Los efectos sociales de la crisis financiera empiezan a provocar reacciones en Brasil, con huelgas en el sector público y búsqueda de alternativas negociadas en la industria.
Cuatro meses sin recibir sus salarios agotaron la paciencia de los funcionarios públicos de Espíritu Santo, pequeño estado del centro-este brasileño. Una huelga iniciada el martes provocó el colapso de los servicios públicos, especialmente en las principales ciudades.
El gobernador estadual, Vitor Buaiz, del Partido Verde, amenazó pedir la movilización de las Fuerzas Armadas para asegurar la seguridad pública, ya que su policía adhirió a la protesta.
Su estado enfrenta dificultades financieras hace mucho, porque solo el pago de los salarios de sus 72.000 funcionarios consume 87 por ciento de su recaudación fiscal.
La insolvencia, según Buaiz, se debe a una ley nacional que concedió exención de impuestos estaduales a productos exportados. Con puertos atlánticos importantes la exportación tiene gran peso en la economía del estado, que no recibió las compensaciones prometidas por el gobierno central.
En Mato Groso del Sur, estado del centro-oeste de Brasil, los 24.000 funcionarios de la enseñanza, la mayoría profesores, iniciaron una huelga el día 15 para reclamar el pago de sus sueldos de octubre. Los policías civiles, 1.380 en total, adhirieron una semana después.
Una situación un poco menos dramática viven otros gobiernos estaduales que difícilmente podrán pagar el aguinaldo de sus funcionarios este mes. Rio de Janeiro, segundo estado brasileño en importancia económica, se incluye en este grupo.
El gobierno central poca ayuda puede ofrecer, ante el recorte de gastos que se impuso para enfrentar la crisis financiera y obtener el aporte de 41.500 millones de dólares encabezado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se formalizará la próxima semana.
Para cumplir una ley que prohíbe que los gastos salariales superen 60 por ciento de su recaudación, muchos gobiernos estaduales y municipales tendrán que hacer despidos masivos el próximo año, ampliando sus conflictos laborales.
Los funcionarios públicos, en su mayoría con derecho a salario vitalicio, tienden a ser los trabajadores que más frecuentemente recurren a la huelga para luchar por sus intereses.
En el sector privado, el desempleo creciente debilitó los sindicatos, obligándolos a renunciar a la huelga como forma de lucha principal.
La perspectiva de despidos masivos en los próximos meses, como consecuencia de la recesión económica provocada por la crisis financiera, los hizo más flexibles aun en la negociación de acuerdos con las empresas, buscando salvar empleos.
La industria de piezas de vehículos deberá despedir hasta marzo a 30.000 obreros, 17 por ciento de su total de empleados, si no mejora la demanda por vehículos, advirtió el presidente del gremio sectorial, Paulo Bátori.
A eso se deben sumar 20.000 despidos de las montadoras de vehículos, temen los sindicatos de metalúrgicos, tradicionalmente los más organizados y combativos del país.
Eso es consecuencia de la crisis asiática que comenzó en 1997, que obligó a una brutal alza de intereses en Brasil, repetida hace dos meses, después de la moratoria de Rusia. Se prevé que la producción de vehículos caiga 25 por ciento este año, de 2,07 millones de unidades en 1997 a poco menos de 1,6 millones.
El Sindicato de Metalúrgicos de Sao Paulo firmó este martes el primer acuerdo de suspensión temporal del contrato, una medida de "flexibilización" laboral impuesta por el gobierno. Por cuatro meses 28 obreros, dejarán de trabajar, recibiendo una ayuda para sobrevivir.
Al final de ese período la empresa decidirá si los mantiene como empleados o los despide.
En otros acuerdos los trabajadores están renunciando a ventajas como pago adicional por trabajo nocturno u horas extras para conservar empleos.
Las empresas amenazan con despidos y "aprovechan el momento para reducir derechos conquistados anteriormente", se lamentó Wilson Amorim, investigador de una organización de asesoría sindical.
Pero aun así estallan pequeñas huelgas por aumentos salariales en defensa del empleo. Ocho mil metalúrgicos de Sao Paulo interrumpieron su trabajo por una o dos horas el lunes. Once mil trabajadores del puerto de Santos, el mayor del país, iniciaron este martes un paro de dos días.
La situación tenderá a agravarse en el primer trimestre de 1999, cuando se prevé un gran aumento del desempleo, sumándose la baja actividad usual en ese período a los efectos del alza de tasas de interés y del ajuste fiscal, que eleva impuestos y reduce gastos sociales.
El desempleo abierto podría alcanzar entre 12 y 13 por ciento, según expertos como José Marcio Camargo, de la Universidad Católica de Rio de Janeiro. Eso representa más de ocho millones de desempleados, casi el doble de la cantidad actual. (FIN/IPS/mo/mj/if lb/98
