Una convención de la ONU contra mercenarios, adoptada por la Asamblea General del foro mundial en diciembre de 1989, junta polvo en los estantes mientras los países no se deciden a ratificar el documento.
Enrique Bernales Ballesteros, de Perú, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Mercenarios, apeló a los países miembros a ratificar "cuanto antes" la convención que considera ilegales a los mercenarios que luchan sobre todo en las guerras civiles en Africa.
La convención, lista hace nueve años, necesita 22 ratificaciones para convertirse en ley internacional, pero sólo 16 de los 185 estados miembros la ratificaron, reveló el viernes el relator.
El atraso en la entrada en vigor de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios facilita el crecimiento de un nuevo fenómeno de mercenarismo, dijo Barnales.
Los 16 países que ratificaron el tratado son: Arabia Saudita, Azerbaiján, Barbados, Belarrús, Camerún, Chipre, Georgia, Italia, Maldivas, Mauritania, Seychelles, Suriname, Togo, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
Otros 10 firmaron pero no ratificaron: Alemania, Angola, Congo, Marruecos, Nigeria, Polonia, República Democrática de Congo (ex Zaire), Rumania, Uruguay y Yugoslavia.
Los mercenarios han estado involucrados en varios países en conflicto de Africa, entre ellos Angola, Sierra Leona, Lesotho, Liberia, Mozambique, Namibia, Sudán, República Democrática de Congo, Zambia y Zimbabwe.
También intentaron desplazar al gobierno del presidente Maumoon Abdul Gayoom Djohar en Comoros en los años 80 y comienzos de los 90.
Aunque el continente africano aún es el que más sufre a causa de las actividades mercenarias, los mercenarios también están activos en otros continentes, donde participan en ataques terroristas y tráfico ilícito, dijo Bernales.
El informe incluye una queja de Cuba, ahora bajo investigación, "en relación a ataques realizados por mercenarios, actuando para terceras partes, para causar caos e inestabilidad política en ese país".
En una carta al Relator Especial en agosto de este año, Cuba citó un artículo del New York Times en que un cubano residente en Florida admitió haber organizado una campaña de bombardeos el año pasado en hoteles, restaurantes y discotecas en la isla, en los que murió un turista italiano.
Pero el estudio se centra en dos países africanos, Sierra Leona y la República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire), donde los mercenarios intervinieron para cambiar el curso de la guerra civil.
Según el informe, el desplazado presidente de Sierra Leona Tejan Kabbah supuestamente pidió ayuda a la empresa Sandline International para que brindara "respaldo militar y asistencia a su regreso al poder".
Compañías mineras y financieras con intereses y activos en Sierra Leona habrían respaldado e incluso financiado parcialmente los servicios de la empresa Sandline International.
La empresa, con sede en Londres, también exporta equipos y helicópteros militares a Sierra Leona, pasando por encima de un embargo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
La misma compañía fue contratada en 1997 por el gobierno de Sir Julius Chan de Papúa Nueva Guinea para luchar contra rebedes del Ejército Revolucionario de la Isla de Bougainville. "El gobierno fue finalmente derrocado y la empresa expulsada del país", desatacó el informe.
Pero Sandline International no es la primera empresa de servicios de seguridad que opera en Sierra Leona. Otra empresa, Executive Outcomes, con sede en Sudáfrica, intervino militarmente en un conflicto anterior en Sierra Leona bajo un contrato que le ganó millones de dólares y beneficios.
El estudio también se refiere a la presencia de mercenarios en el ex Zaire (ahora República Democrática de Congo, RDC) que intentaron defender al ex gobierno del fallecido presidente Mobutu Sese Seko.
El Relator Especial fue informado de la presencia en RDC de la firma registrada en Londres Defense Systems Ltd., responsable de custodiar varias minas e instalaciones petroleras, y varias embajadas en Kinshasa.
Según el informe, la firma, establecida en 1981, tendría más de 4.000 empleados y operaría en casi 30 países.
El informe sostiene que cambios en los modos de operación del mercenarismo como el uso de empresas privadas que ofrecen servicios de seguridad y asistencia militar en el mercado internacional no alteran su naturaleza intrínseca. "Simplemente lo hacen más sofisticado y peligroso". (FIN/IPS/tra-en/td/lp/ip/98
