El juez español Baltasar Garzón, impulsor de la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, ha llevado a cabo espectaculares iniciativas para desmontar la red de colaboración represiva que operó en el Cono Sur de América Latina en los años 70.
Además de la detención de Pinochet, el 16 de octubre, Garzón se destacó por haber dispuesto la prisión en España, en octubre de 1997, del ex capitán argentino Adolfo Scilingo, que participó en la ejecución de algunas de las 4.400 personas echadas desde aviones a las aguas del Río de la Plata en los años 70.
Ese oficial fue el primero de los militares argentinos que compareció en el juicio que el magistrado sigue a los responsables del secuestro, tortura y presunto asesinato de unos 600 ciudadanos españoles durante la última dictadura militar en Argentina (1976- 1983).
Pinochet es a su vez el primer chileno detenido por orden de Garzón en función de la causa iniciada por la desaparición de 94 ciudadanos españoles durante la dictadura en este país (1973- 1990).
A raíz de las declaraciones de Scilingo, la lista de represores argentinos que el juez español reclama comprende cerca de 160 nombres, incluido, desde este mes, el juez federal Víctor Brusa, acusado de "genocidio, terrorismo de Estado y torturas".
Garzón, que en España es cuestionado por no manifestar similar interés en aclarar los crímenes de la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), en América Latina está decidido a dejar al descubierto la Operación Cóndor, que involucró a las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El "Cóndor", constituido formalmente en 1975 a iniciativa del general chileno Manuel Contreras, consistió en una coordinación represiva transnacional por la cual los militares de un país contaban con vía libre para operar en otro para el seguimiento, detención, secuestro y eventual extradición clandestina de opositores políticos.
El dispositivo incluía un banco de datos común en el que constaban los nombres de los militantes antidictatoriales cuya eliminación más interesaba a los regímenes de los cinco países que hoy están asociados en el Mercado Común del Sur.
Las operaciones llevaron al asesinato de miles de personas entre 1975 y 1983, así como a la apropiación y posterior adopción ilegal de hijos de desaparecidos y el saqueo de los bienes de los detenidos.
Garzón se ha declarado decidido a llegar "al corazón del Cóndor", que tenía sus principales bases de operaciones en Buenos Aires y Santiago.
En las fundamentaciones de la causa que emprendió, el juez dice que en Chile y Argentina existió "una organización armada" que, "aprovechó la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista".
También para "desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países".
El juez español no sólo imputó en su causa a militares argentinos y chilenos sino también a siete uruguayos que operaron en 1976 y 1977 en el centro de detención clandestino de Buenos Aires Automotores Orletti, donde fueron vistos por última vez varios ciudadanos uruguayos de origen español.
Contra ellos Garzón no ha dictado aún orden de prisión internacional, pero se espera que lo pueda hacer próximamente, según dijo a radio El Espectador, de Montevideo, Carlos Slepoy, abogado de los familiares de los desaparecidos españoles en Argentina.
"Que no quepa la menor duda de que a cualquiera de ellos (los siete incriminados uruguayos) les va a pasar lo mismo que a Pinochet porque la imputación existe", y contra ellos también trabó Garzón la medida de incautación de bienes en Estados Unidos y Suiza que dispuso contra los casi 160 militares argentinos, comentó Slepoy.
Anteriores citaciones del juez a los siete militares para que declararan en la causa fueron desestimadas por la justicia de Montevideo, para la cual los oficiales estaban incluidos en la ley que en 1986 dejó sin efecto las acciones penales emprendidas contra los acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El único de los acusados uruguayos que podría escapar a una eventual detención por Interpol (Policía Internacional) sería el capitán Manuel Cordero, quien por las funciones que desempeña actualmente en el Comando del Ejército estaría en condiciones de obtener un pasaporte "diplomático" para viajar al exterior en misiones "oficiales". (FIN/IPS/dg/ag/hd/98
