El Banco Mundial avala un proyecto de ley del gobierno argentino que otorga fondos públicos al Banco Central nacional para querellar a la prensa que cuestione su gestión.
El Banco Mundial respalda un texto que sería elevado la semana próxima al parlamento para conceder inmunidad al presidente del Banco Central y a su directorio, reveló este viernes el diario Página 12.
El actual presidente de la autoridad monetaria, Pedro Pou, designado por el Senado para desempeñar esa función hasta el 2004, tiene abiertas cuatro causas judiciales como consecuencia de sus actos administrativos. Una de las causas fue promovida por tres diputados.
El proyecto prohibe "a personas que no sean funcionarios judiciales iniciar denuncias criminales contra los funcionarios" del Banco Central, aseguró Página 12.
También crea un fondo público financiado por el Banco Mundial para "defender a los funcionarios contra las publicaciones de la prensa escrita que no cuenten con la debida documentación" y que critiquen la gestión de las autoridades del Banco Central.
En un documento del organismo multilateral reproducido por Página 12 se señala la "conveniencia" de que el Poder Ejecutivo "propusiera un proyecto de ley y alentara al cuerpo legislativo del oficialismo a promulgar la protección de los funcionarios que actuando de buena fe tratan de llevar a cabo sus deberes públicos".
El texto hace globalmente referencia a las condiciones acordadas el martes con el gobierno de Carlos Menem para que el Banco Mundial desembolse fondos que permitan a Argentina hacer frente a la crisis financiera.
Interrogados por Página 12, corresponsales en Buenos Aires de los diarios económicos Financial Times, de Gran Bretaña, y Wall Street Journal, de Estados Unidos, comentaron que sería la primera vez que una autoridad monetaria de un país obtiene tales prerrogativas.
"No hay precedentes en la legislación comparada de algo así", comentó a su vez Martín Redrado, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
De aprobarse el proyecto, dos denuncias presentadas por tres diputados de la oposición y por una asociación de consumidores contra Pou por su actuación en la crisis que precedió a la quiebra del Banco Mayo, a principios de octubre, deberían ser consideradas improcedentes.
Por otro lado, la prensa se "vería amordazada" para realizar investigaciones en temas bancarios, según señala un editorialista de Página 12.
"El Banco Mundial no sólo fija exageradas condicionalidades para los créditos sino que también diseña mecanismos para amordazar" a los medios de comunicación, agrega el periodista. (FIN/IPS/dg/ff/ip/98
