El gobierno de Chile llamó a Santiago a su embajador en Madrid, Sergio Pizarro, como muestra de "profundo malestar" ante la decisión del Consejo de Ministros de España de dar curso al pedido a Gran Bretaña de extradición del ex dictador Augusto Pinochet.
El canciler José Miguel Insulza descartó, al comentar la decisión tomada el viernes, que se produzca una ruptura de relaciones con España o con Gran Bretaña, país que mantiene retenido a Pinochet y que podría dar curso esta semana a su extradición para ser juzgado por tribunales españoles.
"Se ha confirmado nuestra peor expectativa. El Consejo de Ministros de España ha actuado sólo como un buzón de las peticiones del juez (Baltasar) Garzón", dijo Insulza, aludiendo al magistrado que instruye la causa contra Pinochet.
Las autoridades chilenas esperaban de parte del gobierno centroderechista español una "decisión política" que acogiera su planteamiento de que el ex dictador (1973-1990) y actual senador vitalicio goza de inmunidad diplomática.
El presidente Eduardo Frei y su canciller Insulza adujeron también que España ni ningún otro país es competente para juzgar supuestos delitos cometidos en Chile, lo cual fue desechado hace una semana por la Audiencia Nacional, máximo tribunal español.
La acogida en el Consejo de Ministros del pedido de extradición era previsible, luego de que el presidente del gobierno español, José María Aznar, ratificó esta semana que no interferiría en una causa que califica de eminentemente judicial.
Igual posición tiene Tony Blair, el primer ministro laborista de Gran Bretaña, donde la Cámara de los Lores debe resolver la próxima semana si confirma o revoca la inmunidad soberana que el Tribunal Superior de Londres concedió el 28 de octubre a Pinochet.
El ex dictador, procesado por Garzón bajo cargos de genocidio y terrorismo internacional, podría ser reclamado también por los tribunales de otros países de Europa donde se presentaron querellas en su contra las últimas dos semanas.
Pinochet, que a comienzos de octubre viajó a Londres en una supuesta misión diplomática y militar, fue detenido el viernes 16 de ese mes en el centro médico London Clinic, donde se le practicó una operación de hernia discal.
El general retirado, que cumplirá 83 años el día 25, podría regresar a Chile esta semana si los Lores le ratifican la inmunidad soberana que el Tribunal Superior le reconoció en su carácter de ex jefe de Estado.
El debate en la Cámara de los Lores es seguido con expectativa en Chile, tanto por la derecha partidaria del ex dictador como por los organismos humanitarios y partidos de izquierda que abogan por su juzgamiento internacional.
El gobierno de Frei, que dice defender principios y no a la persona de Pinochet, precisó este viernes a través del canciller Insulza que el acuerdo del Consejo de Ministros de España "afecta las relaciones" con ese país.
El llamado al embajador Pizarro expresa un "profundo malestar", agregó el ministro, quien enfatizó sin embargo que no habrá ruptura de relaciones con España, Gran Bretaña ni ningún otro país que se involucre en el virtual cerco legal a Pinochet.
Insulza, militante del Partido Socialista (PS), enfrenta la crítica de la dirección de esa colectividad cogobernante, que apoya la tesis de la extraterritorialidad del juzgamiento de acusados por crímenes de lesa humanidad.
La Democracia Cristiana (DC), partido del presidente Frei, decidió marginarse de un acto "Por la Paz, la Democracia y la Justicia", realizado el domingo en el Parque Forestal de Santiago.
El propósito del acto fue promover fórmulas que permitan solucionar los problemas pendientes en Chile por la falta de justicia y esclarecimiento de unos 1.500 casos de detenidos- desaparecidos durante el régimen dictatorial.
La directiva de la DC dijo que no participó en la manifestación, convocada originalmente por los cuatro partidos de la coalición oficialista, para no interferir en las gestiones que realiza el gobierno para solucionar la "crisis Pinochet".
Sin embargo, la DC dejó en libertad de acción a sus militantes que deseen concurrir al acto, promovido con entusiasmo por los llamados sectores progresistas de esa colectividad junto con el PS y los partidos Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, también oficialistas.
La DC y el gobierno temen que el acto sea "copado" por el opositor Partido Comunista (PC), que impulsa junto con las otras tres colectividades del oficialismo el juzgamiento de Pinochet y critica duramente la actitud de Frei e Insulza en esta crisis.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) se movilizará también masivamente para "mostrarle al mundo entero que las fuerzas democráticas somos en Chile una inmensa mayoría que anhela justicia", dijo su presidenta subrogante, Viviana Díaz.
La presidenta titular de la AFDD, Sola Sierra, está en Londres junto con juristas y parlamentarios del PS y el PPD para apoyar las acusaciones contra Pinochet en la Cámara de los Lores y abogar por su extradición a España.
