Una manifestación de cerca de 200.000 trabajadores y el rechazo del gobierno de Colombia a las "pretensiones inalcanzables" de los empleados públicos aumentaron la tensión entre las autoridades y los sindicatos, que completaron hoy su séptimo día de huelga.
Las conversaciones entre el gobierno y la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase) quedaron rotas este martes, luego de que el presidente Andrés Pastrana afirmó que atender sus demandas implicaría aumentar cuatro veces los impuestos que actualmente se cobran a los colombianos.
El presidente advirtió que serían descontados los salarios de los días de huelga a los trabajadores en conflicto y afirmó que "se avecinan épocas difíciles" que requerirán del esfuerzo colectivo.
Wilson Borja, presidente de Fenaltrase (que reúne a cerca de 800.000 trabajadores) rechazó el pronunciamiento del mandatario y calificó de "engaño" los llamados de concertación del gobierno para buscar solución a la huelga por tiempo indefinido en curso.
Borja dijo a IPS que las afirmaciones de Pastrana fueron una "clara muestra de su deseo de entregar a los trabajadores a los intereses del neoliberalismo", lo que podría originar una huelga general para el año próximo
El presidente de Fenaltrase sostuvo que los trabajadores podrían levantar la huelga "de inmediato este miércoles y la crisis continuaría, porque los hospitales carecen de recursos, los campesinos no tienen tierras para trabajar y el presupuesto para educación se ha reducido".
El dirigente se quejó del tratamiento que el gobierno da a sus protestas. "La gente va a estallar, porque para dialogar en Colombia hay que tener un fusil en la mano", dijo Borja, en referencia al diálogo del gobierno con la guerrilla.
Julio Gómez, de la Confederación de Trabajadores Democráticos (CGTD), segunda con mayor presencia en el país, indicó que las afirmaciónes de Pastrana buscan "descalificar al movimiento sindical".
Los trabajadores, que protestan por el anunciado incremento de salarios de 14 por ciento (cuatro puntos porcentuales debajo de la inflación) avanzaron este miércoles desde diferentes puntos de Bogotá hasta el centro, donde se registraron ligeros choques entre manifestantes con los rostros cubiertos y la policía.
La manifestaciones, que se efectuaron también en las principales ciudades del país, fueron consideradas la más fuerte de protesta realizada en los días que lleva la huelga.
Las marchas de los trabajadores, controladas con unidades antimotines, de caballería y tanquetas y perros adiestrados del Ejército y la policía, causaron el caos en el tráfico en el centro de la capital colombiana.
El ministro del Trabajo, Hernando Yepez, afirmó que la huelga de los estatales "es arbitraria e injusta" y las declaraciones de Pastrana deben ser una señal para los colombianos de que en el país "hay alguien que preserva las instituciones y esa persona es el presidente".
Según las organizaciones de empresarios, la huelga estatal está ocasionando pérdidas diarias de cerca de 25 millones de dólares.
Estas pérdidas deben ser asumidas por los organizadores de la huelga, según Gustavo Tobón, vicepresidente del Consejo Gremial Nacional, organización que reúne a los 15 mayores sectores de la producción.
Tobón indicó que el sector privado apoya la posición del gobierno frente al conflicto porque "con las manifestaciones de fuerza (de los sindicalistas) no se va a solucionar la crisis que vive el país".
El gobierno de Pastrana, que comenzó el 7 de agosto, anunció un ajuste fiscal que en la primera etapa inplicará un aumento de salarios estatales menor a la inflación prevista y el aumento de la recaudación fiscal mediante el incremento de impuestos a cerca de 300 productos básicos.
El director del estatal Departamento Nacional de Planeación, Jaime Llano, afirmó que el gobierno no negociará con los trabajadores un incremento mayor del 14 por ciento en sus salarios para 1999 porque "las dificultades fiscales son muy grandes".
Llano indicó que el incremento se haría de forma ponderada, de manera que 70 por ciento de los trabajadores, que reciben el salario mínimo (130 dólares) recibirían hasta 17 por ciento de aumento.
Según el gobierno, el déficit fiscal es de cerca de 4.000 millones de dólares, que representan cerca del cinco por ciento del producto interno bruto. (FIN/IPS/yf/mj/lb if/98
