El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, asiste desde Estados Unidos y cuando apenas transcurrieron 52 días de gobierno a una radicalización de la oposición a su política económica, tras las protestas en la que murieron tres personas.
Mahuad no está dispuesto a deponer sus medidas, pero probablemente deberá pensar en acciones complementarias que promuevan la producción interna y controlen la evasión fiscal, como piden con insistencia sindicalistas, indígenas y estudiantes.
La huelga del jueves en Ecuador fue muy importante, aunque no total. En las provincias de la costa se registró la mayor participación, así como los mayores desmanes, tres muertos y gran cantidad de detenidos.
Como sucedió en el pasado, las muertes ocurridas en la protesta proporcionan a sus organizadores argumentos para radicalizar sus posiciones y lograr apoyo.
José Mera murió alcanzado por una bala en las cercanías de Guayaquil. José Bone, quien fue concejal por el Partido Roldosista Ecuatoriano, murió en Esmeraldas, también por bala. El policía José Bowen murió en Portoviejo, al accionar una granada decomisada.
La ausencia en medio de la huelga de Mahuad, quien pronunció un discurso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantiene reuniones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, recibió críticas de los opositores.
El viaje menoscabó la imagen de Mahuad como dirigente abierto al diálogo, pues fue interpretado como una ruptura por indígenas y sindicalistas.
La monja Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, dijo que quienes participaron el jueves en las protestas "estaban resentidos de que (Mahuad) se haya ido así, quitándole importancia" al descontento.
La imagen del presidente resultará afectada al decidir que no revisará sus medidas, por lo que deberá buscar alternativas, afirmó Monge. El conflicto social seguramente recrudecerá si el gobierno no muestra apertura, concluyó.
La tensión persiste en Ecuador. Los indígenas mantienen el cierre de carreteras iniciado el lunes. Las clases continúan suspendidas por orden del gobierno, y los sindicatos convocaron a una nueva huelga, esta vez para el día 17.
Mahuad declaró que no dará marcha atrás, pues el déficit fiscal de 587 millones de dólares exige la eliminación de subsidios, la mayoría de los cuales beneficiaban más a las clases adineradas, según el mandatario.
Las medidas incluyeron una devaluación del sucre de 15 por ciento, que, a su vez, tuvo como consecuencia el alza de combustibles y del transporte público. También se eliminaron los subsidios al gas, la electricidad y el diesel.
El gobierno compensó el impacto del ajuste con la instauración de un bono mensual de 16 dólares para mujeres y ancianos con ingresos mensuales inferiores a 160 dólares, asignación considerada insuficiente y degradante por sindicalistas e indígenas.
Por otra parte, la ministra de Gobierno (interior), Ana Lucía Armijos, informó este viernes que se llegó a un acuerdo con Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para establecer foros de concertación con los indígenas de la Sierra y la Amazonia.
Dirigentes de la CONAIE plantearon al gobierno la instalación de una mesa de concertación, pero exigen que sea un mecanismo permanente y que trate una agenda que abarque los cuatro años del período gubernamental.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular, organizadores de la protesta del jueves, pedirán al Congreso el juicio político a los ministros de Defensa y de Gobierno, para que respondan por la muerte de manifestantes en Guayaquil y Esmeraldas.
Monge dijo no estar de acuerdo "ni con los actos de violencia de los manifestantes, ni con el uso excesivo de la fuerza para reprimirlos".
La rekigiosa calificó la existencia de víctimas fatales de inaceptable, en especial el caso de Jorge Mera, guardia de seguridad que fue alcanzado por bala perdida en Guayaquil cuando regresaba a su casa
