Cinco muertos, varios edificios incendiados y automóviles destruidos es el saldo de los disturbios ocurridos en varias localidades de Perú, en el marco de protestas contra el acuerdo de paz con Ecuador firmado hoy en Brasilia.
Este fue el primer costo que paga el presidente de Perú, Alberto Fujimori, por el acuerdo de paz que firmó este martes con su par ecuatoriano, Jamil Mahuad.
El principal foco de oposición al acuerdo se encuentra en Iquitos, capital del departamento amazónico de Loreto, pero también se produjeron otras demostraciones de repudio en Lima, Trujillo y Tacna.
El primer ministro Alberto Pandolfi informó que hay una treintena de heridos y alrededor de 120 detenidos en Iquitos. Los daños materiales superan 20 millones de dólares y 14 edificios públicos y privados destruidos.
Mientras se firmaba el acuerdo de paz en Brasilia, unos 400 estudiantes universitarios y profesores de enseñanza pública desfilaron por el centro de Lima para llegar hasta el Palacio de Gobierno y expresar así su rechazo.
Quienes critican el acuerdo se resisten a la entrega a Ecuador de la propiedad perpetua, si bien no de la soberanía, de Tiwinza, terreno de un kilómetro cuadrado en el centro del selvático escenario de la guerra librada entre Ecuador y Perú en 1995.
Pero también sostienen que el arreglo, elaborado por Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, entrega a Ecuador 34 kilómetros en otra zona de la frontera.
Los cuatro países que pergeñaron la solución, aprobada aun antes de su elaboración por los parlamentos de Ecuador y Perú, son los garantes del tratado limítrofe de 1942, el Protocolo de Río de Janeiro, pocos meses después de la guerra de 1941.
Los objetores del acuerdo también se oponen al Tratado de Navegación y Comercio, que reconoce a perpetuidad el derecho de Ecuador a que sus embarcaciones naveguen por el río Amazonas.
Algunos de los manifestantes contra el nuevo tratado en Iquitos dijeron ante las cámaras de televisión haber oído que se les quitará sus casas para entregarlas "a los ecuatorianos".
Tiwinza, como todo el pantanoso valle del Cenepa, donde se registraron los combates de 1995, está prácticamente deshabitada. Sus únicos pobladores son selvícolas de las comunidades nómadas ashuar, huambisa y aguaruna, dedicadas a la caza, la pesca y la recolección de frutos.
Dirigentes huambisa en Chimbirá, la ciudad más próxima al escenario de la guerra de 1995, manifestaron a la emisora Radioprogramas de Perú su alegría por la paz, pero pidieron que se acelere la extracción de las minas sembradas en su territorio ancestral.
El acuerdo fue también motivo de demostraciones populares de respaldo, en especial en Huancayo, en la sierra central, así como en las ciudades de Piura y Tumbes, ciudades de la costa norte y próximas la frontera con Ecuador.
La mayoría de los órganos de prensa, así como algunos dirigentes políticos opositores, deploran "la entrega de Tiwinza", pero aprueban de todos modos la solución propuesta por los países garantes y aceptada por Fujimori y Mahuad.
Dirigentes de los movimientos izquierdistas, como el socialdemócrata Partido Aprista y los remanentes del ex frente Izquierda Unida (IU), repartidos en varios partidos, preparan una movilización sostenida contra el acuerdo de paz y sus instrumentos.
Un grupo de parlamentarios del Partido Aprista y de la antigua IU, como Javier Diez Canseco, Anel Towsend, Manuel Lajo y César Zumaeta, viajaron el domingo a Iquitos para apoyar las demostraciones y gestionar la libertad de los detenidos.
Las objeciones al Tratado de Comercio y Navegación se refieren a las facilidades portuarias que se concederán a empresas ecuatorianas en los ríos Amazonas y Marañón.
"Los disturbios contra el acuerdo deben entenderse en el contexto de la situación política de Perú, especialmente el generalizado repudio contra las aspiraciones reeleccionistas de Fujimori", explicó a IPS el abogado Flavio Solorzano, dirigente del partido Acción Popular.
Los representantes de su partido votaron en el parlamento contra el poder concedido a Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos para decidir una solución vinculante. Pero, producido el fallo, mantienen hasta ahora un papel discreto.
Un sector de congresistas apristas, así como la probable candidata presidencial del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, votaron a favor del arbitraje y expresaron luego su complacencia por el dictamen.
Flores advirtió que su partido "no permitirá que Fujimori trate de capitalizar el acuerdo de paz para reforzar sus ilegales aspiraciones reeleccionistas".
La dirigente responsabilizó al gobierno de Fujimori por la violencia de los disturbios, atribuidos por ella a la desinformación y el manejo personalista de las negociaciones diplomáticas. (FIN/IPS/al/mj/ip/98
