El gobierno de Chile rechazó el fallo de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que confirmó la competencia de la justicia de ese país para procesar al ex dictador Augusto Pinochet, actualmente retenido en Londres.
El dictamen español causó, en cambio, regocijo en los organismos humanitarios, reacciones disímiles en los partidos oficialistas y réplicas indignadas en la oposición de derecha.
El asunto fue abordado el viernes, pocas horas después de la resolución judicial, por el presidente Eduardo Frei y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros, en un almuerzo en que participaron también los ministros del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
El escenario de la batalla judicial y diplomática en torno al ex dictador y senador vitalicio cambió radicalmente con el fallo español, pese a que el mismo viernes el Tribunal Superior de Londres le otorgó libertad condicionada bajo fianza.
Se desató así una virtual batalla contra el tiempo en torno a los trámites judiciales pendientes tanto en Inglaterra como en España y las posibilidades del general Pinochet de regresar a Chile la próxima semana.
La Cámara de los Lores de Gran Bretaña debe entender el miércoles en la apelación al fallo del Tribunal Superior de Londres, que hace dos días reconoció inmunidad diplomática a Pinochet en su condición de ex jefe de Estado (1973-1990).
El dictamen de los Lores podría anticiparse al pedido de extradición de Pinochet que haría el día 6 al gobierno británico el juez español Baltasar Garzón, a cargo de los procesos en Madrid contra las antiguas dictaduras de Chile y Argentina.
El senador derechista Francisco Prat dijo desde Londres a una emisora santiaguina que si se ratifica la inmunidad de Pinochet, lo recomendable es embarcarlo de inmediato de regreso a Chile en un avión-hospital enviado hace una semana a la capital británica.
La libertad bajo fianza condicional que favoreció al ex dictador el viernes lo obliga a permanecer en territorio británico hasta que se resuelva sobre la apelación.
Pinochet, detenido el 16 de octubre en el centro médico London Clinic, donde fue operado de una hernia discal, fue trasladado el jueves al Groveland Priory Hospital, una exclusiva clínica de rehabilitación psiquiátrica de las afueras de Londres.
El canciller José Miguel Insulza dijo que el gobierno chileno estudia la posibilidad de llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya el litigio por el fallo de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que puede derivar en una orden internacional de captura de Pinochet.
Insulza reiteró que el ex dictador goza de inmunidad diplomática y que el gobierno de Chile no acepta la extraterritorialidad de la justicia, oponiéndose, por lo tanto, a su juzgamiento en un tercer país.
El canciller, militante del Partido Socialista (PS), recordó que en el proceso que instruya el juez Garzón están encausados alrededor de 40 altos funcionarios y mandos militares de la dictadura de Pinochet, algunos de los cuales ya fallecieron.
El vicepresidente del PS Camilo Escalona dijo, en cambio, que el fallo español confirmó que la Operación Cóndor, plan represivo conjunto de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70, no reconoció fronteras y que, por lo tanto, no cabe reclamar el principio de "no extraterritorialidad" de la justicia.
El senador Sergio Bitar, presidente del también oficialista Partido Por la Democracia, dijo que el dictamen español tiene gran importancia y llamó a no observar el caso Pinochet "como un partido de tenis, en que se gana uno u otro set".
Los socialistas, Bitar y el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Enrique Krauss, coincidieron en que está pendiente el hacer justicia por las violaciones de derechos humanos en Chile, pero la DC insistió en respaldar las acciones del gobierno a favor de Pinochet.
En la oposición derechista, los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (PRN) coincidieron en calificar el fallo de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España de "acto de colonialismo".
Los presidentes de la UDI, Pablo Longueira, y del PRN, Alberto Espina, reactualizaron su propuesta de que Frei envíe a Londres y Madrid comisiones de alto nivel para interceder en favor del ex dictador y refutar el fallo de la justicia española.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos, Sola Sierra, expresó un gran satisfacción por la declaratoria de competencia de justicia española para juzgar a Pinochet, en cuya dictadura se produjeron 3.190 crímenes contra los derechos humanos.
"Este es un acto de justicia y una lección para el gobierno de Chile, que debería actuar con neutralidad en este caso", dijo Sierra. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/98
