Pablo Sosa espera en una cárcel de la capital de Uruguay que la justicia defina si lo entrega a Estados Unidos para ser juzgado por homicidio, sobre lo que ya existe un primer pronunciamiento favorable.
El caso pasaría inadvertido entre miles de pedidos de extradición que Estados Unidos formula cada año, si no fuera porque el delito fue cometido hace cinco años, cuando Sosa tenía 17, una edad en que es inimputable para las leyes uruguayas.
Pese a ello, la jueza penal Aída Vera concendió la extradición contrariando la posición de la fiscal María Luisa Blengio, quien se opuso a la extradición porque sostuvo que Sosa debe ser sometido al régimen especial de la justicia de menores, como lo prevén la Constitución y las leyes uruguayas.
En Estados Unidos, en cambio, cuando se trata de delitos graves, las personas mayores de 16 años pueden ser juzgadas por tribunales de mayores que en algunos estados aplican la pena de muerte o la cadena perpetua.
Dwayne Allen Wright fue ejecutado el día 15 en el estado de Virginia, tras ser encontrado culpable del homicidio de una mujer, el cual cometió en 1989 cuando tenía 17 años.
El caso de Sosa parece reflejarse en el espejo del de Wright. Sin embargo, en las leyes uruguayas la máxima condena es de 30 años de penitenciaría y no existe la pena de muerte.
Si se decidiera la extradición de Sosa, para evitar que fuera condenado a cadena perpetua o ejecutado, la justicia uruguaya debería advertir que lo pone a disposición de los tribunales estadounidenses con la condición de que no se le apliquen ninguna de esas dos condenas.
La jueza Vera sostuvo que la previsión constitucional uruguaya es sólo enunciativa y se debe aplicar sólo hasta los 14 años, edad en la que según los principios médicos termina la adolescencia.
El juez y profesor universitario Ricardo Pérez Manrique, experto en Derecho de Infancia y Adolescencia, dijo a IPS que la extradición es un instituto de cooperación internacional referido al derecho penal y en Uruguay, los menores de edad están fuera de éste.
"En nuestro país los menores de 18 años deben ser juzgados por una justicia de menores y por normas y criterios distintos a los del derecho penal", añadió.
En Uruguay ha habido iniciativas para rebajar la imputabilidad penal a los 16 años, pero se han opuesto tanto los expertos como la mayoría de las fuerzas políticos.
Como máxima respuesta a un delito cometido por un menor, el Código del Niño prevé la internación hasta los 23 años y en Uruguay no existen precedentes de extradiciones de este tipo.
Un proyecto de reforma del Código del Niño a estudio del parlamento tampoco prevé cambios en este sentido y se basa en la Convención sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Pérez Manrique destacó que Sosa "sólo podría ser privado de su libertad hasta que cumpla los 23 años, límite que notoriamente se supera con la sanción eventual a recaer en aplicación del derecho de Estados Unidos".
Sosa era miembro de una de las muchas familias lationamericanas que emigran a Estados Unidos en busca de mejoras oportunidades de trabajo.
El 10 de diciembre de 1993, mató de un balazo a un joven colombiano en el condado de Queens, Nueva York, luego de una fiesta organizada para festejar su libertad tras cumplir una condena.
"Ese día un amigo me invitó a una fiesta. Fui sólo por diversión junto a otros amigos latinoamericanos", dijo Sosa a IPS, entrevistado a través de su abogado, Alejandro Balbi.
Sosa arguyó que discutió con el joven colombiano porque éste le reprochó su relación con una muchacha con la cual el homenajeado había tenido relaciones anteriormente.
Según Sosa, durante una pelea que trató de evitar, una persona le dio un arma y durante la lucha se escapó un tiro que mató a su rival.
"La vida de la mayoría de los emigrantes en Estados Unidos es muy dura. Deben convivir con un ambiente de violencia, marginación y drogas", afirmó.
La investigación desarrollada en Estados Unidos determinó que es responsable de un homicidio voluntario: "eso está al margen del debate científico-jurídico que estamos llevando a cabo", dijo Balbi.
Luego del homicidio, Sosa huyó y regresó a Uruguay, donde se casó, tiene dos hijos, trabajo estable y nunca fue detenido.
La batalla judicial deberá definirla ahora un Tribunal de Apelaciones y si éste confirma la decisión de la jueza, la cuestión pasará a la Suprema Corte de Justicia que sentará jurisprudencia.
En cambio, si el Tribunal de Apelaciones se opone a la postura de la jueza, el asunto quedará terminado, porque la única que podría apelar sería la fiscal y ésta ya se manifestó en contra de la extradición. (FIN/IPS/rr/ag/hd/98
