El tiempo de la cosecha comenzó para la sustitución de cultivos de coca por productos legales en Bolivia, una política de Estado ya lleva diez años de implementación con abundante cooperación internacional.
En este lapso, el Chapare, principal zona de producción de coca y cocaína, recibió inversiones por 220 millones de dólares. Los resultados fueron, al principio, objeto de críticas casi unánimes. Pero este año el panorama se muestra alentador en Bolivia, segundo productor mundial de coca y cocaína.
Así lo demuestran las ventas de banano, palmito, piña, maracuyá, pimienta, naranja y otros productos agrícolas del Chapare, que pasaron de dos millones de dólares en 1988 a 85 millones en 1998, según el Viceministerio de Desarrollo Alternativo.
Mientras, la economía de la coca generó 200 millones de dólares en 1997, lo cual representa 2,6 por ciento en el producto interno bruto (PIB) boliviano.
Esas cifras llevan al gobierno boliviano a admitir que, pese al notable incremento de cultivos alternativos, la economía de la coca aún sigue siendo el principal sustento de las 30.000 familias que habitan la región del Chapare.
"Robar un banco es más fácil que plantar piñas", dijo José Decker, viceministro de Desarrollo Alternativo.
Pero, pese a las dificultades, la participación de la coca ilegal en la economía boliviana tiende a descender, ya que en 1980 representaba 8,5 por ciento del PIB.
Al mismo tiempo que disminuyen los cultivos de coca utilizada para la fabricación de cocaína en el Chapare, crecen los cultivos legales.
Ray Braum, representante de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), recordó que hasta 1992 la coca era el principal cultivo en el Chapare.
En 1998, el área de plantaciones de cultivos legales en esa región creció de 46.000 hectáreas en 1987 a 96.300 hectáreas en 1997. La superficie de sembradíos de productos alternativos a la coca triplica a la de ese producto ilegal, que cubre actualmente unas 32.000 hectáreas.
USAID es uno de los principales aliados de Bolivia en la ejecución de programas de desarrollo alternativo, a los que destinó 126 millones de dólares en la última década.
Los programas de desarrollo alternativo convirtieron al Chapare la región rural de Bolivia que más cooperación internacional recibe, y también la más privilegiada en la construcción de caminos, escuelas, hospitales, y en la provisión de servicios de electrificación, agua potable y alcantarillado.
Sin embargo, los campesinos que habitan esa región tienen una visión crítica sobre el desarrollo alternativo, al que consideran, de forma invariable, un fracaso.
Evo Morales, líder de los campesinos cocaleros y también parlamentario en representación del Chapare, aseguró que gran parte de los recursos de la cooperación internacional se destina al pago de sueldos y otros gastos burocráticos.
Morales censuró el hecho de que en la formulación de los programas no existió participación de los campesinos, y dijo que no hay mercados ni iniciativas para la exportación de los productos alternativos.
El legislador vaticinó que la coca continuará siendo el único producto que permita la sobrevivencia de los campesinos del Chapare.
Mientras, empresarios privados manifestaron su intención de invertir en agroindustria, turismo y hotelería, aprovechando el clima tropical y la privilegiada naturaleza verde del Chapare.
Ellos reconocen que el desarrollo alternativo tiene posibilidades de éxito, pero creen que aún se debe resolver el problema social de los campesinos de la región, reconvirtiendo su economía ilegal a través de productos que cuenten con mercados y posibilidades de exportación.
Eduardo Zegada, presidente de la asociación de empresarios de Cochabamba, la ciudad más próxima a la zona de producción de coca y cocaína, sostuvo que para captar la atención de los capitales privados se debe acabar con la inseguridad ciudadana y superar las desventajas económicas de la región.
El desarrollo alternativo es uno de los cuatro pilares de la política antidrogas del Estado boliviano. Los otros tres son la erradicación de todos cultivos ilegales antes del 2002, el combate al tráfico de cocaína y la prevención del consumo. (FIN/IPS/ac/mj/ip dv/98
