El secuestro y apropiacion de niños podría acabar con la impunidad de que gozan los principales responsables de la última dictadura militar en Argentina (1976- 1983), consideraron organizaciones de derechos humanos.
Los activistas se referían a la citación a declarar planteada el martes pasado por el juez federal Adolfo Bagnasco al almirante Emilio Massera, integrante de la junta militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.
"Que Massera y compañía sean llevados a la cárcel por el robo de bebés es una soñada aspiración de las Abuelas de Plaza de Mayo", escribió el miércoles pasado la presidenta de esa organización humanitaria, Estela Carlotto.
En el mismo sentido se expresaron integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas.
Massera será interrogado el 3 de diciembre en carácter de sospechoso por el secuestro y apropiación de 15 hijos de mujeres detenidas ilegalmente en los años 70 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los campos de concentración y tortura más duros de la época dictatorial.
El militar podría quedar detenido de forma preventiva luego del interrogatorio.
El juez Bagnasco, que decidió el martes citar al almirante, sigue el mismo camino que en junio último llevó a su colega Roberto Marquevich a ordenar la detención del ex comandante del Ejército Jorge Videla, jefe de la misma junta militar que integró Massera.
Videla estuvo preso en la cárcel de Caseros durante un mes y desde el 14 de julio purga detención domiciliaria acusado también de secuestro y apropiación de niños en el período dictatorial.
Ambos ex integrantes de la junta que efectuó el golpe de Estado de 1976 habían sido degradados y condenados a prisión perpetua en diciembre de 1985, en un juicio considerado "histórico" en la época y equiparado al seguido contra los nazis alemanes en Nüremberg tras la segunda guerra mundial.
En 1985, Massera fue hallado culpable de tres homicidios agravados por alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones ilegales de libertad calificada por violencia y amenazas y siete robos.
No obstante, el marino, al igual que Videla y los otros militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, se beneficiaron con las leyes de amnistía y el indulto presidencial aprobados a fines de los años 80.
Esas leyes excluyeron, sin embargo, el delito de apropiación ilegal de bebés, del que son acusados Massera y Videla.
De la ESMA "desaparecieron" miles de personas entre 1976 y 1979. La mayoría fueron arrojadas vivas al mar desde aviones en los llamados "vuelos de la muerte" denunciados en 1997 por el marino Alfredo Scilingo, que participó en varios de ellos.
Entre los opositores torturados y presumiblemente ejecutados en la Escuela de la Armada figuran 15 mujeres embarazadas que dieron a luz en ese centro clandestino y cuyos hijos permanecen desaparecidos.
Massera había sido acusado en agosto de apología del delito por defender públicamente la actuación de la dictadura, pedir la destitución de militares homosexuales e insultar a los actuales mandos militares. (FIN/IPS/dg/mj/hd ip/98
