Militares y policías cómplices de ladrones y narcotraficantes están involucrados en el asesinato de Pedro García, alto funcionario de la Fiscalía en el noroeste del Honduras, aseguró hoy el fiscal del Estado, Eduardo Orellana .
Orellana dijo que la muerte de García el domingo fue "por encargo". La Fiscalía interroga a detenidos y "todo apunta a que la autoría intelectual del crimen corresponde a gente vinculada" con ladrones de vehículos y narcotraficantes, entre quienes figuran "efectivos militares y de la policía".
"No descansaremos hasta dar con los responsables, porque el fiscal García estaba investigando importantes casos", agregó.
El fiscal del Estado mencionó entre esos casos el asesinato cuatro años atrás de un capitán de Policía que identificó bandas de ladrones de autos y el de un dirigente popular a fines de los años 80.
Desconocidos asesinaron el domingo a García, coordinador de fiscales del noroeste de Honduras, de 31 años, cuando se aprestaba a ingresar a su residencia en la ciudad de Santa Bárbara.
García presentía su muerte, por lo que solicitó una semana antes del asesinato su traslado a otra zona. Su pedido había sido tramitado, informó Orellana.
El asesinato de García "es el primero que se comete contra un funcionario de la Fiscalía, cuando esta dependencia está dando fuertes golpes al crimen organizado", dijo este martes Ramón Custodio, del no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
"Esto es un aviso y una intimidación para la labor de los fiscales. El mensaje es para que todos los que luchamos contra la impunidad desistamos. Es una forma de desafiar a la autoridad. El gobierno y la sociedad civil debemos cerrar filas para impedir que el crimen organizado se apodere de este país", agregó.
Custodio dijo tener indicios de que en la muerte del fiscal García están implicados grupos de militares nucleados en lo que se conoce como Comando Operativos Especiales (Coes), grupo paramilitar integrado por efectivos activos y en retiro del ejército, así como por delincuentes comunes.
Los Coes son considerados hace dos años los responsables de una ola de delitos, en especial de secuestros, sin que hasta ahora existan pistas que permitan desarticular las bandas, a pesar de la captura de algunos de sus integrantes.
El representante del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Leo Valladares, recordó que el fiscal García es la "primera víctima" civil de los años 90 en la lucha contra la impunidad.
Valladares dijo que García había realizado un trabajo "ejemplar" en Santa Bárbara, porque "prácticamente tenía identificados a los principales cabecillas de las bandas y entablado procesos contra oficiales militares y policiales".
Uno de ellos es el actual jefe del Estado Mayor de la Policía Preventiva, Andrés Urtecho, que está siendo juzgado en los tribunales de Santa Bárbara por abuso de autoridad, tentativa de homicidio y amenazas contra un ex magistrado judicial a quien quiso chantajear para que cerrara un caso sobre robo de autos.
Orellana no descartó que militares y policías, activos y en retiro, estén tras la muerte de García, porque "nos aprestábamos a dar fuertes golpes contra algunas de estas personas".
"No cabe duda de que su asesinato fue para obligarnos a desistir, pero les aseguro que este crimen no quedará impune porque daremos con los responsables y con los autores intelectuales", dijo.
"No sé si será lo último que haga como fiscal general, pero les prometo que no me voy del cargo sin que esto se resuelva. Yo me pregunto por qué no me mataron a mí, si soy quien decide el trabajo a realizar, por qué ensañarse con un fiscal que estaba en lo mejor de vida", dijo el fiscal.
La Fiscalía del Estado comenzó hace cuatro años, cuando fue creada, una fuerte lucha contra la corrupción y la impunidad. (FIN/IPS/tm/mj/hd ip/98
