El presidente de Perú, Alberto Fujimori, tuvo algunos tropiezos en su visita oficial de cuatro días a Canadá, cuando enfrentó las preguntas de los periodistas sobre el tratamiento dado por su gobierno a los derechos humanos.
En una conferencia de prensa, Fujimori, quien en 1992 anunció la disolución temporal del Congreso y promulgó una ley que le permitió modificar la Constitución para postularse a un tercer mandato, insistió en que respetó totalmente la democracia.
El primer ministro de Canadá, Jean Chretien, quien compartió la conferencia de prensa con el mandatario peruano, lo respaldó diciendo que "es un demócrata porque fue elegido … pero ha tenido algunos problemas".
Fujimori, quien estuvo en el país norteamericano entre el martes y el sábado, declaró estar ogulloso de haber ganado con 64 por ciento de los votos las elecciones de 1995.
"Pueden ver los progresos que hemos hecho. Hemos tenido algunos problemas aislados con algunos funcionarios, pero esta no fue la política de Estado", dijo.
"Afortunadamente, llegamos al punto en que los derechos humanos son respetados. Por ejemplo, el número de personas desaparecidas, que era alto al comienzo de mi gobierno, es ahora cero", sostuvo el presidente peruano.
"Por supuesto", agregó, "hay algunos problemas en los juicios. Alrededor de 70 por ciento de las personas en nuestras cárceles no han sido juzgadas, pero esto está mejorando".
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional estima que 3.000 prisioneros acusados de terrorismo están detenidos sin juicio en Perú, o aguardan ser juzgados bajo procedimientos considerados por debajo de las normas internacionales.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) canadienses buscan plantear la cuestión de la violación de los derechos humanos como un tema importante durante la visita de Fujimori a este país.
Las ONG aseguran que el gobierno peruano continuó reprimiendo disidentes y acusó a Canadá y otros países industrializados de apoyar a Fujimori a cambio de concesiones comerciales y de recursos.
Las inversiones canadienses en Perú aumentaron a 4.000 millones de dólares este año, y la mayoría del dinero se destinó al desarrollo de minas.
Gerry Barr, ejecutivo de United Steelworkers of America, dijo que Perú tiene condiciones laborales atrayentes, en especial en las operaciones de minería extranjera.
"La violación de los derechos de los trabajadores en Perú es casi completa. El movimiento sindical está en una caída dramática. El año pasado se firmaron sólo un tercio del total de convenios colectivos firmados en 1990", aseguró Barr.
La subcontratación para evitar los sindicatos es muy usada en Perú, dijo Barr. Casi 60 por ciento de los trabajadores en el sector minero son ahora trabajadores temporales subcontratados sin la protección de la representación sindical.
La pérdida de protecciones legales básicas es casi universal en Perú. Sólo un trabajador cada 10 tiene la protección de normas gubernamentales mínimas en su relación laboral.
El número de accidentes laborales informado aumentó 60 por ciento desde 1996, y la mayor parte fueron accidentes fatales en que murieron trabajadores jóvenes subcontratados.
Señalando que Canadá y Perú están a punto de firmar un acuerdo de protección de la inversión extranjera, Barr sostuvo que Ottawa ignoró el tema de los derechos humanos en pos de oportunidades comerciales en el exterior.
Una agencia de gobierno canadiense financió una inversión de 60 millones de dólares de una compañía minera con sede en Toronto para expandir sus operaciones en Cajamarquilla, al norte de Lima. La mina abierta de zinc destruirá 3.500 hectáreas de tierra utilizadas por agricultores locales durante 300 años, dijeron ONG.
El gobierno de Perú confiscó la tierra, a pesar de protestas de agricultores locales y la Corporación de Exportaciones para el Desarrollo de Canadá, que denunciaron que no hay normas que regulen el respeto de los derechos humanos ni de los trabajadores.
"Estos acuerdos tienen consecuencias para la gente común y los trabajadores, cuyos derechos no son tenidos en cuenta", dijo Jean Symes, del grupo de derechos humanos Interpares.
Symes acusó al gobierno de Canadá de hacer la vista gorda a estas violaciones. "El gobierno canadiense parece querer ver a Perú, esencialmente, como una democracia, quizá con algunos problemas. Pero los peruanos con los que trabajo lo ven de otra manera".
Gobiernos occidentales como el de Canadá tienen mensajes encontrados hacia Perú, dijo Symes. "Por un lado, dicen que los derechos humanos son importantes, por otro que la protección de las inversiones es lo importante, y que no vamos a hablar sobre cosas como derechos laborales, derechos humanos o desarrollo democrático".
Roger Clark, presidente del capítulo en Canadá de Amnistía Internacional, dijo que había una relación entre la inversión, el comercio y los derechos humanos.
"Queremos coherencia entre comercio y políticas de derechos humanos. Queremos que los inversores canadienses en Perú respeten normas básicas, y queremos que las ONG, grupos ambientalistas y comunidades locales tengan voz y voto en la forma en que se lleva a cabo el desarrollo en ese país", reclamó Clark. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/lp/hd ip/98
