El gobierno de Estados Unidos guarda silencio ante la situación del ex dictador chileno Augusto Pinochet, aunque el año pasado expuso un plan para capturar al fallecido tirano camboyano Pol Pot y juzgarlo en Canadá.
El Departamento de Estado de Estados Unidos se acercó en junio de 1997 al gobierno del primer ministro de Canadá, Jean Chretien, con un plan para extraditar a Pol Pot a Canadá e iniciar un juicio por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El gobierno del presidente Bill Clinton estaba dispuesto a utilizar aviones y fuerzas militares de Estados Unidos para ayudar a capturar al líder del Jemer Rojo, indicaron informaciones de prensa.
Una vez en Canadá, según el plan, sería juzgado bajo el código criminal de ese país, o detenido hasta que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas creara un tribunal internacional para juzgarlo por genocidio.
"Buscaremos asegurar que la justicia internacional sea administrada contra este gran criminal de guerra", prometió la secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante un programa de información nacional.
Durante las últimas dos semanas, sin embargo, Albright y otras autoridades de Estados Unidos no se pronunciaron sobre la posibilidad de administrar justicia a otro notorio ex líder extranjero acusado de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, asesinato y desapariciones.
Desde que el general Pinochet fue detenido en una clínica de Londres el 16 de octubre, el gobierno actuó como si no tuviera interés en su destino.
"La actitud ha sido 'no veo ni escucho nada malo"', dijo un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado.
Durante los 12 días que precedieron la decisión del miércoles de la Corte Superior británica, que declara inválida la detención de Pinochet, mientras se tramita un pedido de extradición desde España, el portavoz del gobierno de Estados Unidos repitió que la situación se limita a "un asunto legal entre España, Gran Bretaña y Chile".
La corte británica decidió que Pinochet tiene inmunidad total por los actos mientras fue jefe de Estado de Chile, entre 1973 y 1990. La decisión fue apelada, y la palabra última será expuesta por la Cámara de los Lores.
El viernes la justicia británica aceptó la libertad bajo fianza del ex dictador, mientras en España un tribunal determinó que la justicia española es competente para juzgar crímenes contra la humanidad perpetrados por las dictaduras en Argentina y Chile.
El portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, dijo que "sería inapropiado comentar sobre esta decisión judicial". Esta actitud, sin embargo, indignó a grupos defensores de los derechos humanos en Washington.
"Hay un alto nivel de frustración", dijo Curt Goering, vicedirector de la sección de Amnistía Internacional en Estados Unidos, quien sostuvo que es especialmente importante que Washington manifeste su interés ahora.
"Deberían presionar por el caso ante la Cámara de los Lores, especialmente brindando evidencias que tienen sobre crímenes cometidos por el régimen de Pinochet", sostuvo Goering.
"Es incomprensible que el gobierno de Estados Unidos mantenga el silencio total, en especial ahora que el tribunal británico afirma que Pinochet, como jefe de Estado, está exhonerado de su responsabilidad en terribles violaciones de los derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco, presidente de la división America de Human Rights Watch (HRW).
Washington aseguró que cooperó por completo con los jueces españoles que emitieron un pedido de detención a Gran Bretaña, y les entregó documentos sobre la participación del régimen de Pinochet en violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de Chile.
Pero grupos de derechos humanos y algunos congresistas demócratas afirman que el gobierno sólo entregó documentos publicados, como datos sobre el asesinato con coche bomba en Washington, por parte de agentes chilenos, del ex canciller chileno Orlando Letelier y su asistente de investigación, la estadounidense Ronni Karpen Moffitt.
Sin embargo, la Casa Blanca no entregó documentos secretos, que, según informaciones, describen con detalle el papel de la dirigencia chilena en la Operación Cóndor, un esquema de los gobiernos militares del cono Sur para hacer "desaparecer" a izquierdistas de estos países.
Esos documentos registran además el control de Pinochet sobre la policía secreta de Chile durante su Dictadura, sostienen los grupos.
Defensores de los derechos humanos sostienen que mantener la información en secreto es un hecho crítico. "Las evidencias son claves para todo en los procedimientos criminales", dijo Stefanie Grant, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos en Nueva York.
"A menos que haya evidencia por encima de la duda razonable, no pude haber un procesamiento. Mi entender es que en el caso Letelier-Moffitt hay evidencias sólidas (contra Pinochet). Si existen, deberían ser entregadas a quien quiera hacer buen uso de ellas", manifestó Grant.
Esa es también la posición de los abogados que representan a las familias de Letelier y Moffitt, quienes solicitaron el 24 de octubre reunirse con la procuradora general Janet Reno y Albright, aunque aún no recibieron respuesta.
Los abogados quieren que el gobierno vaya más allá, solicitando la detención y extradición de Pinochet por cargos de asesinato en el caso Letelier-Moffitt.
"Este fue un acto de terror cometido en suelo estadounidense", destacó Steven Rickert, director de la oficina en Washington de Amnistía Internacional.
Sobre la base de evidencias, el Departamento de Estado ganó en 1978 el procesamiento con prisión en una corte federal estadounidense del agente chileno Micheal Townley, capitán de la marina, y dos cubanos exiliados contratados por la DINA, la policía secreta de Pinochet.
Dos generales chilenos, incluyendo al director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, quienes respondían directamente ante Pinochet, fueron luego detenidos en Chile por su papel en los asesinatos.
Pinochet no fue acusado en Estados Unidos por los asesinatos, dado que se asumió que tenía inmunidad soberana por ser jefe de Estado de Chile. Y en Chile el general decretó su propia amnistía.
Activistas y abogados de los derechos humanos alegan ahora que mucho ha cambiado desde 1978. Uno de esos cambios es el creciente número de países que declaran la jurisdicción universal sobre cierto tipo de graves violaciones de los derechos humanos como tortura, crímenes de guerra y genocidio.
En 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley firmada por Clinton que dio a las cortes penales federales de Estados Unidos jurisdicción para juzgar a ciudadanos extranjeros, incluyendo jefes de Estado, por actos de tortura cometidos fuera de Estados Unidos.
Las frecuentes declaraciones del gobierno de Clinton de que dirigentes extranjeros culpables de serias violaciones de derechos humanos deberían responder por sus crímenes en Yugoslavia, Bosnia- Herzegovina, Ruanda, y, por supuesto, Camboya, naturalmente añadieron a las expectativas de que Washington tendría algo para decir sobre el caso Pinochet. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/lp/ip hd/98
