Venezuela, durante décadas "exportador" de guías y métodos para elecciones democráticas en América Latina, decidió "importar" observadores internacionales para sus comicios regionales y presidenciales de noviembre y diciembre.
La razón es que en las elecciones de este fin de año en Venezuela se cruzan dos factores inéditos: estreno de organismo rector del proceso y de tecnología para el escrutinio, y debate entre las fuerzas en liza sobre el modelo mismo de democracia vigente hace 40 años.
Además, por primera vez desde que se reinstauró la democracia en 1958, son moneda corriente los rumores, advertencias y consiguientes desmentidos sobre una posible intervención militar si brota la violencia tras resultados reñidos o incluso dependiendo de quién gane el comicio.
El presidente Rafael Caldera (independiente socialcristiano) y el Consejo Nacional Electoral, árbitro del proceso, formalizaron la invitación al gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que envíen observadores.
Asdrúbal Aguiar, ministro del Interior, justificó el pedido del gobierno. "Es importante que podamos demostrarle al mundo que en este país lo que está ocurriendo es un proceso de transición histórica, de una democracia representativa a una de mayor participación del ciudadano", dijo.
El presidente del Consejo Electoral, Rafael Parra, dijo que envió invitaciones a unos 30 organismos. Entre los más interesados en acudir se cuentan el estadounidense Centro Carter y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Se prevé que el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, del Partido Demócrata, que visitará Ecuador el 4 y 5 de noviembre, concurrirá a Caracas para los comicios parlamentarios y de gobernadores regionales el día 8 de ese mes. La elección presidencial se prevé para el 6 de diciembre.
Esa doble tanda lleva a que se considere a las elecciones regionales como "primarias" para los comicios presidenciales, un fenómeno también inédito en este país donde el presidente se elige por mayoría simple, sin fórmula de segunda vuelta.
Los aspirantes a la presidencia en representación de los partidos tradicionales, el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el socialcristiano Copei, están disminuidos en las encuestas ante el predominio de dos candidatos independientes que encabezan alianzas ajenas a esos partidos.
Se trata del teniente coronel retirado Hugo Chávez, líder de una cruenta asonada golpista en febrero de 1992, quien encabeza los sondeos desde abril, y Henrique Salas, empresario que en el pasado militó en Copei y ascendió en las encuestas hasta el segundo lugar en octubre.
Detrás, rezagados, marchan Irene Sáez, independiente ex alcaldesa de un municipio caraqueño y Miss Universo 1981, candidata de Copei y otros grupos; Luis Alfaro, de AD; Claudio Fermín, ex abanderado de AD, y con porcentajes ínfimos otros ocho aspirantes.
Chávez, a la cabeza de una abigarrada suma de fuerzas procedentes de la izquierda y la derecha, promete llamar a un proceso constituyente para redefinir los poderes públicos constituidos a lo largo de cuatro décadas. Sus adversarios le acusan de pretender la instauración de un régimen autoritario.
Por años, Chávez sostuvo una prédica socioeconómica emparentada con el populismo y las tesis tradicionales de la izquierda. Sin embargo, durante la campaña ajustó su discurso a tal punto que todos se preguntan cómo gobernará en verdad.
Chávez llega ahora a invocar la "tercera vía" preconizada por el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair .
Salas, con un discurso igualmente impreciso aunque enmarcado en las líneas generales del liberalismo económico, nutre su prédica apartidista con referencias a una posible disolución del poder legislativo como el que practicó en 1992 el presidente peruano Alberto Fujimori.
En ese clima han sido constantes las invocaciones a la conducta probable de las Fuerzas Armadas si se produjese un resquebrajamiento del cuadro institucional del país, pero Caldera y el Alto Mando reiteran que respetarán escrupulosamente el resultado de los comicios.
Para reiterarlo, el Alto Mando inició esta semana reuniones con los candidatos presidenciales. Los militares en Venezuela están además a cargo de la seguridad y logística de los procesos electorales, y en cada jornada de votaciones "toman" el país con decenas de miles de uniformados.
John Maisto, embajador de Estados Unidos en Venezuela, acudió al llamado de Aguiar y comunicó el interés de Washington en participar con observadores a través de la OEA "porque ésta es una elección histórica, por razones que todos los venezolanos entienden perfectamente".
El nuevo gobierno seguirá a lo que se considera período de transición o de sofocamiento de la crisis política y militar abierta con dos sublevaciones militares en 1992 y el alejamiento del poder del presidente constitucional Carlos Andrés Pérez por decisión del Senado, en 1993.
Además, se aguarda que el próximo gobierno defina si Venezuela mantendrá, y de qué manera, el aperturismo económico (en especial la apertura petrolera a capitales extranjeros y la privatización de otras empresas estatales) marcado por severos programas de ajustes en 1989 y 1996.
"Los venezolanos tienen mucho interés en que estas elecciones sean las mejores y sus amigos democráticos queremos lo mismo", dijo Maisto. "La cosa va bien. Vamos a tener elecciones el 8 de noviembre y el 6 de diciembre", agregó el embajador.
Carlos Carbacho, representante de la OEA en Venezuela, aseguró que la organización enviará observadores, y otro tanto hizo su par de la UE, Robert Kumer. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro Carter ya enviaron representantes.
Freddy Díaz, del Movimiento al Socialismo, uno de los partidos que apoya a Chávez, expresó interés "en que vengan muchos observadores, cuanto más mejor, porque por primera vez el proceso será mecanizado y muchos resultados se prevén reñidos".
Los venezolanos sufragarán marcando tarjetones, como en procesos pasados, pero en 80 por ciento del territorio máquinas lectoras electrónicas harán el escrutinio, antes manual y confiado a representantes de los partidos políticos en las mesas de votación y centros regionales.
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral, integrado por técnicos independientes que debieron improvisar mecanismos de reemplazo al fenecido Consejo Supremo, integrado por miembros de partidos, resolvió algunas cuestiones apenas en el límite de tiempo o de recursos.
Las primeras máquinas escrutadoras apenas pudieron retirarse del puerto esta semana, debido a que faltaba la exoneración aduanera que correspondía al gobierno. El obispo católico Mario Moronta advirtió sobre los retrasos en instruir a los electores acerca del nuevo método de votación.
Otro problema del Consejo fue el manejo de los recursos, pues operaciones dolosas distrajeron sus esfuerzos, y la escasez de los mismos. Por ejemplo, ahora que se importarán observadores, se descubre que apenas se dispone de 180.000 dólares para financiar esa actividad.
Venezuela, que en el pasado asesoró procesos electorales en naciones de América Central y el Caribe que retornaban a la democracia, ahora precisa con redoblado interés que desde el exterior le ayuden a sostener la suya propia en la doble encrucijada de noviembre y diciembre. (FIN/IPS/jz/mj/ip/98
