La justicia argentina rechazó la querella presentada contra el juez español Baltasar Garzón por un grupo de generales retirados, que lo acusaron de poner a este país en riesgo de guerra interna al investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).
El fallo del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña que negó inmunidad penal al ex dictador chileno Augusto Pinochet inquieta a los militares argentinos que derrocaron el gobierno de Isabel Perón en 1976 y desencadenaron una feroz represión que provocó miles de muertos y desaparecidos.
El juez federal Gabriel Cavallo desestimó la presentación efectuada por los abogados Florencio y Ramiro Varela, quienes patrocinan a los generales Ramón Díaz Bessone, Eduardo Harquindeguy, Juan Bautista Sasiaín, Fernando Verplaetsen, Jorge Maradona, Luis María Mendia y Jorge Perren.
Esos militares retirados figuran en la lista de "querellados imputados" difundida el 16 de octubre por el juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional de España, a cargo de Garzón.
La lista incluye a 153 militares y oficiales de fuerzas de seguridad que serán detenidos si salen del territorio argentino.
En su presentación, los querellantes acusaron al magistrado español de delitos contra la dignidad de la Nación y privación de la libertad.
Garzón pidió la captura internacional de Jorge Videla y Emilio Massera, integrantes de la junta militar instalada en 1976 en Argentina, que están detenidos en este país por el secuestro de hijos de desaparecidas.
También solicitó el arresto y trabó embargo sobre los bienes de otros responsables de la represión ilegal en Argentina. Se trata de los generales Carlos Suárez Mason, Leopoldo Galtieri y Antonio Bussi, actual gobernador de la provincia de Tucumán.
"Todos los hechos atribuidos por Garzón a los ciudadanos argentinos" son ya "cosa juzgada", destacaron los ex generales en su acusación.
"Al desconocer tal circunstancia, el denunciado está insultando la potestad soberana de la justicia argentina e ignorando lo dispuesto por el derecho internacional en relación a la cosa juzgada", agregaron.
Pero Cavallo sostuvo que "en nada afecta que un juez extranjero juzgue delitos cometidos en territorio nacional desde la óptica del ordenamiento jurídico penal argentino, en tanto no se afecten los intereses públicos de nuestro país".
En tanto, la jueza María Servini dispuso el viernes de noche la internación del detenido Massera en el Hospital Naval, para que se le realice una revisación, luego de que los médicos forenses detectaran un problema cardíaco a ese almirante retirado.
Los médicos encontraron una leve alteración en el ritmo cardíaco del marino de 73 años, cuya defensa ha solicitado que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario que la ley argentina contempla para los detenidos mayores de 70 años.
Servini ordenó el martes el arresto de Massera en el marco de las investigaciones que lleva adelante por el secuestro y cambio de identidad de dos bebés nacidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La ESMA, que dependía de Massera, fue uno de los más terribles centros clandestinos de detención durante la dictadura. Allí se realizaron partos clandestinos y el secuestro de bebés, cuyas madres continúan desaparecidas.
Por su parte, otro de los militares procesados por Garzón, el general retirado Luciano Menéndez, sostuvo que los procesos por el secuestro de menores durante la dictadura "son inconstitucionales".
"La Constitución dice que nadie puede ser juzgado por otros jueces que los designados por ley antes del hecho de la causa", dijo a la prensa argentina Menéndez, quien participó activamente en el derrocamiento del gobierno constitucional en 1976.
"Los jueces que existían por ley en la época de la guerra contra la subversión eran los de la Justicia Militar", agregó Menéndez, quien no aclaró que así lo dispusieron quienes tomaron el gobierno por asalto.
En su opinión, "es inconstitucional" la intervención en el caso de tribunales ajenos a la justicia militar. "Ya lo fueron los juicios anteriores", dijo, en referencia a los procesos contra las juntas militares que se llevaron a cabo en 1985.
Tras señalar que quiere "creer que no se repetirá una violación de la Constitución", Menéndez negó que hubiera existido un "plan de apropiación o desaparición de niños" durante la dictadura.
"Eso es una aberración, una burda fabulación como tantas otras cosas", sostuvo, para sugerir luego que tal vez se trataba de "niños abandonados", que "los jueces de menores, al no encontrar ni padre, ni madre, ni abuelos, los ubicaban en una familia".
Menéndez está involucrado en la causa por la apropiación del hijo de Silvina Parodi, que fue secuestrada en marzo de 1976, cuando llevaba seis meses de embarazo.
Parodi dio a luz en el campo clandestino de detención conocido como "La Perla". Continúa desaparecida y su madre, Sonia Torres, todavía busca a su nieto.
Menéndez era el responsable del Tercer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en la provincia de Córdoba, donde se hallaba "La Perla".
En la actualidad, los únicos procesos que se pueden seguir contra los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura son los relacionados con el secuestro y cambio de identidad de menores.
Luego de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), y de los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem a los comandantes condenados a cadena perpetua, sólo están detenidos Videla y Massera. (FIN/IPS/va/ff/ip hd/98
