El futuro de la industria tabacalera de Estados Unidos dependerá en gran medida del resultado de un proceso judicial iniciado por medio millón de fumadores cuya segunda semana de audiencias comienza hoy en Miami.
El juicio constituye una verdadera novedad en el panorama legal estadounidense, pues su origen es la primera demanda colectiva que fumadores afectados por el consumo de cigarrillos interpone contra las compañías tabacaleras.
Los demandantes esperan obtener unos 200.000 millones de dólares en compensación por daños a la salud de más de 500.000 residentes del estado de Florida.
Frente a ellos, siete compañías y grupos industriales tratan de negar su responsabilidad en las enfermedades contraídas por los fumadores, y argumentan que las personas pueden decidir con libertad si consumen o rechazan los cigarrillos.
En el banquillo de los acusados figuran las firmas P.J. Reynolds, Philip Morris, Lorillard, Brown & Williamson y Liggett Group, asi como el Consejo para Investigaciones del Tabaco y el Instituto del Tabaco.
"La esencia del fraude y la conspiración de estas firmas ha sido atrapar a los fumadores en la nicotina desde su juventud y convertirlos en sus clientes de por vida", afirmó en la sesión inaugural del juicio el abogado Stanley Rosenblatt, que representa a los demandantes.
Según Rossemblatt, las compañías tabacaleras actuaron deshonestamente más de 40 años, pues sabían que las principales sustancias de los ingredientes de sus productos eran adictivos.
El proceso, que se anticipa maratónico, se dividió en tres etapas. En la primera, el jurado de seis miembros deberá determinar si las empresas tabacaleras son responsables por las enfermedades que sufren los fumadores.
Si el jurado dicta un veredicto a favor de los demandantes, se pasaría a una segunda fase para fijar los daños y perjuicios correspondientes a cada uno de los fumadores afectados, y al final se fijarían los montos individuales de las compensaciones.
En caso de que el jurado fallara a favor de las compañías, el caso se daría por terminado en su primera etapa.
"Creo que, con todos los hechos que pudieron acumularse, los demandandes tienen una gran oportunidad de ganar", dijo el actor Alan Landers, ex modelo publicitario para los cigarrillos Winston y que en la actualidad se restablece de un cáncer pulmonar y dolencias cardíacas.
El profesor John Banzhaf, de la Universidad George Washington, coincidió en que los demandantes tienen las de ganar, pues se cuenta con varios documentos secretos con evidencias fuertes contra los productores de cigarrillos.
"Si la industria del tabaco pierde será algo terrible para ellos. Si nuestra parte es la perdedora, hay otros estados que podrían continuar la reclamación", sostuvo Banzhaf, que dirige la organización Action on Smoking and Health, radicado en Washington.
Sin embargo, los analistas de la industria consideran que la demanda no tiene muchas opciones de ganar, pues gran parte de la opinión pública cree que los fumadores deben ser responsables por su conducta.
"Es un conocimiento extendido que fumar es más riesgoso que no fumar, pero el riesgo está señalado en las propias cajas de cigarrillos y este es un producto legal", advirtio Robert Heim, líder del equipo de abogados que respalda las posiciones de la industria.
De prosperar la demanda, quedaría establecido un controversial precedente nacional para amparar otras demandas colectivas, que en un futuro podrían involucrar tambien a otras industrias como la alimenticia y la de bebidas alcohólicas.
"Este es el episodio más reciente de una picaresca nacional protagonizada por abogados de primera división", opinó el periodista Ramón Mestre en el diario El Nuevo Herald, de Miami.
Los aires que soplan en la nación no favorecen a las compañías productoras de cigarrillos, enfrentadas a una fuerte cruzada antitabaco que marcó cambios radicales en la conducta de los ciudadanos.
A mediados de 1997 se produjo un histórico acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y la industria tabacalera, que accedió a pagar 368.500 millones de dólares en los próximos 25 años para reparar daños de salud causados por la adicción a la nicotina.
El estado de Florida es un escenario clave en la batalla contra los fabricantes de cigarrillos.
El año pasado, las compañías tabacaleras se comprometieron a reembolsar 11.300 millones de dólares al gobierno estadual por gastos de los fondos de salud en el tratamiento de fumadores enfermos.
Además, el convenio incluye la prohibición de todas las vallas anunciadoras de cigarrillos y la mayoría de los anuncios en estadios deportivos, ómnibus y demás sistemas públicos de transporte.
Como colofón de estos forcejeos legales, en octubre de 1997 las tabacaleras aceptaron pagar 349 millones de dólares como parte de un arreglo en una demanda inédita que plantearon azafatas y sobrecargos de vuelos comerciales por inhalación involuntaria de humo (second hand smoke).
En esa oportunidad, la demanda tambien involucró al juez Robert Kaye y al matrimonio de Stanley y Susan Rosenblatt, que respaldaban a unos 60.000 fumadores pasivos, víctimas de cáncer pulmonar, padecimientos cardíacos y afecciones respiratorias.
Por otra parte, en los últimos años la sociedad se volvió más intolerante con los fumadores y el humo, por lo que limitó su presencia tanto en centros de trabajo como en lugares públicos.
"Lo que estamos viendo es un impetuoso giro contra la industria del tabaco en todo el pais", señaló John Garrison, director de la Asociación Americana del Pulmón.
Los expertos observan que las multinacionales tabacaleras como P.J. Reynolds y Philip Morris procuran aumentar sus ventas en los paises en desarrollo para compensar el estancamiento del mercado estadounidense.
Las firmas tabacaleras aumentaron significativamente sus presupuestos de anuncios en Latinoamerica en los últimos cinco años, aprovechando que las presiones regulatorias son mucho menores.
Actualmente, alrededor de la mitad de las ganancias operativas de Philip Morris, fabricante de la marca Marlboro, proceden de sus ventas internacionales, según Infact, organización radicada en Boston. (FIN/IPS/wc/mj/he/98
