El argumento del gobierno de Chile de que el ex dictador Augusto Pinochet, bajo arresto en Londres, puede ser juzgado en su país bajo las normas de un "debido proceso", es refutado por las organizaciones de derechos humanos.
El canciller José Miguel Insulza, quien se encuentra en la capital británica, invocará la presentación de 12 querellas en Chile contra Pinochet para oponerse a su probable extradición a España.
El miércoles último el Comité de Apleaciones de la Cámara de los Lores falló que el general retirado y senador vitalicio de 83 años, detenido desde el 16 de octubre en Londres, no puede gozar de la inmunidad soberana como había dictaminado un tribunal anterior.
Los delitos de genocidio, secuestros, torturas y actos de terrorismo internacional de que se acusa al ex dictador en España no están cubiertos por esa inmunidad, dijeron tres de los cinco lores en un fallo de gran trascendencia histórica.
Insulza, quien se reunió el viernes con el canciller británico Robin Cook, sigue sosteniendo, en nombre del gobierno del presidente Eduardo Frei, que España ni ningún otro país tiene competencia para juzgar delitos cometidos en Chile.
Además de refutar la extraterritorialidad de la justicia aun para los crímenes contra la humanidad de que se acusa a Pinochet, Insulza sostiene que todavía cabe reclamar inmunidad diplomática para el anciano general en su condición de senador vitalicio.
El jurista Hernán Montealegre, defensor de los derechos humanos y promotor del juzgamiento internacional de los que los violen, advirtió el viernes que ese tipo de argumentos no impedirá la extradición del ex dictador a España.
Montealegre señaló que el fallo del miércoles "pronunciado por uno de los tribunales más ilustres del mundo", es un triunfo del derecho internacional y tiene un peso que el ministro del Interior británico, Jack Straw, no puede desconocer.
Straw debe determinar si se acoge o no el pedido español de extradición, para lo cual tiene plazo hasta el 11 de diciembre, pero antes podría disponer la expulsión y repatriación del ex dictador por "razones humanitarias".
Por eso es que más allá del alegato jurídico y diplomático, la misión del canciller, quien también viajará a Madrid, consistirá en crear confianza en el sistema constitucional y judicial chileno para facilitar esta última salida, de carácter político.
En Chile, sectores de centro e izquierda coinciden en que, en última instancia, el caso Pinochet es un virtual juicio de la comunidad internacional a la transición chilena y su incapacidad para solucionar los temas pendientes de derechos humanos.
Las agrupaciones de familiares de víctimas de la represión de la dictadura (1973-90) sostienen que el carácter pactado de la transición entre civiles y militares creó un marco de impunidad para los crímenes políticos y las desapariciones forzadas.
Los gobiernos democráticos de Patricio Aylwin (1990-94) y el actual de Frei (1994-2000) mantuvieron la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978 y no han podido derogar otros de los llamados "enclaves autoritarios".
Las relaciones cívico-militares se han regido en un terreno de implícitos temores que también alcanza a la justicia, donde se han cerrado o están inmovilizados la mayoría de los juicios por crímenes contra los derechos humanos.
Durante la dictadura de Pinochet hubo 3.190 casos de crímenes represivos, que incluyen unas 1.500 desapariciones forzadas. Hasta la fecha se ha logrado aclarar la suerte y rescatar los restos de sólo unos 200 desaparecidos.
La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) sostiene que en Chile no existen "las condiciones jurídicas ni políticas" que garanticen un juzgamiento de Pinochet.
"Corresponde, entonces, que sea juzgado por la comunidad internacional", señala Codepu, organismo humanitario que preside la abogada Fabiola Letelier, hermana del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976 por la dictadura de Pinochet.
El 12 de enero de este año, en las postrimerías de la gestión de Pinochet como jefe del Ejército, la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín, presentó en los tribunales la primera querella criminal en Chile contra el ex dictador.
Esa presentación fue seguida por otras demandas de las agrupaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y Ejecutados Políticos, sindicatos, otras organizaciones sociales y familiares de víctimas.
Tras el arresto del general en Londres se materializaron en Chile otras querellas, hasta la número 12, de la Federación Nacional de Pobladores, basada en 70 asesinatos por fuerzas represivas de habitantes de barriadas populares en los años 80.
Esta querella es una de las pocas que alude a crímenes posteriores a 1978, y por tanto fuera del período cubierto por la amnistía, así como la que presentaron los familiares de las 12 víctimas de la Operación Albania, de junio de 1987.
El Colegio de Periodistas entabló igualmente una demanda por varios profesionales asesinados por la represión, en la cual se incluye el caso de José Carrasco, secuestrado y acribillado por un comando paramilitar entre el 7 y el 8 de septiembre de 1986.
Las querellas contra Pinochet están concentradas en el juez Juan Guzmán, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien dijo que desea interrogar en diciembre al ex dictador, lo cual sería otro argumento para pedir que Gran Bretaña lo devuelva a Chile.
El ex dictador puede ser interrogado como simple testigo por Guzmán, quien para encausarlo tendría que pedir a la Corte de Apelaciones que le levante la inmunidad parlamentaria, cuyo fallo puede ser objeto luego de un recurso ante la Corte Suprema.
La izquierda y las organizaciones humanitarias valoran las querellas contra Pinochet como un gesto político y moral, pero no ocultan su escepticismo sobre su destino final en las actuales condiciones de la judicatura chilena.
Además de la protección que la ley de amnistía brinda a los delitos cometidos hasta marzo de 1978, la justicia militar podría reclamar competencia y pedir al juez Guzmán que se inhiba en los otros casos, lo cual garantizaría la absolución de Pinochet.
Los partidos políticos representados en el Congreso, donde no está el Partido Comunista, buscan fórmulas para avanzar en materia de derechos humanos, sobre la base de facilitar el hallazgo de los restos de desaparecidos, pero descartan derogar la ley de amnistía.
Viviana Díaz, vicepresidenta de la AFDD, impugnó las declaraciones en México del precandidato presidencial socialista Ricardo Lagos, quien el miércoles pidió a Gran Bretaña que libere a Pinochet, para permitir así que sea juzgado en Chile.
"Lagos se ha puesto al margen del mundo socialista", dijo Díaz el jueves, recordando que connotados socialistas, como la diputada Isabel Allende, hija del derrocado presidente Salvador Allende, apoyan la extradición a España del ex dictador.
Lagos precisó su posición el mismo jueves, y dijo que estaría dispuesto incluso a viajar a Londres para gestionar el regreso de Pinochet, siempre que se garantice que sea juzgado en Chile y "se avance en el perfeccionamiento democrático". (FIN/IPS/ggr/ag/hd- ip/98
