El fallo en Londres que negó inmunidad al ex dictador Augusto Pinochet obligará a los chilenos a reformar su Constitución para hacerla plenamente democrática, afirmó el diputado socialista Juan Pablo Letelier.
En declaraciones desde Chile a Radio Nacional de España, tras conocer el fallo del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, el hijo del asesinado ex canciller Orlando Letelier advirtió que esa reforma es esencial para que la justicia sea posible en su país.
La advertencia tiene su razón de ser. Si Pinochet y otros acusados de violaciones de derechos humanos no son juzgados en su país es porque la institucionalidad heredada de la dictadura lo ha impedido hasta ahora.
Al no ser juzgados en Chile y ser acusados en otros países, procede la extradición, como lo testimonian los pronunciamientos de tribunales italianos, suizos, alemanes, suecos y españoles, así como varios parlamentos.
En Chile se interrumpió una larga vida democrática el 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet encabezó un cruento golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende.
Tras perder en 1988 un plebiscito que creía ganado, Pinochet se vio obligado a cumplir la Constitución que él mismo había impuesto y convocar a elecciones para el año siguiente.
En 1989 volvió a perder, ya que las urnas dieron el triunfo a la Concertación para la Democracia, coalición integrada por los partidos Demócrata Cristiano, por la Democracia, Socialista y Radical, y llevaron a la presidencia a Patricio Alwyn, a quien sucedió en 1994 el también democristiano Eduardo Frei.
Todas esas elecciones y la vida misma del país siguieron rigiéndose por la Constitución dictada por Pinochet mientras era dictador, como un tributo que los demócratas debieron pagar por la transición pacífica.
El dictador, antes de abandonar la presidencia, se preocupó de imponer condiciones que dificultaron a un grado extremo la posibilidad de reformar la Constitución.
Uno de los grandes obstáculos consiste en la exigencia de contar con los tres cuartos de los votos del Senado.
Por imperio de esa misma Constitución, hoy integran esa cámara senadores elegidos por el voto de los ciudadanos con otros designados por el gobierno a iniciativa de las Fuerzas Armadas y otras instituciones estatales, y el propio Pinochet, que ocupa una banca vitalicia desde marzo en su carácter de ex presidente.
La misma situación se presenta si se quiere derogar la Ley de Amnistía de 1978, que impide enjuiciar a quienes violaron los derechos humanos entre 1973 y ese año.
Otras disposiciones de la dictadura persisten, como la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de los comandantes de las Fuerzas Armadas y la preeminencia que se otorga a los tribunales militares sobre los civiles para juzgar a oficiales y ex oficiales.
Los partidos de la gobernante Concertación para la Democracia tendrían mayoría suficiente para modificar la Constitución si no fuera por el voto de los senadores designados, incluido el hoy detenido en Londres a la espera de que se sustancie el proceso de extradición iniciado desde España.
Quienes en Chile lamentan que la justicia de otros países se ocupe de Pinochet y reclaman que se respete la soberanía chilena seguramente deberían considerar que, a partir de ahora, la única manera de que eso no ocurra con los cómplices del general es que puedan ser juzgados en su propio país.
Para que eso suceda se requiere eliminar el cargo de senador vitalicio, reformar la Constitución, derogar la ley de amnistía y modificar los estatutos de la justicia militar para impedir que se ocupe de casos que se debe reservar al fuero civil.
De ahí la afirmación de Letelier de que los chilenos están ahora obligados a reformar su Constitución.
No obstante, la decisión de los Lores británicos tendrá también influencia sobre los juicios en Chile, según el abogado Eduardo Contreras, quien dirige la acusación en el primero de los 16 procesos abiertos en su país contra los crímenes de la dictadura.
Contreras afirmó en Madrid que en su país cada día que pasa se abre un nuevo espacio para terminar con rémoras de la dictadura y con la impunidad de quienes torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer personas. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/98
