagen del país", señaló la coordinadora de la Red Nacional de Salud de la Mujer, Jacira Melo.
Muchos abortos insalubres ocurren se deciden las mujeres temen perder sus empleos. Aunque la Constitución de 1988 garantiza a la mujer 120 días de licencia por maternidad, numerosos empleadores despiden a las trabajadoras cuando se embarazan.
Aunque es ilegal despedir a una trabajadora embarazada, ninguna compañía ha sido sancionada por ello.
La Red Nacional de Salud de la Mujer exigió al Ministerio de Salud Pública que cada estado tenga un hospital donde se practiquen abortos en condiciones seguras. La familia de Carla sólo pudo volar desde Israelandia a Sao Paulo porque un canal de televisión pagó el viaje.
Aunque la población es mayoritariamente católica, la inquietud sobre el peligro que el aborto inseguro implica para la salud generó un debate público.
El Ministerio de Justicia solicitó al público que sugiera modificaciones a la ley de aborto vigente. La cartera trabaja junto con la Comisión Nacional de Derechos de la Mujer sobre un proyecto de ley que propone cambios a la norma. (FIN/PANOS/tra-en/bl/dds/aq/he/98
