La divulgación del esperado informe de 3.500 páginas de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) de Sudáfrica quedó ensombrecida por lagunas, recursos legales y críticas de ambas partes del espectro político.
El documento, entregado por el presidente de la CVR Desmond Tutu al presidente sudafricano, Nelson Mandela, contiene los resultados y recomendaciones de la comisión, que comenzó su trabajo dos años atrás para exponer la verdad sobre serias violaciones de los derechos humanos durante el apartheid.
Sin embargo, parece haber reabierto viejas heridas, al informar que tanto los movimientos de liberación como el arquitecto del régimen segregacionista del apartheid, el Partido Nacional, cometieron graves violaciones de los derechos de las personas.
Una acción legal de último minuto del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) para detener el informe no tuvo éxito, pero el CNA anunció que no apelará la decisión de la justicia.
El presidente de la era del apartheid, Frederick De Klerk, logró que se eliminaran del informe datos sobre su vinculación con el atentado con bomba de la Casa Khotso, sede del Consejo de Iglesias, y contra el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (Cosatu), mientras se resuelve el proceso legal en curso.
Tras recibir el jueves el informe de Tutu, Mandela advirtió que "su divulgación puede revivir muchas de las difíciles emociones que las propias audiencias provocaron. Muchos de nosotros aún tenemos reservas sobre aspectos de lo que está contenido en estos cinco volúmenes".
El informe contiene más de 20.000 declaraciones de testigos y víctimas sobre lo sucedido entre 1960 y diciembre de 1993, el período examinado por la CVR.
La CVR encontró que unas 200 personas, entre ellas el ex jefe de Estado P.W. Botha y la dirigente del CNA y ex esposa del presidente Mandela, Winnie Madikizela, cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Ninguno de los dos solicitaron la amnistía otorgada por la CVR para los hallados culpables, pero unas 7.000 personas sí lo hicieron, amparándose en la disposición que otorga al organismo la facultad de perdonar a quienes hayan actuado por motivaciones políticas y revelado toda la verdad.
Aunque la CVR no tiene estatuto jurídico, recomendó que aquellos implicados en graves violaciones a los derechos humanos que no soliciten la amnistía sean sometidos a la justicia.
Una vez finalizado el trabajo de la comisión de amnistía, la CVR presentará su informe final al gobierno. "La fuerza de nuestra democracia radica en que todos estamos sujetos a la ley", destacó el ministro de Justicia, Dullah Omar.
La CVR envió notificaciones a más de 400 individuos y organizaciones informándoles que serían mencionados de una manera perjudicial para ellos en el informe publicado este jueves.
Entre los notificados -y disgustados- se encuentran tanto ex miembros del apartheid como activistas que combatieron el régimen de segregación racial.
"Nos gustaría decir hoy que la CVR logró el objetivo de la reconciliación, pero no podemos", declaró Marthinus Van Shalkwyk, líder del Partido Nacional.
"No se trata de la entrega del informe de una comisión independiente a un gobierno, sino del propio CNA, representado en la Comisión, al CNA en el gobierno", afirmó.
El proceso también se vio ensonbrecido por la eliminación del informe de 15 personas que la comisión se proponía implicar en graves violaciones.
La CVR fue establecida por decisión del parlamento, en base a la voluntad de confesión de los autores de abusos. Aunque puede recomendar a quiénes otorgar amnistía, la decisión final queda en manos del presidente. (FIN/IPS/tra-en/gm/mn/ml/hd/98
