La violenta irrupción en el Palacio de Gobierno de Perú realizada por 300 opositores despertó hoy sospechas de opositores, según los cuales las autoridades pudieron haber previsto e incluso tolerado el hecho con fines políticos.
Los manifestantes ocuparon el miércoles durante varios minutos el patio del Palacio de Gobierno y saquearon el alojamiento de la Guardia Presidencial. Luego, fueron desalojados por soldados y policías mediante disparos al aire y gases lacrimógenos.
Pero la facilidad con la que los manifestantes rompieron la cadena que cerraba la puerta exterior e ingresaron al patio del Palacio, sin encontrar resistencia en la decena de soldados allí apostados, provocó suspicacias y recelos en la oposición.
Estos actos de violencia podrían desembocar en una ruptura de la unidad que procuran las fuerzas opositoras, que hasta ahora solo comparten la voluntad de cerrarle el paso a la reelección del presidente Alberto Fujimori, pero están lejos de encontrar un candidato aceptable para todos, prevén analistas.
Por otro lado, las escenas de violencia difundidas por la televisión después de algunas horas de reserva informativa podrían servir al gobierno para justificar en el futuro una represión violenta de los mítines opositores.
El congresista opositor Javier Alva Orlandini pidió que se esclarezca "la facilidad con la que la turba ingresó al Palacio de Gobierno y la aparente tolerancia policial y militar con sus excesos", y sugirió la posibilidad de que se trate de "una provocación del Servicio Nacional de Inteligencia".
El parlamentario Harold Foryth, de Union Por el Perú (UPP) partido que lidera el ex secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, negó que se trate de una negligencia. "No puedo creer que se descuide el Palacio de Gobierno", dijo en tal sentido.
Mientras, el presidente del Congreso y legislador oficialista Víctor Joy Way afirmó que "la violencia será contraproducente para quienes la promovieron".
"La ciudadanía está harta de violencia política después de casi 15 años de terrorismo", dijo.
Joy Way felicitó a policías y militares por haber desalojado a la turba sin apelar a sus armas de fuego, "pues los organizadores (de la manifestación) estaban buscando, sin duda, un muerto para exhibirlo con fines de agitación".
Otro incidente violento, de menor magnitud, se produjo en la entrada del Congreso, donde los manifestantes hirieron de una pedrada en el rostro a un parlamentario opositor que les pedía calma.
Lo ocurrido en el palacio de Gobierno y el Congreso fueron los incidentes más notorios, pero no los únicos, de la jornada de protesta callejera contra la política económica y contra la intención de Fujimori de postularse en el 2000 a una segunda reelección consecutiva.
Los organizadores de la protesta son el Foro Democrático de partidos opositores, organizaciones universitarias y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que la prepararon desde el 30 de agosto. El paro convocado para el mismo miércoles no fue acatado por la mayoría de los trabajadores.
En casi todas las ciudades importantes del país se realizaron desfiles contra la reelección de Fujimori y su política económica.
En Piura, en la costa norte, los manifestantes protestaron también la reducción de los horarios de riego agrícola, en Arequipa se incorporaron las reivindicaciones de los jubilados y en Puno, en la sierra sur oriental, consignas vinculadas con las próximas elecciones municipales.
Excepto en Arequipa, donde el sindicato de maestros logró suspender las clases de los colegios públicos "para proteger a los alumnos de la probable violencia", el paro laboral no fue acatado por los trabajadores.
En Lima no pudieron paralizarse las construcciones ni las clases escolares, pero la CGTP movilizó a centenares de trabajadores que marcharon junto con estudiantes universitarios por las calles de la capital.
Entre los 24 detenidos por la policía después de los incidentes en el Palacio de Gobierno y el Congreso, 18 eran estudiantes universitarios, cuyos dirigentes expresaron luego su desacuerdo con los desbordes de violencia.
El secretario general de la CGTP, Juan José Gorriti, calificó la irrupción en el Palacio de Gobierno como un "desborde no deseado por los organizadores de la marcha, que deseaban hacer una demostración pacífica contra las intenciones reeleccionistas de Fujimori".
"Reconocemos autocríticamente que no pudimos controlar a la gente y no puedo identificar a quienes propiciaron las acciones violentas porque había mucha gente y mucho alboroto", dijo Gorriti.
El sindicalista sostuvo que "la violencia ocurrida es fruto del descontento popular frente al desempleo y la conducta autoritaria del gobierno, que en lugar de amenazar con mayor represión debería tomar esto en cuenta para evitar que se generen situaciones peores en el futuro". (FIN/IPS/al/mj/ip/98)Gobierno y de la sede del Municipio metropolitano
