Una coalición de grandes empresas de Estados Unidos tiene en la mira las estrategias del gobierno para promover una "justicia ambiental" que salve a las comunidades pobres de convertirse en sede de industrias contaminantes.
Grupos de defensa del medio ambiente dijeron que la coalición, formada a partir de la Asociación Nacional de Productores, quiere debilitar los esfuerzos destinados a garantizar una mejor calidad de vida para los más pobres de este país.
La coalición, llamada "Red Empresarial para la Justicia Social", lanzó una ofensiva para que el gobierno no aplique en el campo ambiental leyes relativas a los derechos civiles destinadas a proteger a las minorías.
El grupo empresarial tiene miembros muy poderosos, como el Instituto Estadounidense del Petróleo, la Asociación de Productores de Sustancias Químicas y la Asociación Nacional de Minería.
El principal objetivo de la coalición es evitar la aplicación de una serie de normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que establecen un mecanismo de evaluación de los reclamos de las comunidades que acusan a industrias contaminantes de violar sus derechos civiles.
"Esas normas generan más preguntas que respuestas y establecen un procedimiento errado para la revisión de reclamos de justicia ambiental", dijo el presidente de la coalición, Mike Mullin.
"¿De qué forma se realizarán los estudios de impacto ambiental?, ¿Quién define qué es una comunidad?, ¿De qué manera se resguardará la EPA para evitar los reclamos triviales?", preguntó Mullin.
Las normas de EPA fueron emitidas en febrero en respuesta a una orden ejecutiva entregada por el presidente Bill Clinton en 1994, en la cual exigió a las agencias federales cumplir con el Título IV del Acta de los Derechos Civiles, según el cual ningún receptor de dinero estatal puede hacer discriminaciones de raza.
De acuerdo con la orden ejecutiva, EPA debe asegurarse de que "acciones federales que afectan la salud humana o el ambiente no tengan efectos discriminatorios por raza, color o nacionalidad"
La coalición empresarial pidió eliminar las normas bajo el argumento de que podrían generar una mala interpretación sobre el verdadero riesgo de exponerse a una fuente contaminante, e insistió en la necesidad de definir "comunidad" e "impacto negativo".
Estas empresas han cuestionado durante mucho tiempo la validez de la información científica sobre el impacto negativo para la salud de algunos contaminantes.
En el caso de las dioxinas producidas por la incineración de ciertos materiales, EPA advirtió que esas sustancias pueden provocar cáncer, pero el sector privado asegura que tal información es "pseudociencia".
La coalición empresarial también señaló que las normas de la EPA no consideran el impacto en la creación de empleos que se produce cuando una planta se instala en una comunidad.
El presidente de la Cámara de Comercio, Thomas Donohoe, atacó en abril las normas basadas en el Título IV, asegurando que "tienen un efecto terrible sobre las oportunidades económicas". La Cámara también forma parte de la coalición.
Los grupos defensores del medio ambiente consideran que la coalición actúa como testaferro de los principales contaminadores, en la misma forma que lo hace la Coalición del Clima Mundial, que gastó sumas millonarias en publicidad para atacar la convención de Kioto sobre Cambio Climático.
"En esta ocasión presionan al gobierno para que permita a las industrias peligrosas seguir instalándose en forma desproporcionada en comunidades donde vive población negra, en vez de adoptar medidas contra el racismo ecológico", dijo el editor de la organización de vigilancia ambiental Corporate Watch, Joshua Karliner.
Hay siete casos que caen bajo el Título IV investigados por la EPA en este momento. La coalición empresarial se mostró alarmada cuando la agencia tomó medidas contra un proyecto de fábrica de polivinilcloruro (PVC) de 700 millones de dólares.
El proyecto de la japonesa Shintec Inc. Iba a ser ubicado en la comunidad de Covent, en Louisiana, donde la mayoría de la población es negra. A orillas del río Mississippi, esta zona ya alberga otras seis industrias químicas.
Los ambientalistas argumentaron que una planta como la de PVC liberaría una enorme cantidad de desechos tóxicos en el aire y el agua, lo cual tendría un impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente de los habitantes de esa comunidad.
El año pasado, la Clínica de Legislación Ambiental de la Universidad de Tulane y la organización ambientalista Greenpeace Internacional hicieron un reclamo ante la EPA, basado en el Título IV, en el cual argumentaban que la planta de Shintec violaría los derechos civiles de los residentes en esa área.
Pero apenas se conoció la victoria ambientalista en el caso de Covent, la empresa japonesa anunció planes para construir una planta de PVC más pequeña en otra localidad del mismo estado, llamada Plaquemine.
"La lucha aún no ha terminado", advirtió el grupo de Ciudadanos por el Trabajo y el Ambiente de St. James, que participó en la pelea contra Shintec en Covent.
"Ahora estamos preparados para ayudar a los habitantes de Plaquemine a detener la construcción de la planta", manifestó Damu Smith, representante de Greenpeace. (FIN/IPS/tra-en/dk/lc-ml/en/98
