Siete sindicalistas fueron asesinados en Colombia en octubre, al parecer a manos de paramilitares de derecha, en el marco de un recrudecimiento de la guerra sucia.
La primera de estas muertes, atribuidas por el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase), Wilson Borja, a "una nueva arremetida de la derecha", fue la de Orfaligia Mejía, el 7 de octubre en Pasto, capital del departamento de Nariño, en el sur del país.
Borja denunció la existencia de un grupo paramilitar integrado por 20 personas que se autodenomina Comité Ejecutivo Antisindical, cuyo objetivo sería llevar a cabo estos crímenes selectivos.
El asesinato de Mejía, dirigente de la Federación Nacional de Educadores en Nariño, ocurrió el mismo día en que comenzó la huelga convocada por Fenaltrase para protestar por el plan de ajuste del gobierno.
A la muerte de Mejía le siguieron las de Marcos Pérez, directivo del Sindicato de las Empresas de Energía en Sucre (norte), el día 10, y la de Ugeniano Sánchez, del Sindicato de la Salud en Barranca (noroeste), el 16.
Los sindicatos a los que pertenecían los asesinados integran la Fenaltrase, pero estos crímenes, más que una intimidación contra la huelga levantada el martes, son una expresión más de la violencia generalizada que vive el país, al igual que el de Ortega, según Borja.
El repudio nacional se sintió con mayor fuerza el 20 del mes pasado con el asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la de mayor presencia en el país, Jorge Ortega.
Ortega fue en 1992 representante de los trabajadores en las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla en Tlaxcala, México, e integró la Asamblea Permanente por la Paz que en julio pidió a las partes en conflicto el acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Al condenar su asesinato, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, reconoció a Ortega como un hombre comprometido con las causas humanitarias.
En la semana que concluye fueron asesinados Hortensia Alfaro, del Sindicato de la Salud en el departamento de Cesary, Jairo Cruz, presidente del Sindicato de la Industria de la Palma (Indupalma), ambos en el departamento de César (norte de Colombia).
Pistoleros enmascarados sacaron el domingo 25 a Alfaro del Hospital de Manaure, donde se desempeñaba como enfermera, y Cruz fue baleado cuando salía de su vivienda el lunes pasado.
Diez días antes también había sido asesinado Ismael Ortega, de Indupalma, sindicato que reúne a los obreros de fábricas procesadoras de aceite.
El obispo Alberto Giraldo, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, sostuvo que los asesinatos de sindicalistas son "crímenes selectivos contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales".
Luis Garzón, presidente de la CUT, dijo que los crímenes "tienen un carácter político" y el objetivo crear un ambiente de desestabilización cuando se acerca el inicio de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla.
Guillermo Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores Agrarios (Sintrainagro), afirmó que el enfrentamiento gobierno- guerrilla-paramilitares "recrudece la situación de violencia que también está tocando a los sindicatos".
Según diversos estudios, la violencia contra los sindicatos se agudizó desde la década del 70 con las huelgas de petroleros, bancarios y de alimentos que dejaron cerca de 100 dirigentes de diferentes agremiaciones desaparecidos.
En esa ofensiva fueron asesinados Rafel Bayona, presidente del sindicato de Acerías Paz del Río (1977), José Herrera, presidente del de Cementos Argos (1986), Bernardo García, presidente de la asociación de trabajaodres de la industria del gas (1987), y Gustavo Chacón, dirigente del sindicato petrolero (1988).
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) informó este año que en 1997 por lo menos 80 sindicalistas fueron asesinados en Colombia.
El informe de la CIOSL señaló que la mayoría de estos crímenes fueron perpetrados por grupos armados al margen de la ley, como guerrilleros y paramilitares de derecha, y que otros "tienen alguna relación con organismos de seguridad del Estado".
La mayoría de los casos quedó en la impunidad, concluyó el informe. (FIN/IPS/yf/mj/hd lb ip/98
