La primera Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile nació con el fin de asesorar a las comunidades en los cada vez más frecuentes conflictos ecológicos con empresarios y autoridades.
Cinco abogados integran el equipo jurídico de esta organización no gubernamental creada en junio, pero que hizo su presentación en sociedad sólo este mes con el respaldo de los principales grupos ecologistas del país.
Entre los objetivos de FIMA están las acciones judiciales en defensa del ambiente junto a comunidades, el resguardo de las normas de interés público en esta materia y la capacitación de abogados jóvenes, dijo su presidente, Fernando Dougnac.
El nacimiento de esta fiscalía es un signo de los tiempos en un país como Chile, donde los conflictos ambientales van en aumento, generalmente vinculados a grandes proyectos de inversión de empresarios privados o del sector público.
FIMA será el "brazo judicial" de las organizaciones no guernamentales ecologistas que hasta la fecha han desempeñado frente a esos conflictos un papel más bien de denuncia y agitación de la mano con las comunidades afectadas por los llamados megaproyectos.
Los principales grupos ambientalistas ligados a esta iniciativa son la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace), el Instituto de Ecología Política (IEP) y el Comité Nacional Pro Defensa de Fauna y Flora (Codeff).
Estas organizaciones forman parte a su vez de iniciativas creadas con fines específicos en determinadas regiones, ciudades o barrios cuyas comunidades se oponen a proyectos que les representan un alto costo ambiental.
Es el caso del Grupo de Acción por el Bío-bio (GABB), que dirige las movilizaciones contra la construcción de represas hidroeléctricas en el curso superior del río Bío-bio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Otra expresión comunitaria es el Comité del No a la Costanera Norte, que reúne a vecinos de varios barrios de la capital incluidos en el trazado de una autopista que seguirá de este a oeste el curso norte del río Mapocho.
"Ya tenemos varias iniciativas que se están desarrollando, la mayoría de carácter legal", indicó Dougnac, un abogado de vasta experiencia en asuntos ambientales que ya ha asesorado al GABB, el IEP, Codeff y Renace.
En la actualidad, la FIMA está tramitando en los tribunales cuatro recursos de protección para evitar que prosperen proyectos de inversión o se apliquen normativas que consideran lesivas para el derecho a vivir en un ambiente limpio, consagrado por la Constitución de 1980.
El primer recurso es contra la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente, por haber autorizado el proyecto Trillium, en Tierra del Fuego, extremo austral del país, para la explotación de unas 2.500 hectáreas de bosques nativos de lenga.
En el caso de Trillium, el propio Dougnac auspició en 1996 un recurso que fue acogido por la Corte Suprema y que obligó al gobierno de Eduardo Frei a dar curso al reglamento de la Ley Marco del Medio Ambiente, hasta entonces paralizado.
Un segundo recurso es contra el propio Frei, por un decreto que fijó niveles máximos de material particulado dentro de los sistemas de medición de la calidad del aire en la Región Metropolitana (Santiago).
Para los ecologistas, los niveles que fijó el mandatario están por debajo de los parámetros óptimos que den garantías a la salud de la población en una ciudad como Santiago, considerada entre las tres más contaminadas de América Latina.
Otra causa en que participa la FIMA es la de Mehuín, una comunidad de pescadores de la zona de Valdivia, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, que rechazan la construcción de un ducto de desagüe al mar de una planta de celulosa.
Un poco más al sur de Mehuín, en Puerto Montt, los abogados ecologistas presentaron otro recurso de protección contra el proyecto Cascada Chile, para producir astillas mediante la explotación de bosques nativos.
Dougnac anunció que la fiscalía velará también por los derechos generales de la población en materias de interés público, como el libre acceso a las playas, lagos y otros lugares de descanso y práctica de turismo ecológico.
El grupo de juristas participa igualmente en una consultoría multidisciplinaria cuyo propósito es promover el desarrollo sustentable y la revitalización del barrio Concha y Toro, uno de los más típicos y tradicionales de Santiago.
Los abogados que trabajan junto a Dougnac son Marcelo Castillo, Lorenzo Soto, José Ignacio Pinochet y Miguel Fredes, todos ellos interesados en desarrollar la veta ambiental del derecho en Chile.
"Queremos transformar a FIMA en una escuela. Tenemos muchos socios y jóvenes que son alumnos de Derecho que están dispuestos a trabajar en esta causa", dijo Dounac.
"Como no existen cátedras o hau muy pocas especializadas en el medio ambiente, nosotros queremos formar una escuela en el ejercicio mismo de la defensa de los derechos ambientales", concluyó el jurista. (FIN/IPS/ggr/mj/en/98
