El Estado argentino deberá pagar una indemnización de casi 900.000 dólares a los padres de un soldado asesinado en 1994 cuando cumplía el servicio militar obligatorio, según estableció un fallo judicial que responsabilizó al Ejército del crimen.
El asesinato del soldado Omar Carrasco conmovió a la sociedad argentina y determinó al presidente Carlos Menem a hacer lugar a demandas populares y eliminar el servicio militar obligatorio.
Carrasco, de 19 años, falleció a los tres días de ingresar al cuartel de Zapala, en la provincia patagónica de Neuquén, luego de haber sido golpeado brutalmente por dos compañeros, Víctor Suárez y Cristian Salazar, por orden del subteniente Ignacio Canevaro.
Canevaro fue condenado en 1996 a 15 años de prisión, y Suárez y Salazar a 10 años cada uno.
En el fallo que ordena el pago de indemnización, correspondiente al juicio civil iniciado por los padres de la víctima, los jueces consideraron que "el monto (886.000 dólares) por el daño moral tiene carácter ejemplificador y sancionatorio para quien tenía bajo su guarda a Carrasco". Es decir, para el Ejército.
La agresión que causó la muerte de Carrasco no necesitó motivos. En la orden impartida por Canevaro se combinaron dos tradiciones arraigadas en el régimen del servicio militar obligatorio: el abuso de autoridad de los oficiales y suboficiales sobre los conscriptos y el ensañamiento con los jóvenes más pobres.
La brutalidad del caso conmovió a la opinión pública y sumó críticas contra las Fuerzas Armadas argentinas, ya desprestigiadas por su participación en la represión ilegal de los tiempos de la dictadura (1976-1983).
La guerra con Gran Bretaña por las islas Malvinas, en la que murieron centenares de jóvenes bajo bandera, aumentó la resistencia de la mayoría de los argentinos a poner en manos de los militares la vida de sus hijos adolescentes.
Ese fue el punto de partida de una serie de acciones, entre ellas la presentación de petitorios realizados en todo el país, para conseguir la eliminación del servicio militar obligatorio.
El 31 de agosto de 1994, a seis meses del asesinato de Carrasco, Menem puso fin por decreto a un sistema que obligaba a los varones argentinos que cumplían 18 años a realizar un año de instrucción y servicios en dependencias de las fuerzas armadas.
El 6 de marzo de 1994, Carrasco fue atacado a puntapiés y golpes de puño por otros dos conscriptos, uno de los cuales le desprendió un ojo con un palo, inducidos por Canevaro a "avivarlo" .
Luego de matarlo, abandonaron su cadáver en una cisterna. Seis días más tarde, Carrasco fue declarado desertor por el Ejército.
El cuerpo del joven fue trasladado más tarde a un baño que estaba fuera de uso y permaneció allí durante 30 días, hasta ser llevado a un descampado, donde fue hallado el 6 de abril de 1994.
Carrasco pertenecía a una familia pobre, era humilde, pacífico, respetuoso de los superiores y con un gran sentido de valores religiosos, destacaron en su fallo los jueces que ordenaron indemnizar a los padres de la víctima.
Los abogados del Ejército recurrieron a todo tipo de argumentos para desestimar los reclamos de los familiares del joven asesinado. Llegaron incluso a poner en duda la paternidad de los Carrasco.
El tribunal consideró que esos hechos constituyeron "agravios hacia los progenitores del soldado, a quienes se les mintió, se les humilló deliberadamente con todo tipo de encubrimientos y mentiras, que hoy son materia de juicios a militares de alta graduación".
La decisión judicial asignó a los padres del soldado 236.000 dólares de resarcimiento por la pérdidae la fuerza laboral del soldado y 650.000 por daño moral.
Los padres de Carrasco son pobres y no tienen trabajo. Su hijo era la fuente de ingresos para el grupo familiar.
En marzo de 1997 los padres del joven comenzaron a percibir una ayuda económica del Ejército. El jefe del Ejército, el general Martín Balza, manifestó preocupación por la situación económica de los Carrasco y dispuso que cada uno de los 32 generales en actividad donara 25 dólares de su salario mensual.
Pero esa ayuda económica de 800 dólares duró sólo unos meses. En julio del mismo año, el Ejército la convirtió en una pensión de 396 dólares mensuales.
Ahora, los abogados y la familia de Carrasco esperan que Balza dé instrucciones para que los representantes legales del Ejército no apelen el fallo que ordenó la indemnización.
El caso Carrasco tuvo ribetes de escándalo cuando las investigaciones demostraron que oficiales del Ejército habían mentido, ocultado y destruido evidencia para encubrir el asesinato.
En estos momentos tiene lugar un segundo juicio vinculado con la muerte del soldado, en el que se investiga la responsabilidad de seis altos oficiales del Ejército en el encubrimiento del crimen. (FIN/IPS/va/ff/hd/98
