La gran subasta de empresas estatales en Brasil está dejando de ocupar la categoria de "tema noble" en la agenda política para ingresar en la cenicienta arena de los sucesos policiales.
El escándalo causado por la divulgación de grabaciones clandestinas de conversaciones telefónicas del ministro de Comunicaciones, Luis Carlos Mendonça de Barros, reveló que la privatización del sistema de telecomunicaciones aún está cargada de interrogantes incómodos.
Esto ha agudizado la curiosidad pública sobre todo el proceso de transferencia de empresas estatales al sector privado.
El día 8, la prensa informó que existirían evidencias sobre cuentas bancarias secretas del presidente Fernando Henrique Cardoso en las Bahamas y de grabaciones de conversaciones entre los principales responsables de la venta del sistema telefónico estatal a grupos privados, por 22.000 millones de dólares.
Las cuentas secretas no pasarían de una grosera falsificación, pero el episodio de las grabaciones puso al desnudo la intención de altos miembros del gobierno de interferir en la subasta, presuntamente para favorecer a algunos grupos.
La credibilidad de Cardoso comenzó a verse cuestionada en un momento crítico para el presidente, que se prepara para una batalla parlamentaria por la votación de impopulares aumentos de impuestos destinados a bajar el enorme déficit público.
Los rumores sobre maniobras poco ortodoxas en la subasta del sistema telefónico brasileño no son nuevos. La venta realizada el 29 de julio en la bolsa de Río de Janeiro provocó reacciones negativas de grupos económicos poderosos, como el brasileño RBS y el norteamericano Bell South.
En los pasillos también se sospechaba de la real capacidad de las empresas telefónicas de España y Portugal para administrar las millonarias concesiones ganadas en la privatización.
Aún no hay informaciones sobre los responsables de las grabaciones clandestinas.
Las cintas confirman que Mendonça de Barros presionó a favor del consorcio formado por amigos suyos y la italiana Telecom, e intentó impedir que un grupo de empresas brasileñas comprara el sistema Telemar, formado por la telefónica de Río de Janeiro y 15 empresas regionales, publicó la revista Veja el domingo 15.
El gobierno encargó a la Policia Federal, subordinada al Ministerio de Justicia, que investigara el origen de las cintas. Pero el ministro de Comunicaciones se anticipó, acusando al empresario Carlos Jereissati, que curiosamente es el líder del grupo empresarial que obtuvo Telamar.
Viejos conflictos resurgieron ahora porque Jereissati fue forzado a pedir ayuda financiera al gobierno para asumir las concesiones pero ahora no acepta interferencia de las autoridades en el nombramiento de los directivos de Telemar, según el ministro.
La principal preocupación de Cardoso es impedir que el escándalo de las grabaciones telefónicas no autorizadas afecte la credibilidad de las privatizaciones en general.
"El proceso de venta de empresas públicas es esencial para la aprobación del ajuste fiscal y para que el país salga de la crisis provocada por la fuga de dólares", advirtió el vocero oficial del presidente.
El tema es delicado porque Cardoso siempre explicó el apuro en las privatizaciones por la necesidad de contar con reservas monetarias fuertes para defender el programa de estabilización económica e impedir nuevos sacrificios fiscales a la población.
Las empresas estatales fueron vendidas, pero las reservas bajaron y la economía nacional sigue vulnerable a ataques especulativos por los inversionistas extranjeros.
La estrategia oficialista ahora consiste en impedir que los partidos de oposición formen una comisión parlamentaria para investigar la supuesta manipulación en la subasta de la empresa telefónica.
Esto sería políticamente explosivo, porque podría generar dudas sobre la venta de las 56 empresas estatales transferidas al sector privado desde 1990, por 37.000 millones de dólares.
El gobierno puede quedar atrapado por la combinación de dos investigaciones -una policial y otra política-, lo que resulta intolerable para el presidente, quien advirtió a los periodistas: "No se atrevan a preguntar sobre lo que no debe ser imaginado y tampoco contestado por alguien que tiene dignidad, como yo".
A la irritación de Cardoso contribuyó también el temor de que el sensacionalismo en torno a las grabaciones, sumado a la publicidad negativa del nuevo aumento de impuestos, opaque el inicio de su segundo mandato presidencial, en enero, tras la triunfal reeleción hace menos de un mes. (FIN/IPS/cc/ag/ip if/98
