Cientos de miles de rusos salieron hoy a las calles para protestar contra el atraso en el pago de salarios y pedir la renuncia del presidente Boris Yeltsin, en la mayor jornada de protesta nacional desde el colapso de la Unión Soviética.
La cantidad de manifestantes, que el gobierno estimó en 615.000 en todo el país, no alcanzó a los «millones» que habían predicho líderes sindicales y dirigentes del Partido Comunista (PC).
No obstante, decenas de miles de personas se congregaron cerca de la Plaza Roja de Moscú para exigir el pleno pago de sus salarios atrasados más un reajuste acorde a la inflación.
Algunos manifestantes exhibían pancartas que decían «Desaparece, Boris» cerca del Kremlin, donde un portavoz de la presidencia declaró que Yeltsin pasó «una jornada normal de trabajo».
Muchos trabajadores reciben sus salarios con meses de retraso y la inflación subió más de 60 por ciento desde que la crisis financiera golpeó al país, a mediados de agosto.
Millones padecen la inestabilidad económica, pero sorprendentemente, la reacción popular sigue siendo tranquila y la frustración generalizada aún no se manifestó en disturbios violentos.
El verdadero problema para el gobierno, según los analistas, radica en que, por primera vez en años, el PC y los sindicatos allanaron muchas de sus diferencias y acordaron realizar protestas en conjunto. Ambos comparten una misma causa: la renuncia de Yeltsin.
Pero la oposición de derecha no comparte su acción. «No es nuestra protesta, ya que está organizada por falsos sindicatos y los comunistas», declaró el dirigente ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky.
«Es una vergüenza marchar junto a los comunistas», manifestó la dirigente Valeria Novodvorskaya, dirigente del pequeño partido Unión Democrática.
Los sindicalistas también pretenden la disolución del parlamento, una medida resistida por el PC, la fuerza dominante del poder legislativo.
El PC tampoco se encuentra en posición de exigir la renuncia del gabinete, ya que muchos de sus integrantes están a cargo de varias carteras en el nuevo gobierno del primer ministro Yevgeny Primakov.
Antes de las protestas, Primakov solicitó a los manifestantes que respetaran la ley y no hicieran hundir «el barco de todos». En un discurso televisado, el primer ministro recordó al pueblo la promesa de su gobierno de pagar los salarios y las pensiones adeudadas.
El ministro de Justicia Pavel Krasheninnikov, con el fin de aplacar la iracunda retórica contra el Kremlin, advirtió que se podrían iniciar procesos penales contra los dirigentes opositores que pidieron la expulsión por la fuerza del gobierno.
Por ejemplo, la fiscalía considera el procesamiento del diputado comunista Albert Makashov, quien pidió la ejecución de Yeltsin y la expulsión de todos los judíos del país.
Makashov alcanzó notoriedad en octubre de 1993, cuando encabezó un levantamiento armado del parlamento contra Yeltsin y sufrió cinco meses de cárcel por su protagonismo.
«Las condiciones para la revolución socialista aún no están dadas, pero estamos haciendo todo lo posible para alcanzar ese fin», dijo Nina Andreeva, dirigente del pequeño y radical Partido Bolchevique y opositora de las reformas de mercado iniciadas hace una década por el ex presidente Mijail Gorbachov.
A pesar de la presencia de algunos extremistas, el PC y los sindicatos prometieron que las protestas serían pacíficas, y las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes graves.
La policía y el ejército -con la presencia de más de 15.000 efectivos sólo en Moscú- tuvieron poco que hacer. Funcionarios del gobierno dijeron que la manifestación en la capital congregó a unas 200.000 personas que marcharon hasta el borde de la Plaza Roja. (FIN/IPS/tra-en/sb/ml-aq/ip/98
