Más de 100 defensores de derechos humanos de 44 países de Africa discuten en esta ciudad de Sudáfrica formas de protegerse a sí mismos en un continente de generalizada violación de derechos.
El periodista Pius Njawe, director de Le Messager, periódico decano de Camerún, salió de la cárcel en octubre, tras cumplir 10 meses de una condena a 12 en prisión por señalar en un artículo supuestos problemas de salud del presidente Paul Biya.
La vida en la cárcel era difícil, pero Njawe la soportó. Sin embargo, su esposa embarazada perdió a su hija debido al maltrato a que la sometieron los guardias durante las visitas a su esposo, aseguró el periodista.
"Perdí a mi hija en esta lucha. Mi esposa dio a luz a una hermosa niña, pero ésta nació sin vida. Así que decidí formar una fundación para ayudar a los presos de Camerún", explicó Njawe en la conferencia de Johannesburgo, que comenzó el lunes y concluirá este miércoles.
Cientos de defensores de los derechos humanos en Africa, como Njawe, son hostigados por gobiernos y grupos armados de la oposición.
En Túnez, las actividades de la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas están prohibidas, sus integrantes están en la cárcel y sus oficinas se encuentran bajo vigilancia policial.
En Kenia, activistas de derechos humanos sufrieron atentados con bombas, balazos, amenazas de muerte, torturas y detenciones arbitrarias bajo el gobierno de Daniel Arap Moi.
Zambia también es conocida por la detención de periodistas, y la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, señaló que el gobierno ha presentado 20 demandas judiciales contra el periódico The Post.
Así mismo, "a situación de los defensores de los derechos humanos se tornó sombría en República Democrática de Congo (RDC) desde que en agosto se desató la guerra civil", declaró Pierre Sane, secretario general de Amnistía Internacional.
"El 6 de agosto, Jacques Semurongo, un destacado integrante de la organización de derechos humanos Herederos de la Justicia, murió baleado en la RDC por los rebeldes", aseguró Sane.
Los países africanos se comprometieron a proteger los derechos de sus ciudadanos, como lo ordena la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero en los hechos, la mayoría de los gobernantes niegan los derechos humanos y persiguen a quienes denuncian esa actitud.
Los defensores de los derechos humanos arriesgan su vida en Africa y muchos la pierden, como fue el caso del escritor Ken Saro Wiwa, un activista opositor a la dictadura nigeriana que fue ejecutado en 1995.
El Estado no cumple con la responsabilidad de proteger los derechos humanos o es responsable de violarlos, en muchos de los países representados en la conferencia de Johannesburgo, afirma Amnistía Internacional.
La conferencia, que constituye el punto culminante de una serie de talleres regionales, producirá la Declaración de Johannesburgo, para presentarla en diciembre ante la primera cumbre mundial de defensores de los derechos humanos, en París.
Los participantes también solicitarán a la Organización de Unidad Africana que tome un papel más activo para mejorar la situación de los derechos humanos y adopte un documento de principios semejante a la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, cuya aprobación está prevista para diciembre por la Asamblea General de la ONU.
Los crímenes no acabarán si no se encuentra nuevas formas de hacer responsables a los gobiernos de sus actos y de informar a los ciudadanos sobre sus derechos, advirtieron algunos delegados en la reunión de Johannesburgo.
Por ejemplo, el ciclo de violencia continúa en Ruanda tras el genocidio perpetrado en 1994, cuando casi un millón de personas fueron asesinadas.
Unas 130.000 personas están encarceladas en Ruanda, a la espera de la resolución de los procesos por genocidio. Muchos se hallan detenidos desde hace años sin ser sometidos a juicio y menos de la mitad de quienes fueron procesados en 1997 tenían abogado.
Si bien hay entre ellos hay varios culpables, otros no lo son, aseguran los activistas de derechos humanos, y algunos fueron acusados de colaborar con el genocidio por motivos ajenos a la matanza en sí.
En Swazilandia, una de las últimas monarquías absolutas del mundo, la represión es más sutil, pero las consecuencias también son terribles. El gobierno anuló la constitución del país en 1973.
"En Swazilandia la expresión derechos humanos es desconocida para el gobierno. Desapareció en 1973, y desde entonces somos gobernados por decretos y leyes que se resuelven de la noche a la mañana", aseguró Mangcamane Maseko, secretario general de la organización activista Congreso Juvenil.
"Todas nuestras actividades como defensores de derechos humanos son respondidas con la violencia" estatal, denunció Maseko. (FIN/IPS/tra-en/gm/mn/aq-ff/hd/98
