Jóvenes y pobres, son los rasgos comunes de las víctimas de la represión policial en las principales ciudades de Argentina, especialmente en esta capital, que se cobró más de 400 vidas desde el restablecimiento de la democracia, en 1983.
"Estamos realmente desamparados. El poder político y la justicia hacen oídos sordos, sólo tenemos el apoyo de nuestros abogados y de algunas entidades", advirtió a IPS Mabel Maidana, madre un joven de 17 años asesinado por la policía.
"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal policial son, sin duda, uno de los principales problemas que enfrenta la democracia en Argentina", asegura un informe presentado la semana última por Human Rights Watch/Americas, de Estados Unidos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina.
El trabajo, titulado "La brutalidad policial contribuye a la inseguridad", sostiene que las fuerzas de orden público son excesivamente violentas y no respetan los estándares internacionales de derechos humanos.
"Todos los días, muchos de esos abusos son recogidos por la prensa argentina, en artículos sobre jóvenes muertos en comisarías, desaparecidos luego de ser arrestados por la policía, inocentes baleados en tiroteos innecesarios o supuestos criminales abatidos en dudosos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", se advierte en el informe.
En 250 páginas, el documento da cuenta de "la inseguridad que provocan en la población los numerosos casos de violencia de agentes de las fuerzas de seguridad y la participación de altos funcionarios policiales en escándalos de corrupción".
Entre otros factores de inseguridad, el estudio incluye "la existencia de leyes y prácticas violatorias de los derechos fundamentales y las deficiencias estructurales de las instituciones (policiales) en el reclutamiento, la formación y el control de sus miembros".
En su introducción hace referencia a las sospechas de participación de policías en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en julio de 1994 provocó la muerte de más de 80 personas, y en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, en enero de 1997.
En sus conclusiones, Human Rights Watch y el CELS consideran imprescindible "construir fuerzas policiales profesionales, eficaces y sujetas a mecanismos de control, transparentes e idóneas y respetuosas de los derechos humanos".
"El trabajo del CELS es un buen trabajo de recopilación, pero no plantea que esas muertes son parte de una política represiva, no sólo un problema de abuso policial", señaló a IPS el abogado León Zimerman, representante de familias de jóvenes asesinados por la policía.
"La represión de los sectores populares no es un problema de este gobierno, sino que viene desde la dictadura militar", agregó.
Según Zimerman, que integra la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el pensamiento de oienta esa represión dice que "para controlar a la gente hay sembrar el temor y para eso son necesarias las 'policías bravas".
"Hay quienes han enseñado a los policías esa metodología, son los mismos que después los protegen y los encubren", aseguró.
Zimerman y la abogada María del Carmen Verdú, también de Correpi, sostienen que la represión no está asociada con "escudos políticos".
"La (central) provincia de Córdoba es donde, en proporción a la población, se han registrado más muertes sumarias a manos de la policía, y esa provincia está gobernada por los radicales" (de la Unión Cívica Radical, opositora al gobierno), destacó Verdú.
El índice también es alto en otras provincias, administradas por el gobernante Partido Justicialista (peronista) o por partidos provinciales.
Verdú señaló que el informe del CELS comprende a todas las personas muertas por la policía, mientras que la Correpi se dedica a aquellos casos en que "la víctima no revestía ningún peligro, ni para sí, ni para terceros. Es decir, no tomamos (en cuenta) los enfrentamiento reales".
"Nosotros nos ocupamos de las muertes absurdas, de los fusilamientos y de las desapariciones", declaró a IPS la abogada, para quien el informe del CELS "llama a confusión".
"¿Qué es ser excesivamente violento?. Es como hablar de víctimas inocentes. ¿Eso quiere decir que hay víctimas culpables?", se preguntó Verdú.
El CELS y Correpi criticaron al presidente Carlos Menem, quien semanas atrás abogó por "mano dura" para combatir la creciente delincuencia en Argentina.
Human Rights Watch y el CELS consideran que esa apelación de Menem "es contraproducente en momentos en que hay que profesionalizar a las fuerzas policiales y responsabilizar a los oficiales por los abusos".
Verdú, por su parte, opina que "se busca legalizar una política que ya está en marcha" y que "no tiene por objeto reprimir el delito, sino legitimizar la represión de las manifestaciones (de protesta) que se multiplican por los crecientes conflictos sociales".
Según Correpi, la represión es especialmente grave en "la provincia de Buenos Aires", la más poblada de Argentina, "que concentra 45 por ciento de los casos de todo el país".
"En 1997, el promedio de edad de las víctimas fue de 17 años y en su enorme mayoría pertenecían a los sectores más desprotegidos en lo social y económico", afirmó Verdú.
En cuanto a la justicia, "sólo 10 por ciento de los casos han sido debidamente esclarecidos", destacó Zimerman, quien afirmó que, en el curso de las investigaciones, los familiares y los testigos de los asesinatos "reciben frecuentes amenazas e intimidaciones".
Mabel Maidana confirma esa realidad. "Mucha gente no se anima a denunciar. Tiene miedo y, como sabe que nada le va a devolver a su hijo (muerto), no lucha".
El hijo de Maidana, Maximiliano, un estudiante secundario que jugaba en las divisiones inferiores del club de fútbol River Plate, murió en enero de 1997 a 40 metros de su casa, en Talar de Pacheco, un barrio obrero de la provincia de Buenos Aires.
Según 26 testigos, no hubo ningún enfrentamiento. Dos policías comenzaron a disparar y Maximiliano cayó frente a sus familiares, amigos y vecinos, mientras intentaba cruzar la calle para llegar a su casa.
"Aquí nadie investiga nada", aseguró Maidana, quien sólo fue llamada a declarar ante el juez en junio último, un año y medio después del asesinato de su hijo.
"Cuando te quitan un hijo ya no te pueden quitar nada. Pero cuando el que te lo arrebata es quien tendría que cuidarlo y protegerlo, ya no sabes que pensar. La vida se hace muy difícil", agregó. (FIN/IPS/va-ff/hd/98
