La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería imponer más embargos de armas a los gobiernos y grupos rebeldes que atacan a civiles en conflictos bélicos, según el secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
"El Consejo de Seguridad debe considerar la imposición de embargos de armas en situaciones en las que las partes en conflicto atacan a civiles o cometen violaciones graves de derechos humanos", sostuvo Annan.
El funcionario señaló, en un informe emitido la semana pasada, que un número creciente de civiles y trabajadores de asistencia mueren en conflictos y reclamó mayores esfuerzos para controlar el intercamnbio de armas en áreas de conflicto potencial o en curso.
Annan propuso crear mecanismos más efectivos para implementar los embargos de armas de la ONU, que a menudo son violados por la falta de controles estrictos de esa organización.
La ONU estableció ese tipo de sanciones militares contra varios países, entre ellos Angola, Iraq, Liberia, Libia y Ruanda.
Annan pidió a los 185 miembros de la ONU tomen todos las medidas necesarias, incluyendo la aprobación de leyes nacionales para castigar a quienes participen en intercambios ilegales de armas.
"Se debe prestar mayor atención al papel de los vendedores privados de armas, y al de la ONU en su tarea de reunir, rastrear y difundir información al respecto. Este asunto debe ser atendido de manera urgente por el Consejo de Seguridad", afirmó.
El informe de Annan también se refirió al aumento de ataques contra trabajadores voluntarios de la ONU en zonas de guerra.
Desde enero de 1992, más de 150 de estos funcionarios fueron muertos en cumplimiento de sus tareas. Treinta y cinco de ellos participaban en operaciones humanitarias.
"Se debe terminar la cultura de la impunidad. Los estados deben dar prioridad a asegurar que quienes violan las normas humanitarias sean juzgados", señala el informe.
El embajador de Corea del Sur en la ONU, Lee See-Young, dijo que "la proliferación de armas en áreas de conflicto en curso o potencial sigue siendo una de las causas principales de inseguridad de los refugiados y de quienes los protegen".
Lee opinó que el Consejo de Seguridad debe considerar la imposición de embargos de armas a las regiones donde los movimientos fronterizos de equipo bélico es frecuente y rampante.
También pidió que se garantice la efectividad para los embargos de armas de la ONU, pues, de lo contrario, aumenta el sufrimiento de la población civil y se socava la credibilidad del Consejo de Seguridad.
"Si vamos a seguir pidiéndole a los trabajadores voluntarios que realicen operaciones en ámbitos peligrosos, debemos asegurar que se tomen las medidas prácticas para su protección descritas por el secretario general", dijo Robert Fowler, embajador de Canadá en la ONU.
Fowler afirmó que su país está "profundamente preocupado" por la cantidad de ataques a los trabajadores de la ONU, la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias.
"La creciente cantidad de muertes de trabajadores voluntarios exige que le prestemos atención de manera urgente a la mejora de las medidas de seguridad para ese personal, incluyendo los empleados locales", expresó.
Reducir la cantidad de armas livianas disponibles es también una medida a tomarse para apoyar la asistencia humanitaria, opinó.
"Debemos hacer responsables de la seguridad de los trabajadores a quienes corresponde, o sea a las partes en conflicto", señaló el funcionario canadiense.
Las entidades estatales y no estatales deben ser responsables de la protección de los trabajadores de la ONU y otras organizaciones de ayuda que operan en el territorio bajo su control, concluyó. (FIN/IPS/tra-en/td/di-mj/ip/98
