Los productores artesanales de 18 pequeñas ladrilleras de la costa norte de Perú utilizarán como combustible la cáscara de arroz desechada por los molinos, lo que evitará la tala de 10.000 toneladas anuales de árboles.
A los ladrilleros de La Huaca, en la provincia de Paita en Piura, no se les expusieron razones ecológicas para inducir ese cambio de conducta, sino argumentos más concretos e inmediatos, como la rentabilidad empresarial.
Se los convenció que era mejor para su negocio abandonar el empleo de la leña tradicional como combustible de sus hornos y sustituirla por un subproducto del arroz, principal cultivo de la región.
"Aunque los ladrilleros entendían que destruir el bosque los afectaría a todos, los discursos no conseguían hacerlos abandonar sus métodos ancestrales de hacer ladrillos, hasta que se les demostró que cambiando de combustible podían bajar sus costos", dice el ecologista Dennis del Castillo.
El de los ladrilleros de La Huaca es uno de los 11 proyectos de preservación ambiental que se desarrollan en distintos lugares de Perú, en base a un esquema de gestión privada y participación masiva de la población.
"Los proyectos tienen carácter piloto y generarán ingresos para las comunidades involucradas en su gestión. Estamos seguros que las experiencias exitosas se repetirán en otros lugares", señala Carlos Gasco, gerente del Programa Ambiente, Participación y Gestión Privada (Apgep).
"Sin participación activa de la comunidad, los programas corren el riesgo de convertirse en burocráticos (…) La meta es demostrar que la población puede explotar las riquezas naturales de su entorno en forma racional, y que, a largo plazo, el mejor negocio para las comunidad es preservar los recursos", añade.
Los 11 proyectos se desarrollarán en distintos escenarios geográficos y sociales: en las poblaciones ribereñas de los ríos de la selva, en los pastizales altoandinos, en zonas agrícolas de la sierra, en una barriada del puerto del Callao y entre los pescadores de la Bahía de Pïsco.
Los 11 proyectos, que fueron seleccionados de un total de 149, comenzaron a ejecutarse en julio pasado, bajo la dirección del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conam), con el aporte de 1,2 millones de dólares de agencias financieras externas.
En la selección participó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una organización no gubernamental que seguirá actuando como supervisora de los proyectos piloto.
"Las propuestas aprobadas combinan aspectos ambientales, económicos y sociales, y fomentan la participación de la población en el desarrollo de los trabajos de conservación de la riqueza natural", dice Jorge Caillaux, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
"La idea del programa es impulsarlos a crear empresas privadas que diseñen proyectos lucrativos de explotación de los recursos naturales de su entorno, cuidando su preservación o renovación", comenta.
Del Castillo señala que en la selva se desarrollan tres proyectos piloto de gestión ambiental comunitaria, uno ellos sobre el manejo de ecosistemas acuáticos, en el que participan 300 familias de una etnia selvícola, que completa su incipiente agricultura con la caza y la pesca.
"Los nativos realizan una pesca excesiva, estimulada por la posibilidad de vender sus pescados en una ciudad vecina y se les enseña a controlar la extracción y a mejorar su rentabilidad mediante técnicas de conservación y comercialización de sus recursos", dice.
Otro proyecto que se desarrolla en los escenarios selváticos es la recuperación, mediante sistema agroforestales, de los suelos depredados por explotación agrícola inadecuada.
Los colonos emigrados de la sierra tratan de poner en practica sus procedimientos ancestrales de cultivo, y la población nativa local los imita, sin tomar en cuenta que son inapropiados en los delgados y erosionables suelos de la selva.
"Dentro de este proyecto figura una agrupación de mujeres del distrito de Callería, a las que se ha enseñado a sembrar especies nativas de alto valor comercial, como raíces de uso medicinal y frutas, con el respaldo de e