Informes procedentes de Londres señalaron este viernes como probable que los Lores objeten la legalidad del arresto de Pinochet del 16 de octubre, pero que al mismo tiempo dispongan que continúe detenido mientras se resuelve su posible extradición. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98) NNZCZC IPS127 MVD005 BB XA EE XJ XX QN SERVESP .DEVAMVD HD /BOLETIN-DD HH/ CHILE: Democracia no estará en riesgo por extradición de Pinochet
por Tito Drago
MADRID, 10 nov (IPS) La extradición de Augusto Pinochet, que solicitará este martes a Gran Bretaña el gobierno de España, no pondrá en peligro la democracia en Chile, aseguraron en esta capital los diputados chilenos Isabel Allende y Juan Pablo Letelier.
Allende, hija de Salvador Allende, el presidente socialista muerto durante el golpe de Pinochet, y Letelier, hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington por agentes de la policía de la dictadura chilena, respondieron en rueda de prensa en Madrid a versiones alarmistas generadas por la detención en Gran Bretaña del ex dictador.
Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros de España resolvió el viernes dar curso al pedido de extradición de Pinochet, presentado por el juez Baltasar Garzón, trámite que se concretará este martes.
Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre, a pedido de Garzón, y actualmente está bajo vigilancia en un hospital psiquiátrico, a la espera de que la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial de Inglaterra y Gales, decida si mantiene o revoca la inmunidad que le reconoció un tribunal.
Letelier subrayó que "no existe ninguna posibilidad de intervención militar" en Chile por el caso Pinochet, a quien Garzón investiga por tortura, desaparición y asesinato de opositores políticos en el periodo dictatorial (1973-1990).
También participaron de la rueda de prensa el diputado y abogado Juan Bustos y a la jurista Pamela Pereira, quien dirige la acusación contra los responsables del asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, perpetrado en Buenos Aires en 1974.
Los visitantes chilenos se refirieron, para refutarlas, a informaciones que citan sin identificarlos a "gobernantes democráticos" preocupados por la influencia negativa del eventual enjuiciamiento de Pinochet en España.
Las Fuerzas Armadas de Chile "no cruzarán sobre las claras líneas de la constitucionalidad. Rechazamos categóricamente cualquier interpretación que haga pensar que podría haber algún tipo de retroceso democrático en función de los juicios que se siguen en España, en Inglaterra o en cualquier otro país", declaró Letelier.
Por su parte, Allende opinó que la democracia chilena se fortalecerá en la medida en que la justicia se cumpla y se satisfagan los deseos de verdad y de justicia de los familiares y víctimas de la dictadura de Pinochet.
Para la diputada, el proceso contra los responsables de genocidio, torturas y asesinatos es un acto de justicia y también una enorme aportación positiva para el futuro.
Es una manera de prevenir "por si hay tentación de futuros dictadores en otros países", porque se puede afirmar que "la humanidad no está dispuesta a aceptar la impunidad".
Bustos abundó en la idea de que el juicio a Pinochet no afectará la democracia de su país. Por el contrario, expresó, "es la presencia ilegítima de Pinochet en la política chilena la que ha perjudicado a nuestra democracia".
El proceso en marcha, explicó, "sea cual sea su final", implicará el fin de la trayectoria política del ex dictador "y por lo tanto, será un gran reforzamiento de nuestra democracia".
Todo lo contrario, dijo, de lo que está propagando la derecha chilena, que pregona que el enjuiciamiento de Pinochet pondría en peligro las instituciones y podría desembocar en enfrentamientos violentos de la propia ciudadanía.
El grupo de personalidades chilenas, -víctimas y familiares de víctimas de la dictadura- hicieron una pausa de su presencia en Londres, donde asisten desde el día 1 a las deliberaciones de la sala penal de la Cámara de los Lores, para visitar Madrid.
Dicha sala deberá resolver en los próximos días, no más allá del jueves, si ratifica o anula la "inmunidad soberana" reconocida a Pinochet por un tribunal inferior. Si la anulase, el ex dictador será extraditado a España.
Allende, Letelier y Bustos explicaron, desde diversos ángulos, la perspectiva jurídica del caso, reconocieron que los lores trabajan con meticulosidad y manifestaron esperanza en que se haga justicia y de que, por lo tanto, se niegue inmunidad al ex dictador.
Pero si se confirmara la inmunidad, Pinochet volvería a Chile "condenado, porque es una persona requerida por siete países para que responda por sus crímenes. Moralmente, Pinochet ya ha sido condenado por toda la humanidad", manifestó Allende.
La delegación chilena, que este fin de semana regresará a Londres para la continuación de la vista en la Cámara de los Lores, se entrevistó en Madrid con representantes de máximo nivel del gobernante Partido Popular y de las dos principales fuerzas de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español y la coalición Izquierda Unida.
A todos ellos, así como a las organizaciones no gubernamentales y humanitarias, agradecieron el apoyo prestado al pueblo chileno "desde hace 25 años", pues, dijo Allende, "sabemos de la solidaridad del pueblo español antes, ahora y en el futuro". (FIN/IPS/td/ff/ip hd/98
