Una ley de derechos tribales promulgada el año pasado en Filipinas enfrenta ahora las presiones de los intereses de compañías mineras y madereras que compiten por los territorios indígenas.
La ley cumple el primer aniversario de su aprobación esta semana, pero pocos entre los 12 millones de habitantes indígenas en Filipinas tienen ánimo de festejo.
Un contraataque conservador en los últimos meses amenaza con negar los logros de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997, y destruir la moral de grupos que empezaban a sentir que ya no eran extranjeros en su propia tierra.
La "atmósfera mejorada" que el senador Juan Flavier, autor de la ley de derechos indígenas, atribuye a la aprobación de la ley el 29 de octubre de 1997, ya ha desaparecido.
Aunque limitaciones presupuestarias contribuyeron a que la implementación de la nueva ley sea problemática, analistas afirman que el mayor obstáculo a la ley es la cadena de ataques de grandes empresarios, en especial de la industria minera, que se verían afectados por su estricta aplicación.
La industria minera encontró un aliado inesperado en el juez retirado de la Corte Suprema Isagani Cruz, quien en septiembre abrió un juicio alegando que la ley de derechos indígenas viola los derechos constitucionales del Estado sobre los recursos naturales.
Millones de hectáreas de tierra, sobre las que compañías mineras y madereras tienen solicitudes pendientes forman parte de los dominios ancestrales de varios pueblos tribales en Luzon Norte y las islas de Palawan, Mindoro y Mindanao.
La ley de derechos indígenas debía poner fin a siglos de luchas de los pueblos indígenas, que comprenden casi 20 por ciento de la población de Filipinas, y detener su desplazamiento y desposesión.
Ahora, los indígenas tendrán que enfrentar el juicio de Cruz, en un momento en que la implementación de la ley se retrasa con la demorada designación de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP), la agencia creada para poner en práctica la ley.
Analistas políticos sostienen que la aparente incapacidad de la Comisión por definir sus funciones en relación al Departamento de Ambiente tiene que ver con la demanda del sector minero por revisar el impacto de la ley en su industria.
Una fuente cercana al Departamento de Ambiente dijo que los impulsores de la cuestión de la constitucionalidad se apoyan en dos argumentos legales. El primero es que sólo el Estado puede poseer tierras, y el segundo que el Departamento tiene la jurisdicción total sobre bosques y recursos minerales.
Los mismos argumentos fueron planteados por la Cámara de Minas de Filipinas (CMP), en especial durante la elaboración de las reglas de implementación a comienzos de este año. La gubernamental Oficina de Minas y Geociencias tiene planteos similares.
En una reciente columna en un diario de Manila, el religioso jesuita y experto en ley constitucional Joaquin Bernas dijo que incluso los colonizadores españoles no tomaron toda la tierra para el Estado, reconociendo que los nativos tenían derecho a parte de ella.
Bernas destacó que la ley de derechos indígenas dice "repetidamente" que está "sujeta a derechos inalienables". Además, si algunas de sus disposiciones "se inclinan a favor de los índígenas, esto es "resultado de la política constitucional" en relación a las comunidades tribales. (FIN/IPS/tra-en/pcij/cb/js/lp/hd ip/98
