Grupos ecologistas elogiaron a seis científicos del sector público de Canadá por resistir la presión del gobierno y de la industria química para la aprobación del uso de una hormona de crecimiento del ganado.
La hormona somatotropina bovina recombinada (rBST) se usa desde hace cinco años en Estados Unidos, pero no puede aplicarse en este país mientras no haya autorización del Departamento de Salud de Canadá.
Los seis científicos del Departamento manifestaron en público su rechazo a la rBST y denunciaron las presiones que recibieron para aprobarla.
La directora de la organización ambientalista Sierra Club de Canadá, Elizabeth May, destacó que los seis científicos arriesgaron su carrera al realizar la denuncia. Ahora ellos presentaron sus reclamos ante un tribunal de arbitraje para causas civiles.
"La parte central de sus reclamos es que la salud de los canadienses queda comprometida con la cultura de la aprobación del Departamento de Salud", dijo May.
Añadió que ellos "están presionados para la aprobación de fármacos, de medicamentos veterinarios, de sustancias incorporadas a los alimentos de los canadienses sin supervisión adecuada", y advirtió que "se han hecho acusaciones muy serias".
Los científicos decidieron exponer el caso tras la aprobación, pese a sus advertencias, de una serie de medicamentos y hormonas de crecimiento, comentó May.
Una de esas hormonas, conocida como Revelor H y destinada a mejorar la producción de carne bovina, "fue aprobada con objeciones de tres científicos del Departamento de Salud, quienes consideraron insuficientes las pruebas sobre la inocuidad de esta hormona".
"Esto ocurrió justo cuando Canadá desafió la prohibición europea a las hormonas para bovinos ante la Organización Mundial del Comercio. La interferencia política y las presiones del fabricante contribuyeron a la aprobación del Revelor H antes de lo pautado", agregó.
Ahora el Sierra Club demandó una investigación del proceso de aprobación de sustancias empleado por el Departamento de Salud.
El gobierno canadiense negó las denuncias de los científicos. El ministro de Salud, Allan Rock, aseguró al parlamento que la rBST aún no fue aprobada y que no se procederá a hacerlo mientras no quede demostrada su inocuidad.
Ante las denuncias, las autoridades del Departamento de Salud crearon dos grupos destinados a analizar el tema.
Uno de los equipos está formado por veterinarios y el otro por miembros de la Facultad Real de Médicos y Cirujanos.
Pero los críticos de esta medida denunciaron que uno de los miembros independientes de la Facultad es la nutricionista Rejeanne Gougeon, de la Universidad McGill, quien trabajó como consultora de una empresa agroquímica estadounidense relacionada con la producción de la hormona.
Maude Barlow, directora del Consejo de Canadienses (una organización no gubernamental que lucha contra el libre comercio), dijo que el gobierno está cediendo poder en cuanto a la salud pública.
"Creemos que el Departamento de Salud está bajo tremendas presiones de la industria farmacéutica, y por lo tanto está a punto de aprobar esta sustancia", afirmó la directora del Consejo.
"Es posible que los jefes ordenaran a estos científicos abstenerse de dar declaraciones públicas, pero ellos demostraron su valor al dar la cara".
Barlow denunció que el gobierno canadiense pretende hacer de este país "el lugar preferido para los negocios, desde el punto de vista de las regulaciones", y por lo tanto ordenó a los encargados de poner límites "apoyar las necesidades estratégicas de las industrias en vez de las del pueblo canadiense".
"En otras palabras, esto implica que la oficina gubernamental para la protección de la salud de los canadienses ahora está al servicio de las empresas de alimentos, medicamentos y químicos. Los científicos son obligados a aprobar sustancias que no son aptas para consumo humano o animal", afirmó.
Añadió que "la inspección de alimentos está a cargo una agencia renovada cuyo objetivo es promover el comercio y no proteger la salud. En la práctica se trata de la entrega al empresariado de la oficina gubernamental encargada de proteger la salud, así que nadie tendrá a su cargo la salud humana o animal".
Se prevé que las audiencias ante el tribunal civil encargado de analizar las denuncias de los científicos durarán varios meses. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/lc-ml/he/98
