Una abogada francesa pidió la captura internacional del general retirado Gregorio Alvarez, ex dictador de Uruguay, como responsable intelectual de la desaparición de un ciudadano francés en Argentina.
"Es claro que el secuestro y desaparición de Roger Julien en Argentina, el 26 de septiembre de 1976, fue el resultado de la Operación Cóndor", dijo en diálogo telefónico con IPS la abogada Sophie Thonon.
Operación Cóndor se denominó en los años 70 a la coordinación de los aparatos militares y policiales de represión de las dictaduras que entonces imperaban en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Las evidencias sobre la inclusión en la Operación Cóndor de la desaparición de Julien, ciudadano francés nacido en Uruguay, es el motivo por el cual "la demanda incluye a Alvarez y a los gobernantes argentinos de la época", agregó Thonon.
La querella, que corrresponderá tramitar al juez Roger Leloir, incluye a Augusto Pinochet, hoy detenido en Londres a la espera del trámite de extradición iniciado en España, y a los ex integrantes de la junta militar que gobernó Argentina, Jorge Videla y Emilio Masera.
En ese período se produjo la detención y desaparición de 118 uruguayos en Argentina, seis en Chile y dos en Paraguay, según el no gubernamental Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay.
Como derivación de esos hechos, ocho niños nacieron en cautiverio en Argentina, y hasta el momento han aparecido seis de ellos.
Anatole y Eva Lucía Julien Grisonas, hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas, fueron secuestrados junto con sus padres en Buenos aires en 1976.
Julien había estado preso en Uruguay y pasó a la clandestinidad luego de fugarse en 1971 de una cárcel junto a otros 110 integrantes de grupos revolucionarios.
El 31 de julio de 1979, el arzobispo de la ciudad brasileña de Sao Paulo, Evaristo Armas, reveló el hallazgo de los niños de cuatro (Julien) y un año (Eva) en una plaza de la ciudad chilena de Valparaiso. Más tarde, fueron entregados en adopción.
En 1985, el ex soldado uruguayo Julio César Barboza denunció ante la justicia que en un centro de reclusión clandestino de Montevideo se encontraban personas detenidas en Argentina y que entre ellos hubo un niños llamado Julien.
Al ser encontrados, el niño relató que había llegado en un auto blanco junto con la "tía Mónica", y también mencionó un avión pequeño, nieve y la ciudad chilena de Curicó.
"Todos los datos permiten afirmar que el secuestro de concretó a través de la Operación Cóndor, en la cual hay autores materiales e intelecuales cuya responsabilidad corresponde determinar a la justicia", afirmó Thonon.
Interrogado por el diario El País, de Montevideo, Alvarez dijo que desconoce el caso denunciado y "niego por tanto cualquier autoría intelectual".
Alvarez recordó que en 1976 no era gobernante ya que ocupó la presidencia del gobierno militar entre septiembre de 1981 y febrero de 1985, un mes antes de la restauración democrática luego de 12 años de dictadura.
En el momento de los hechos denunciados, la presidencia de facto de Uruguay era ejercida por el hoy fallecido abogado Aparicio Méndez, que asumió el 1 de septiembre de 1976. En ese momento, Alvarez era comandante de una de las cuatro divisiones del Ejército uruguayo.
Antes, Alvarez había había sido jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Uruguay.
El ex dictador, que el martes cumplió 73 años, dijo, pese a la presentación de la denuncia y a lo sucedido con Pinochet, que no tendría incoveniente en viajar al exterior. "¿Por qué no?. Viajaría Francia, a París, a Londres, a dónde sea", sostuvo.
Thonon, consultada sobre el error de la fecha planteada en la denuncia, dijo que "esos eran los datos" de los que disponía al presentarla. "En todo caso, determinar quien era el responsable en el momento de los hechos le corresponde a la justicia de instrucción", agregó.
Organizaciones humanitarias y sindicales de Uruguay presentaron al juez español Baltasar Garzón, quien desarrolla el proceso contra los represores del Cono Sur de América, una lista con 22 nombres de militares y policías responsables de las desapariciones, entre los cuales no figura Alvarez.
Los activistas uruguayos atribuyeron la responsabilidad de dirección de esas acciones al fallecido general Amaury Prantl y al teniente coronel Antonio Rodríguez Buratti.
Un portavoz del presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dijo a IPS que tras lo sucedido con Pinochet "podía suponerse que este tipo de acciones se iniciarían" en diversas partes del mundo como producto de la "globalización" jurídica.
Para el presidente uruguayo, los tribunales franceses, al igual que las acciones de Garzón en España, "carecen de jurisdicción para juzgar hechos en los cuales está comprendida la soberanía de las naciones".
"Es ilógico poner en peligro la paz" de los países que han tenido una salida democrática negociada "pretendiendo reparar acciones del pasado", sostuvo el portavoz.
Una posición similar es la que sustenta el canciller uruguayo, Didier Opertti, un experto en Derecho Constitucional que actualmente ejerce la presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
"No todos los países tienen jurisdicción para pedir la extradición de alguien. Si no, en el mundo no habría fronteras, no haría estados, no habría jurisdicciones, no habría jueces responsables. Sería una especie de ruleta", destacó Opertti.
Según Thonon, el fallo del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores dejó establecido que los actos de soberanía "tienen un límite" y que las violaciones de derechos humanos cometidos por Pinochet no están comprendidas dentro de esos actos". (FIN/IPS/rr/mj/hd/98
