El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impone varias condiciones y metas para la economía de Brasil, acogiendo por otra parte políticas gradualistas que ya forman parte de la idiosincrasia nacional.
El FMI anunció el viernes un paquete de créditos por un total de 41.500 millones de dólares para Brasil. A cambio, este país debe aplicar severas medidas de austeridad para reducir su déficit presupuestal.
Sólo ahora, con el anuncio oficial de los términos del acuerdo, se conocieron algunas metas que el país se compromete a cumplir y que estaban ausentes del programa de ajuste fiscal adoptado hace dos semanas por el gobierno brasileño.
Brasil prometió reducir el déficit fiscal nominal a 4,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) el próximo año. El gobierno antes mencionaba sólo el superávit primario de 2,6 por ciento.
La nueva meta indica que los gastos del sector público con el pago de intereses no podrán exceder 7,3 por ciento del PIB, lo que representa unos 58.000 millones de dólares. Eso supone una tasa de interés de 21,9 por ciento como promedio, el nivel previsto por el gobierno en su Programa de Estabilidad Fiscal.
Como la tasa de interés fijada por el Banco Central está actualmente en 39 por ciento, será necesario una fuerte reducción, que podría ser impedida por un recrudecimiento de las turbulencias financieras internacionales.
En este caso, se exigirá un esfuerzo fiscal más fuerte que lo anunciado y que enfrentaría resistencias.
Este compromiso fortalece los reclamos de gobernantes provinciales, empresarios del sector productivo y sindicalistas por una rebaja inmediata de los intereses.
La Federación de las Industrias de Sao Paulo defiende una reducción a 23 por ciento dentro de un máximo de dos meses. Su vicepresidente, Paulo Skaf, dijo que "ya no hay razones para mantener los intereses en el nivel absurdo actual".
Pero el Banco Central, presidido por el conservador Gustavo Franco, sigue el gradualismo tradicional en la historia brasileña. Su tasa básica cae 0,5 puntos porcentuales por día desde el miércoles y todo indica que el ritmo será lento, pese a las protestas.
Sin una inmediata reducción a 30 por ciento y por lo menos a 20 por ciento hasta marzo, el desempleo en Brasil seguirá creciendo explosivamente, advirtió Luiz Marinho, presidente del Sindicato de Metalúrgicos del ABC, conjunto de municipios industriales en la periferia de Sao Paulo.
Gobernadores de los estados más importantes, como Mario Covas, de Sao Paulo, y Anthony Garotinho, de Rio de Janeiro, también reclaman urgencia en reducir las tasas de interés.
El gradualismo se afirma también en la política cambiaria. Desde 1995, en respuesta a la crisis mexicana, el Banco Central adoptó un sistema de bandas estrechas que induce a una lenta y gradual devaluación de la moneda nacional, el real, en 7,5 por ciento al año.
Esa política se mantiene, reiteró el ministro de Hacienda, Pedro Malán. El acuerdo con el FMI lo confirma.
Lo que está haciendo el Banco Central es alargar, lentamente, la banda cambiaria que se fija cada mes y que actualmente permite una oscilación de poco más de uno por ciento entre el piso y el techo.
Entre los economistas, especialmente los monetaristas, el cambio exige políticas radicales: la paridad fija como en Argentina y Hong Kong, o la flotación por lo menos en bandas más anchas. El término medio, como la opción brasileña, sería la peor política.
Muchos analistas, como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, prevén que Brasil de todos modos tendrá que hacer una devaluación repentina de más de 15 por ciento, probablemente en el primer semestre de 1999.
Ese tipo de devaluación fue utilizado varias veces en los años 80, ante la crisis de la deuda externa. Pero la historia del país revela una tendencia nacional a las soluciones graduales, negociadas.
El fin de la dictadura militar iniciada en 1964 fue un proceso de "transición lenta, gradual y segura" que se prolongó por 11 años, desde que el general presidente Ernesto Geisel lo anunció en 1974.
La esclavitud en el país se abolió paso a paso en el siglo pasado. Primero, en 1850, se prohibió el tráfico desde Africa. A partir de 1871, los hijos de esclavos dejaron de serlo por ley de "libertad de vientres", para finalmente en 1888 decretarse la liberación total.
El ajuste fiscal, que ahora se impone por la amenaza de la crisis internacional, es un tema en discusión desde el inicio del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, hace cuatro años.
Postergaciones y medidas limitadas permitieron la duplicación de la deuda pública en ese período, exigiendo ahora soluciones menos graduales en conflicto con la idiosincrasia nacional y por tanto inciertas. (FIN/IPS/mo/ml/if/98
